MADRID.- El Ministerio de Fomento se ha asegurado poder realizar en 2011 importes a cuenta por un total de 80,1 millones de euros a ocho sociedades concesionarias de autopistas de peaje que afrontan un riesgo de quiebra para compensarlas por la caída de tráfico que registran.
La aportación se regulará a través de la Ley del Servicio Postal Universal, mediante una enmienda incluida a este texto legal por parte del grupo socialista en el Senado, según informaron fuentes de esta formación.
El Ejecutivo ha tenido que recurrir a este giro parlamentario después de que el PP vetara la enmienda por la que se quiso añadir esta aportación a los Presupuestos Generales del Estado para 2011 del próximo año durante su tramitación en el Congreso.
Aunque el Gobierno pactó con CiU esta medida, que también cuenta con el respaldo del PNV, la posibilidad de que las cuentas públicas para el próximo año reciban el veto del Senado ha obligado al Grupo Socialista a buscar otro camino para garantizar la entrada en vigor de las ayudas el 1 de enero de 2011.
El importe que Fomento prestará a las autopistas computará en déficit, a pesar de que las concesionarias deberán devolverlo con intereses al Estado. La aportación tendrá además continuidad en los dos ejercicios siguientes (2012 y 2013), en cantidades que dependerán de la evolución de los tráficos en esos años.
Las concesionarias en riesgo de quiebra y, por tanto, susceptibles de recibir parte de este importe son las de las autopistas radiales de Madrid, la que une la capital y el aeropuerto de Barajas, la Cartagena-Vera, la Madrid-Toledo, la circunvalación de Alicante y Ocaña-La Roda.
Globalvía (FCC y Caja Madrid), Acciona, Abertis, Itínere, ACS y Ferrovial son alguno de los grandes grupos constructores y de concesiones titulares de estas vías.
Con la entrega de este importe a cuenta, el Gobierno busca solventar uno de los dos principales problemas que actualmente abocan a la quiebra a ocho sociedades concesionarias de autopistas de peaje, el de la caída de los tráficos.
El otro es el "desproporcionado" sobrecoste que las empresas concesionarias de las autopistas registraron (1.858 millones, frente a los 269 millones previstos) por las expropiaciones de los terrenos en los que se construyeron las autopistas, como consecuencia de la aplicación de la Ley del Suelo vigente entonces, la de 1998.
Para solventar este impacto, los Presupuestos de 2011 ya incluyen una dotación de 250 millones de euros. Este monto se destinará a otorgar a estas mismas concesionarias créditos participativos para paliar dicho sobrecoste de expropiación y no aumentará, a pesar de las demandas de las concesionarias.
Así, en total, el Gobierno 'prestará' el próximo año a estas autopistas 330 millones de euros, que, a su vez, se elevan a 530 millones al sumar los 200 millones ya incluidos en los Presupuestos de 2010 también para créditos participativos.
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