miércoles, 12 de marzo de 2025

El Banco de España mejora su previsión de PIB para 2025 al 2,7%, pero eleva la inflación al 2,5%

 MADRID.- El Banco de España ha revisado dos décimas al alza su previsión de crecimiento para el Producto Interior Bruto (PIB) español, desde el 2,5% hasta el 2,7%, y ha mantenido sus perspectivas para 2026 y 2027 en el 1,9% y el 1,7%, respectivamente.

En su último informe, el organismo que dirige José Luis Escrivá ha señalado que pese a la coyuntura internacional "incierta y compleja", la economía española ha seguido sorprendiendo al alza y mostrando un ritmo de crecimiento "robusto".

No obstante, estas previsiones no incorporan explícitamente el posible impacto del incremento de los aranceles, por parte de Estados Unidos, a las importaciones procedentes de México, Canadá y la UE, o la posible flexibilización de las reglas fiscales europeas para elevar el gasto público en defensa.

El director general de Economía del organismo, Ángel Gavilán, ha indicado que la política arancelaria tendría un efecto negativo en la actividad y positivo en la inflación, aunque este impacto sería algo menor en España que en el conjunto de la UE. En todo caso, ha advertido de que un aumento de la incertidumbre global tiende a estar asociado con caídas de la actividad económica en España, sobre todo en inversión.

En cualquier caso, el Banco de España ha decidido elevar su estimación para el crecimiento económico en 2025 al 2,7% --por encima del 2,6% previsto por el Gobierno--, aunque ha alertado de una ligera desaceleración en el ritmo de avance del PIB en los próximos trimestres.

La autoridad monetaria indica que los indicadores más recientes sugieren que la actividad económica española seguiría creciendo a un ritmo "robusto" en el primer trimestre de este año --entre el 0,6% y el 0,7% en tasa inter-trimestral--, aunque en los próximos trimestres proyecta una desaceleración gradual de las tasas de avance de la actividad.

De acuerdo con estas proyecciones, el avance del producto en el período 2025-2027 estaría basado en el empuje de la demanda interna. El consumo privado sería la rúbrica con una mayor aportación al avance de la actividad, mientras que el consumo público moderaría su aportación. Por su parte, la formación bruta de capital aumentaría su contribución al crecimiento del PIB en los próximos trimestres.

En cambio, la contribución de la demanda exterior neta al crecimiento del PIB sería ligeramente negativa en el período 2025-2027. Se contempla una gradual desaceleración de las llegadas de turistas internacionales, que mantendrían, no obstante, tasas de crecimiento elevadas en los próximos años.

Peores perspectivas para la inflación general

En comparación con el ejercicio de proyecciones de diciembre, la tasa de inflación general prevista para 2025 se revisa cuatro décimas al alza, desde el 2,1% hasta el 2,5% por los mayores precios de la energía. Por su parte, la estimación para la inflación subyacente baja del 2,3% al 2,2% en 2025.

En cuanto al resto del horizonte de proyección, se mantienen inalteradas las tasas de inflación general previstas para 2026 y 2027, en el 1,7% y el 2,4%, respectivamente.

No obstante, la ausencia de cambios en dichas tasas enmascara una leve revisión a la baja en la inflación de la energía en esos dos años, que se compensa por una leve revisión al alza en la inflación subyacente en una décima cada año, hasta el 2% en 2026 y el 1,9% en 2027.

Mejora la tasa de paro

En cuanto al mercado laboral, el Banco de España ha proyectado que la creación de empleo se prolongará a lo largo del período 2025-2027, aunque continuará reduciendo su ritmo de avance, en línea con lo observado en los últimos trimestres.

En particular, se prevé que, frente a los incrementos del 3% y el 2,2% registrados en 2023 y 2024, respectivamente, el empleo aumente un 1,9% en 2025 y ralentice progresivamente su crecimiento hasta una tasa del 1,2% en 2026 y del 1% en 2027.

Estos ritmos de avance previstos para el empleo, menores que los proyectados para el PIB, implicarían un aumento de la productividad por ocupado en los próximos años, que crecería a tasas algo menores que las observadas durante 2024, pero ligeramente por encima de las registradas en el promedio del período 2000- 2019.

Por otra parte, la tasa de paro continuará decreciendo en el horizonte 2025-2027, si bien a un ritmo menor que el observado en 2024. En concreto, el Banco de España ha mejorado la tasa de paro para 2025, del 10,8% al 10,5%, y ha estimado que caerá al 10% en 2026 y al 9,5% en 2027.

