ALMERÍA.- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente invertirá en el presente ejercicio un total de 6,2
millones de euros en distintas actuaciones de conservación y
mantenimiento de la costa en la comunidad autónoma andaluza.
Las actuaciones tienen como objetivo a mejorar el estado de las
costas para la temporada de verano y en diferentes obras de
infraestructura, según ha anunciado este jueves la delegada del
Gobierno, Carmen Crespo, en la localidad almeriense de Roquetas de Mar.
Crespo y los ocho subdelegados del Gobierno en Andalucía han
visitado el Ayuntamiento de Roquetas, donde han sido recibidos por su
alcalde, Gabriel Amat, antes de celebrar una reunión de trabajo de la
Comisión de Asistencia.
Durante una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento junto
Amat, Crespo ha informado de que los trabajos que se realizarán en las
playas en los próximos meses, incluyendo actuaciones de redistribución,
reperfilado y aportaciones artificiales de arena y reparación de rampas,
pasarelas y otros elementos de equipamiento y dotación de servicios
públicos.
Además, este importe contempla igualmente actuaciones
medioambientales de mayor proyección temporal dirigidas a subsanar
deficiencias estructurales en la costa, como la recuperación ambiental
del delta del río Andarax, en el término municipal de Almería,
actualmente en fase de ejecución, que cuenta con un presupuesto de dos
millones de euros en este presente ejercicio.
Por otra parte, Crespo se ha referido a la nueva Ley de Protección
y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas,
aprobada por el Senado el pasado 24 de abril y que ahora ha de ser
ratificado por el Congreso, como una ley que "preserva el litoral,
ofrece seguridad jurídica y permite el crecimiento económico" y ha
anunciado que dará más detalles sobre sus efectos en Andalucía una vez
entre en vigor.
Ha destacado que uno de estos problemas que arrastra la actual
legislación, como ha demostrado la experiencia, es una urbanización
descontrolada en algunos puntos de litoral que ha supuesto su
degradación. "La denominada cláusula 'antialgarrobicos' permitirá, a
partir de ahora, atajar posibles incumplimientos, ya que el Gobierno
podrá suspender cautelarmente una obra a la espera de la decisión de los
jueces", ha explicado.
Respecto a la reducción de 100 a 20 metros para viviendas
construidas con anterioridad a 1988, ha destacado que se trata de
"resolver situaciones que en la ley de 1988 quedaron en el limbo
jurídico", dando solución a suelos que en esa fecha ya estaban
transformados con acceso rodado, alcantarillado y servicios, y de
proteger a quienes de buena fe se instalaron allí. "La inseguridad
jurídica crea alarma y perjudica la marca España", ha dicho.
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