ALMERÍA.- El Juzgado de Instrucción nº 3 de Vera ha citado a declarar como imputado al alcalde de Carboneras, el independiente Salvador Hernández (Gicar), en el marco de las diligencias previas incoadas para determinar si está incurriendo en presuntos delitos de prevaricación y desobediencia al no ejecutar las sentencias firmes que declaran como "espacio protegido no urbanizable" el paraje de El Algarrobico y sitúan al hotel de Azata del Sol al margen de la Ley de Costas.
El fiscal de Medio Ambiente de Almería, José María López Cervilla,
formuló en julio de 2012 denuncia contra Hernández (Gicar) a raíz de la
querella presentada por Ecologistas en Acción, que considera que el
regidor "hace caso omiso" de las resoluciones judiciales en torno a El
Algarrobico.
En concreto, denunció que no ha modificado la calificación de
urbanizable que el paraje tiene en la normativa urbanística municipal ni
ha procedido a revisar de oficio el Plan Parcial que posibilitó la
concesión de la licencia de obras para el establecimiento de 411
habitaciones y una veintena de plantas.
Fuentes judiciales han indicado hoy que el auto dictado
por el titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Vera, donde
recayeron las diligencias previas después de que se inhibiera el Juzgado
de Instrucción nº 6 de Almería, fija la comparecencia en sede
judicial de Hernández para el 14 de marzo, a las 10,00 horas.
Tras la denuncia interpuesta por el colectivo conservacionista, el
Ministerio Público abrió unas diligencias de investigación que
derivaron a su vez en la judicialización de las actuaciones.
La demanda de Ecologistas en Acción indicaba que con anterioridad a
que el Tribunal Supremo (TS) dictaminase que el hotel violaba la Ley de
Costas y el TSJA restableciese la zona como espacio protegido no
urbanizable, el Alto Tribunal andaluz emplazó en enero de 2012 al
Ayuntamiento de Carboneras para que, en el plazo de diez días, adoptase
las medidas necesarias para modificar el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) en el que aparece como urbanizable.
En esta línea, señalaba que, por una parte, el Ayuntamiento se
"negaba" a "adaptar" el Plan Parcial y la licencia de obras al ancho de
servidumbre de 100 metros "como le ordena el Tribunal Supremo en su
sentencia de marzo de 2012" y que el regidor "también desobedecía" el
fallo del TSJA que devolvió al Algarrobico el nivel de protección que
tenía en 1994 y restó validez legal al cambio que realizó la Junta en
1996 al considerarlo "una triquiñuela para poder construir el hotel".
"A pesar de las numerosas resoluciones en contra, el Ayuntamiento
de Carboneras continúa dando validez a este cambio sin expediente alguno
e interpreta con absoluta mala fe que las resoluciones judiciales le
ordenan seguir manteniendo la clasificación de área urbanizable, a
sabiendas de que lógicamente las resoluciones judiciales ordenan lo
contrario", según explicaba el colectivo conservacionista.
La normativa municipal en vigor, en la que el sector ST-1 aparece
como urbanizable, fue aprobada en 2009 por la corporación local
carbonera, entonces gobernada por el socialista Cristóbal Fernández.
El TSJA acordó cuatro meses después prohibir Fernández que
acometiese actuaciones urbanísticas en el paraje de El Algarrobico y le
advirtió de que, de no acatar la medida, estaría incurriendo en un
delito de desobediencia ya que, como medida cautelar, había ordenado que
se restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable.
La denuncia contra el actual regidor recordaba este episodio a la
Fiscalía y sostenía que, desde ese momento, el Ayuntamiento "ha venido
actuando con total impunidad haciendo caso omiso a los numerosos autos y
sentencias contrarias a la clasificación del Algarrobico como
urbanizable".
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