El déficit pasará del 3,4% del PIB en 2025

En cuanto al déficit de las Administraciones Públicas, el Banco de España ha mantenido su previsión de que podría cerrar 2024 en torno al 3,4% del PIB, superior al 3% estimado por el Gobierno y por encima de lo exigido por Bruselas (3%). El dato concreto lo dará a conocer Hacienda a final de este mes de marzo.

El organismo que dirige Escrivá ha proyectado que el déficit se reduciría hasta el 2,8% en 2025 y el 2,6% en 2026 y 2027, lo que supone una revisión a la baja de una décima en cada año con respecto al ejercicio de previsiones de diciembre.

La mejora del saldo a lo largo del horizonte de proyección se seguiría explicando, fundamentalmente, por la desaparición de las medidas temporales de apoyo ante la crisis energética aún vigentes y de los gastos extraordinarios asociados a diversas sentencias judiciales y a la dana --con un impacto de las medidas de un 0,5% del PIB repartido entre 2024 y 2025--.

Por su parte, la deuda de las administraciones en porcentaje del PIB se reduciría desde el 101,8% observado en 2024 hasta el 101,3% en 2025. En 2026, la ratio de deuda sufriría un ligero repunte, hasta el 101,6%, para posteriormente caer al 101% en 2027.

Incumplimiento del crecimiento del gasto comprometido con Bruselas

En términos del cumplimiento de las reglas fiscales europeas, el Banco de España prevé un crecimiento del gasto computable neto del 4,5% en 2025, del 4,1% en 2026 y del 3,8% en 2027, lo que supone unas tasas de avance que se sitúan, en esos años, unas ocho décimas, seis décimas y otras seis décimas por encima de los máximos establecidos en el Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo del Gobierno, comprometido con Bruselas --del 3,7% en 2025, del 3,5% en 2026 y del 3,2% en 2027--.

Esta desviación es mayor que la estimada en el ejercicio de previsiones de diciembre debido al impacto, entre otras medidas, de la extensión de la subvención al transporte público y del decaimiento del gravamen a empresas energéticas; también, aunque en menor medida, por el efecto de los cambios en las variables macro-económicas y, en particular, el aumento del gasto en pensiones derivado de la revisión al alza de la inflación en 2025.

Tensiones comerciales y aumento del consumo público por Defensa

Entre las principales fuentes de riesgo externas, el Banco de España ha destacado el notable aumento reciente de la incertidumbre y de las tensiones geopolíticas y comerciales a escala global, que podrían tener "un significativo efecto adverso" sobre la actividad.

Entre las principales fuentes de incertidumbre de naturaleza interna, no descartan que en 2025 el consumo público vuelva a comportarse de forma más dinámica de lo esperado.

Todo ello en un contexto en el que, a escala europea, se está contemplando dotar a los Estados miembros de un mayor margen fiscal con el propósito de incrementar, de manera apreciable, el gasto público en defensa.

Además, entre otros factores, será importante seguir monitorizando hasta qué punto la actividad económica española puede seguir manteniendo un ritmo de crecimiento sensiblemente superior al de dos de sus principales socios comerciales --Francia y Alemania--, así como la evolución de la inversión privada, con una evolución más débil.

El Gobierno aprueba la ley para prevenir el consumo de alcohol en menores

  MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley de prevención del consumo de bebida alcohólicas y sus efectos en los menores de edad, un texto que recoge, entre otras medidas, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan realizar pruebas de alcoholemia a menores y mayores de edad en lugares y circunstancias específicas donde el consumo de alcohol esté prohibido, como colegios e institutos.

De este modo, los agentes de Policía y Guardia Civil realizarán pruebas no invasivas como el etilómetro y podrán ser repetidas a petición de la persona afectada. En cuanto a las sanciones, la multa impuesta a los menores de edad por la comisión de la infracción leve relacionada con el consumo de alcohol podrá ser suspendida a cambio de la participación en programas preventivos de sensibilización y concienciación o rehabilitadores en función de cada caso.

Esta es una de las medidas de este proyecto que fue presentado el 30 de julio al Consejo de Ministros, elevado a audiencia e información pública en agosto y que ahora es aprobado por el Consejo. El texto, que ahora seguirá su trámite parlamentario, surge de las recomendaciones de la Ponencia 'Menores sin alcohol' de la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas y que tiene como objetivo prevenir el consumo de alcohol, retrasar la edad de inicio y reducir los episodios de consumo intensivo en este grupo vulnerable.

