Fuentes del Ministerio Público confirmaron que el fiscal ha dado traslado del escrito al instructor, el magistrado Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, a quien la acusación particular, ejercida por la agrupación municipal del PSOE, solicitó el pasado día 15 que iniciase la tramitación ante la Cámara Alta del suplicatorio contra Gonzálvez.
La Fiscalía interesó la admisión a tramite de la querella en mayo de 2009 al ver indicios de prevaricación en la adjudicación, en concreto, de un contrato que ascendió a 144.837 euros pero que se hizo, según aseguró entonces, "sin ninguna clase de procedimiento de licitación" y pese a informes en los que el secretario-interventor de la corporación local expresaba su "reparo".
Entiende el Ministerio Público, a la vista de las diligencias de prueba practicadas desde el mes de abril, que lo investigado carece de relevancia penal. La decisión llega después de que el pasado día 31 prestase declaración como imputado ante la Sala de lo Penal del TS el ex concejal de Urbanismo de Gádor, Onofre Martínez, quien, en el año al que se remontan los hechos, ostentaba la competencias delegadas en esa materia.
Gonzálvez aseguró el 12 de abril ante el magistrado instructor que las obras objeto del procedimiento abierto contra él se realizaron desde el inicio por fases, con impulso directo del Ayuntamiento y la colaboración de empresas auxiliares, por lo que a su juicio no cabría hablar de "fraccionamiento" --un vocablo que afirmo desconocer-- ni de contratos de obras con terceras mercantiles.
En referencia a los pagos a las industriales, sostuvo que la decisión se adoptó, pese a los reparos del secretario municipal, tras recibir el asesoramiento de expertos en Derecho y ante el convencimiento de que el modo por el que se optó era el más justo. A la salida de la sede del Alto Tribunal, manifestó estar "plenamente convencido" de su inocencia en relación al proceso por el que está imputado.
En una providencia dictada el 12 de mayo el magistrado instructor solicitó, a petición de las partes, incluida la Fiscalía, copia testimoniada completa de los expedientes, desde su inicio hasta el momento actual, seguidos para las obras de la nave municipal para telares y productos hortofrutícolas, así como para la escuela de música y danza al tiempo que reclamó copia testimoniada de los reparos efectuados entre los años 2000 y 2007 respecto a las órdenes de pago efectuadas por el alcalde.
La causa especial contra Gonzálvez se abrió a partir de una querella interpuesta por la agrupación municipal del PSOE en Gádor y en la que el Ministerio Público apreció que podían existir indicios de la comisión de un delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal.
La acusación particular ha interesado la tramitación del suplicatorio al entender que de la declaración del ex concejal de Urbanismo Onofre Martínez se desprende que "tenía conocimiento" de lo que el edil "tenía previsto hacer" con respecto a la nave municipal y de que "participó" en la gestión con el grupo Lamas para contratar terminación de la obra.
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