La Junta señala que la mitad de los municipios con viviendas irregulares tienen "muy adelantada" la solución

ALMERÍA.- Un total de cuatro de los ocho municipios del Valle del Almanzora en los que se calcula existen unas 5.000 viviendas construidas fuera de ordenación, en su mayoría propiedad de residentes británicos, tienen "muy adelantada" la "solución" a la situación de irregularidad a través su planeamiento urbanístico después de que hayan concluido el inventariado de los inmuebles.

   Así lo ha trasladado la delegada provincial de Vivienda y Obras Públicas de la Junta de Andalucía, Ana Vinuesa, tras mantener este lunes una reunión en Macael con los representantes de los colectivos Abusos Ubanísticos Almanzora-NO (AUAN) y Abusos Urbanísticos Levante Almeriense No (AULAN) posterior a una previa concertada con los alcaldes las localidades afectadas.  

   Vinuesa, quien ha declinado precisar cuales son los ayuntamientos que más han avanzado en la solución de entre Arboleas, Partaloa, Oria, Lubrín, Zurgena, Albox, Albanchez y Cantoria, ha asegurado que, aunque "aún queda un paso más en el análisis del planeamiento" de los citados municipios, la "solución está muy adelantada" en la mitad de ellos.

   Al hilo de esto, ha emplazado a una siguiente reunión, que se producirá en "dos semanas", el facilitar los datos concretos sobre el número de viviendas construidas en suelo no urbanizable que se han localizado en cada uno de los pueblos a través de los inventarios, que ya están en poder de la Consejería de Vivienda y Obras Públicas que "está procediendo a su análisis".

   Vinuesa ha rebajado, no obstante, el porcentaje de inmuebles que se van a poder regularizar, fijado inicialmente en un 95 por ciento con la única excepción de aquellos que se levantan en suelo de especial protección o cauce público, y ha adelantado que la situación difiere según el municipio.

   En esta línea, ha trasladado que, durante la reunión, le ha transmitido a los afectados, con los que la Junta había adquirido un compromiso en verano para hacer más fluido el intercambio de información entre Administración y afectados, que no se trata de un proceso "de punto y final" sino de que "un trabajo que lleva tiempo con arreglo a la normativa vigente" en esta materia.