"Esta es una ley pionera que armoniza todas las leyes que teníamos a lo largo de nuestro territorio, leyes de las comunidades o leyes incluso municipales que abordaban este problema. Armoniza todas las medidas que ya estaban en marcha y añade unas medidas nuevas", ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Asimismo, el proyecto de Ley prohíbe el consumo de alcohol para todas las personas en centros de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y enseñanzas elementales artísticas, aunque sí que estará permitido el alcohol en universidades. Tampoco se podrá beber en centros de protección de menores y residencias de estudiantes que admitan a personas menores de edad.

El alcohol también estará prohibido en centros deportivos, de ocio o espacios dedicados a espectáculos públicos cuando haya sesiones que se hayan concebido específicamente para personas menores de edad.

"No existe una cantidad segura de alcohol de cualquier tipo que no implique un impacto negativo en la salud. Tenemos que desterrar de nuestro imaginario esa idea arraigada y anticientífica que dice que puede haber algunos beneficios en la salud con el consumo moderado", ha afirmado García.

El texto recoge la prohibición del emplazamiento de publicidad de bebidas alcohólicas en la vía pública en un radio de 150 metros de centros educativos, centros sanitarios, de servicios sociales y socio-sanitarios y de parques y lugares de ocio infantil.

Esta medida entrará en vigor un año después de la publicación de la ley, sin afectar a aquellas situaciones ya existentes antes de ese momento. "Cabe decir que las bebidas fermentadas que tengan menos de un 0,5% de alcohol estarán permitidas", ha indicado García.

Además, se prohíbe cualquier forma directa, indirecta o encubierta de publicidad de bebidas alcohólicas o productos que simulen ser una bebida alcohólica incluyendo el nombre comercial, la denominación social, símbolos o marcas comerciales de las personas o empresas productoras de dichas bebidas, dirigida a personas menores de edad.

Tampoco se podrá usar en la publicidad la imagen o la voz de personas con menos de 21 años; personas mayores de edad cuando se presenten caracterizadas o disfrazadas de personas menores de edad; personas o personajes, reales o de ficción, cuya relevancia pública o su popularidad estén vinculadas con la población menor de edad, mujeres en estado de gestación, aunque hayan prestado su consentimiento, o la imagen de un feto.

Al ser preguntada por si Sanidad se ha reunido con representantes del sector para consensuar la ley, García ha asegurado que han mantenido encuentros "con todo el mundo", aunque ha señalado que la ley se ha hecho "con un eje fundamental", que es "la protección de los entornos de los menores y de los adolescentes".

Así, el proyecto de Ley permite que las Administraciones públicas en materia de planificación urbanística puedan valorar, con el objetivo de prevenir el consumo de alcohol en personas menores de edad, la limitación de apertura de nuevos establecimientos.

"Teniendo en cuenta la concentración de puntos de venta minorista de bebidas en las inmediaciones de centros educativos, de protección social de personas menores de edad o establecimientos en los que se desarrollen espectáculos o actividades recreativas públicas destinadas a menores de edad", señala el proyecto.

Además, el suministro automático de bebidas alcohólicas requerirá que las máquinas de dispensación incorporen mecanismos técnicos "eficaces, con vigilancia y custodia directa", que permitan impedir su adquisición por personas menores de edad. Estas máquinas no podrán instalarse en la vía pública, ni en lugares donde esté prohibida la venta o consumo de bebidas alcohólicas.

Por su parte, los establecimientos de autoservicio deberán limitar un espacio concreto dentro del local para exponer las bebidas alcohólicas, que esté separado de los espacios con productos específicamente destinados a las personas menores de edad.

Al hilo, los establecimientos dedicados mayoritariamente a la venta de productos para personas menores de edad, no podrán venderse bebidas alcohólicas ni otros productos que los imiten, ni exhibirse en los escaparates o en el interior.

El texto permite desarrollar protocolos para detectar el consumo de alcohol en menores y fomenta la inclusión de registros de consumo en la historia clínica. En caso de que un menor de 16 años sea atendido en los servicios de urgencias por intoxicación etílica, será objeto de una evaluación integral que implicará a sus padres.

El proyecto también promoverá la inclusión de nuevos contenidos sobre prevención del consumo de alcohol en primaria, secundaria, formación profesional, bachillerato y planes de estudios universitarios y de formación del profesorado.

También se implementarán programas para concienciar a las familias sobre los riesgos del alcohol y dotarlas de herramientas para prevenir su consumo en menores.

Robles desautoriza al Jemad con el centenario de Alhucemas para no incomodar a Marruecos

 https://theobjective.com/espana/politica/2025-03-10/robles-jemad-centenario-alhucemas-marruecos/

Distensión mundial / Guillermo Herrera *


Ucrania y EEUU han acordado una tregua de un mes y dejan la pelota en el tejado de Rusia. Ucrania aceptó este martes una propuesta de EEUU para que se declare entre Kiev y Moscú un alto el fuego total e inmediato y prorrogable de treinta días por tierra, mar y aire, sobre el que ahora se debe pronunciar el presidente Putin.

https://efe.com/mundo/2025-03-11/ucrania-rusia-guerra-encuentro-paz/

Ucrania ha aceptado una propuesta de EEUU para aplicar un alto fuego inmediato de treinta días en su conflicto con Rusia. La tregua, que se podría extender mediante un acuerdo mutuo, está sujeta a la aceptación y cumplimiento por parte de Rusia. 

Este acuerdo representa un paso significativo hacia la posible resolución del conflicto, aunque su éxito dependerá en gran medida de la respuesta de Rusia.

EEUU se comprometió a reanudar el suministro de ayuda militar y de inteligencia a Ucrania, que había sido suspendido como medida de presión para negociar un alto el fuego. 

Durante la tregua, se propone el intercambio de prisioneros de guerra, la liberación de civiles detenidos y el regreso de niños ucranianos trasladados a territorios controlados por Rusia.

https://battleforworld.com/2025/02/19/the-countdown-to-may-2025/#UkraineIntelligence

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martes, 11 de marzo de 2025

Ecologistas madrileños piden al Ministerio que no autorice trasvase de agua del Tajo a una comunidad de regantes de Almería


MADRID.- La Plataforma Ecologista Madrileña (ARBA), Asociación Ecologista del Jarama El Soto, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura), junto a colectivos de defensa del río Tajo, han solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica que se deniegue la autorización y anuncian una movilización de agua a una comunidad de regantes de Almería.

Los miembros de la Comunidad de Regantes del Canal de Las Aves aprobaron en Junta General Extraordinaria celebrada en Aranjuez el pasado 4 de febrero la venta del agua de riego de sus tierras a la empresa Aguas del Almanzora, S.A. que abastece a varias comunidades de regantes en la provincia de Almería.

"Esta venta supone en la práctica un trasvase de agua desde la cabecera del Tajo hacia Almería a través de la infraestructura del trasvase Tajo-Segura, y un enriquecimiento de los miembros de la Comunidad de Regantes por la venta de un bien público que han disfrutado gratuitamente durante décadas", han indicado los colectivos en un comunicado.

Si es autorizada por la Dirección General del Agua, apuntan los ecologistas, será la cuarta ocasión en la que los miembros de esta Comunidad de Regantes venden el agua del río Tajo a los regantes del trasvase Tajo Segura.

La Directiva 2000/60/CE Marco de Agua afirma en su primer considerando que 'El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal'. 

La legislación española de aguas (RDL 1/2001) establece que el agua es un bien público cuyo uso privativo mediante concesión administrativa está subordinado al Interés general.

Sin embargo, una reforma legal en 1999 introdujo la figura de los "contratos de cesión de derechos de uso, una excepción al régimen concesional que permite las ventas de agua entre concesionarios".

Aunque en un principio los contratos de cesión estaban permitidos únicamente entre usuarios de una misma cuenca hidrográfica, otra reforma legal en el contexto del Memorándum del Tajo (Ley 21/2013) permitió la venta de aguas entre usuarios de distintas cuencas utilizando infraestructuras del trasvase, previa autorización expresa de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), y con el fin de favorecer a los usuarios del trasvase Tajo-Segura La Comunidad de Regantes del Canal de las Aves riega unas 3.800 ha en los municipios de Aranjuez, Añover de Tajo, Villaseca de La Sagra y Toledo con una concesión de 37 hm 3 /año según la normativa del Plan hidrológico del Tajo.

Según explican los denunciantes, la venta de agua por parte de la Comunidad de Regantes de Canal de las Aves, si es autorizada por la Directora General del Agua, reportará a los propietarios de las tierras un beneficio particular de entre 3500 y 4000 euros por hectárea y año por vender un bien público y no ejercer su actividad agrícola.

"De autorizarse, sería insolidario con otros usuarios de la cuenca y medioambientalmente nefasto para el río Tajo, sus ecosistemas acuáticos y las poblaciones ribereñas", denuncian en un comunicado.

El índice de explotación del río Tajo en su curso alto hasta Aranjuez (WEI, Water Exploitation Index) es el más alto de toda la cuenca (71%), siendo el Tajo uno de los ríos más explotados de la Unión Europea.

El río Tajo soporta en su tramo alto y medio una situación crónica de estrés severo que impide su conservación en un estado aceptable o garantizar su sostenibilidad futura. Esta situación se ve agravada por la disminución de más del 40% de las aportaciones de agua en su cabecera como consecuencia del cambio climático y por la perpetuación de los desvíos de agua por el canal del Trasvase Tajo- Segura.

"Las ventas de agua propuestas supondrían una disminución adicional de los caudales de agua de calidad que circulan desde la cabecera del río hasta las zonas regables del Canal de las Aves (en la imagen). Esto es así porque el agua cedida se trasvasaría a través de las infraestructuras del Trasvase Tajo-Segura que parten de los embalses de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo", indican.

También dejarían de circular aguas abajo los retornos (excedentes) de los riegos. Aproximadamente un 40% del volumen de agua asignado para los riegos se devuelve al Tajo a través de los retornos de riego, o a su acuífero aluvial asociado, señalan los ecologistas.

Los volúmenes de agua para riego que circulan por el río y los retornos que generan son vitales para aliviar la situación de insalubridad del río Tajo a su paso por Toledo y la falta de caudal en Talavera de la Reina. También son importantes para disminuir la alta concentración de sales y sulfatos en el tramo de Aranjuez debido a la litología de yesos y la minería de los terrenos que atraviesa el río.

Por ello, los denunciantes piden que la Dirección General del Agua del MITERD que informe negativamente esta solicitud de cesión de derechos. Solicitan también que la Confederación Hidrográfica del Tajo, la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla-La Mancha, en el ejercicio de sus competencias, se opongan a esta cesión y se resuelvan desfavorablemente estas ventas de agua que afectarán negativamente al estado o conservación de los ecosistemas acuáticos y a la ciudadanía ribereña.

"Estas administraciones deben anteponer el interés general al negocio privado, y priorizar el buen estado ambiental de los ríos de la Cuenca del Tajo, y su recuperación para beneficio de la calidad de vida de todos los habitantes de su cuenca internacional", añaden.

En el contexto de defender la calidad ambiental del río Tajo, numerosos colectivos ecologistas y ciudadanos convocados por la Plataforma Ecologista Madrileña (ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura), realizarán una marcha el próximo Día Mundial del Agua (22 de marzo) en Madrid, haciendo un recorrido reivindicativo por el Parque Lineal del Manzanares, uno de los tramos con mayor incidencia en la contaminación de toda la cuenca.

Los embalses almerienses ganan 1,24 hectómetros cúbicos en la última semana pero siguen a menos del 10% de capacidad

 ALMERÍA.- Las lluvias de la última semana en la provincia de Almería ha permitido a los embalses de Benínar y de Cuevas del Almanzora mejorar sus reservas hídricas tras haber ganado conjuntamente 1,24 hectómetros cúbicos de agua, si bien pese a las precipitaciones ambos pantanos siguen por debajo del diez por ciento de su capacidad, en concreto, al 9,33 por ciento.

Conforme a los datos que ofrece el sistema automático de información hidrológica (SAIH) de la Red Hidrosur,  los embalses almerienses cuentan con un volumen actual de 20,6 hectómetros cúbicos, lo que además supone 1,99 hectómetros cúbicos más con respecto al año pasado.

El mayor incremento lo ha experimentado el embalse de Cuevas del Almanzora, que en la última semana ha ganado 0,7 hectómetros cúbicos de agua hasta almacenar 14,47 hectómetros cúbicos; lo que a su vez supone 1,39 hectómetros cúbicos más que en el mismo día de marzo de 2024.

A un 9,34 por ciento de su capacidad, los datos muestran que la pluviometría acumulada en el año hidrológico en el embalse de Cuevas del Almanzora es de 171,7 litros por metro cuadrado frente a los 134,1 litros por metro cuadrado de hace una semana.

Dicha acumulación es significativamente mayor a la del año pasado en la misma fecha, cuando solo se había registrado desde el 1 de octubre de 2023 un total de 17,9 litros por metro cuadrado debido a la escasez de precipitaciones que se dieron durante el pasado año hidrológico.

En relación al embalse de Benínar, que está al 9,3 por ciento de su capacidad, el incremento de agua acumulada durante la última semana es de 0,34 por ciento hasta alcanzar los 5,96 hectómetros cúbicos. Con respecto al año pasado, el incremento registrado es de 0,63 hectómetros cúbicos.

Los datos muestran que la pluviometría acumulada en el año hidrológico en el embalse de Benínar es de 161,9 hectómetros cúbicos, lo que refleja un incremento de las lluvias en la zona dado que, hasta la semana pasada, dicha marca era de 93,9 litros por metro cuadrado. El año pasado en la misma fecha la pluviometría acumulada se situaba en los 116,1 litros por metro cuadrado en su año hidrológico.

La Fiscalía Anticorrupción abre una investigación a Vox por financiación irregular


MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción ha iniciado una investigación contra Vox por presunta financiación irregular, después de que el PSOE interpusiera una denuncia contra la formación de Santiago Abascal el pasado mes de diciembre al considerar que utilizada métodos para captar fondos de manera opaca, además de fondos extranjeros de modo ilegal.

Así lo ha adelantado 'El Independiente' y han confirmado fuentes fiscales, que han señalado que el fiscal jefe Alejandro Luzón ha acordado iniciar un procedimiento reservado contra Vox esgrimiendo que hay base para indagar en la supuesta financiación irregular.

El PSOE presentó el pasado 13 de diciembre una denuncia contra Vox ante la Fiscalía General del Estado por financiación irregular tras haber hecho un análisis "exhaustivo" de la financiación de la formación liderada por Santiago Abascal y concluir que podría estar incurriendo en un delito de financiación ilegal de partidos políticos recogido en el artículo 304 bis del Código Penal.

Los socialistas aseguraron haber constatado que al menos desde el año 2020 hasta la actualidad, en las mesas informativas que Vox despliega a lo largo de todo el territorio español incorporaba una serie de elementos de captación de ingresos económicos a modo de "huchas" o "cajas de caudales", junto con una serie de elementos de merchandising "con el objetivo de captar fondos en metálico de un modo absolutamente opaco".

Una práctica "absolutamente irregular" a juicio del PSOE que podría haber recaudado 5 millones de euros, que se suman a la ausencia de contabilidad en la que deberían de registrarse "las donaciones anónimas y las ventas promocionales".

En la denuncia también incluyen el préstamo de 6 millones y medio de euros concedido por la entidad MBH Bank Nyrt; un banco húngaro cuyo principal accionista es un fondo estatal húngaro y vinculado al primer ministro, Viktor Orban. 

Según los socialistas, este préstamo infringe la normativa que prohíbe a los partidos recibir financiación de organismos, entidades o empresas públicas extranjeras.

Los de Abascal reconocieron haber recibido nueve millones de euros del banco húngaro MBH para financiar campañas electorales de las elecciones municipales y generales de 2023, asegurando que las entidades bancarias españolas se negasen a prestarles dinero porque "no quieren financiarles".

El PSOE lamenta que Moreno Bonilla vuelva a “engañar” a los agricultores almerienses, que siguen sin ayudas por la DANA

 ALMERÍA.- El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería Mateo Hernández ha lamentado que “hayan pasado más de 5 meses desde las lluvias torrenciales que ocasionaron graves daños en más de 5.000 hectáreas en la provincia de Almería en la que desarrollan su actividad miles de agricultores y ganaderos y seguimos sin tener noticias de cuándo se van a convocar las ayudas”. 

En cambio, el Gobierno de Pedro Sánchez lleva semanas abonando estas ayudas tan importantes para que los productores almerienses recuperen las instalaciones agrarias afectadas, “comprobándose de esta manera la gran diferencia entre lo que hace el Gobierno andaluz del PP, que es prometer y no cumplir, y la eficaz gestión en las ayudas del Gobierno de España y su compromiso con el campo almeriense”, ha indicado.

Para Hernández, esto supone “un nuevo engaño de Moreno Bonilla y del PP de Andalucía, que se suma a la larga lista de engaños al campo almeriense”. Así, ha criticado que en 2024 haya invertido en el sector primario mucho menos de lo que prometió. 

Según el diputado autonómico, en cifras globales, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural dirigida por el almeriense Ramón Fernández-Pacheco ha dejado de gastar 4 de cada 10 euros prometidos al sector, lo que suponen casi 800 millones de euros, unos recursos “que hubieran sido fundamentales para el impulso al motor económico y de empleo almeriense”. 

“Esto es un nuevo y rotundo suspenso para el consejero, porque no se destinan los recursos necesarios para la modernización de las infraestructuras agrarias, la incorporación de jóvenes al campo o las ayudas para hacer frente a la sequía”, entre otros.

De igual modo, tampoco se ha utilizado ese dinero no invertido para paliar el incremento de los costes de producción como consecuencia de las guerras, para el impulso a la externalización del sector, la investigación para hacer frente a las plagas, la mejora de los caminos rurales o el impulso de la industria auxiliar, ha añadido.

El dirigente socialista ha afeado, por ejemplo, que haya programas “de vital importancia” para el campo almeriense donde la Junta del PP sólo se ha gastado “3 de cada 10 euros de lo presupuestado”. 

Es el caso de los recursos destinados a la ordenación y mejora de la producción agrícola y ganadera, algo “imprescindible para garantizar la rentabilidad del sector”. 

Ha sucedido lo mismo, asegura, con las actuaciones para la incentivación del sector agroindustrial o la transformación y comercialización de los productos agroalimentarios. 

En el balance de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural que ha realizado el parlamentario autonómico ha echado, igualmente, en falta más inversión en políticas de agua. 

De hecho, asegura que el PP en la Junta ha dejado de gastar  más de 130 millones de euros en este concepto en 2024, una cifra que alcanza los 1.300 millones de euros desde que gobierna Moreno Bonilla, lo que “constata la escasa inversión del Gobierno andaluz para garantizar la suficiencia hídrica para la población y al campo” a la vez que el presidente Moreno Bonilla y el consejero Pacheco “se niegan a bonificar el agua desalada al campo almeriense procedente de las desaladoras no estatales”. 

En cambio, ha significado, el Gobierno de España “sí está bonificando el agua desalada a 20.000 agricultores y agricultoras, constando el gran apoyo imprescindible para garantizar la rentabilidad”.

La Junta refuerza la vivienda protegida en Almería con nuevas medidas para ampliar su oferta

 ALMERÍA.- La delegada de del Gobierno, Aránzazu Martín y la de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Dolores Martínez, han dado a conocer el nuevo Decreto Ley de Medidas Urgentes para Ampliar la Oferta de Vivienda Protegida en Andalucía, "que permitirá la construcción de 20.000 viviendas protegidas en los próximos cinco años, duplicando así el ritmo actual".

Martín ha explicado que contempla la puesta en marcha de medidas realistas para equilibrar la oferta y la demanda, removiendo obstáculos y agilizando la construcción de nuevas viviendas. 

Así, ha incidido en el compromiso del Gobierno andaluz con el problema de la vivienda y ha destacado que en los últimos cinco años la promoción de vivienda protegida en Andalucía se ha multiplicado por tres frente a los cinco años anteriores, hasta alcanzar las más de 12.000 viviendas nuevas.

La delegada ha recordado que "el problema de la vivienda en España es generalizado y afecta especialmente a los jóvenes, a las familias y a quienes buscan su primera vivienda. En la Junta de Andalucía somos plenamente conscientes de esta realidad y estamos actuando con medidas urgentes y concretas para ampliar la oferta de vivienda protegida y facilitar el acceso a quienes más lo necesitan".

El nuevo Decreto Ley aprobado por la Junta contempla tres medidas clave para ampliar la oferta de vivienda protegida, empezando por una mayor disponibilidad de suelo, permitiendo que solares o edificios inicialmente destinados a otros usos puedan convertirse en viviendas protegidas, además de aumentar la edificabilidad en suelos con esta finalidad. 

“Pero nunca se usarán parcelas de uso educativo o sanitario”, ha dejado claro la delegada.

La delegada ha explicado que “los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes tienen tres meses para informar de los suelos que tienen de reserva de vivienda protegida y las parcelas que son susceptibles de acoger este tipo de viviendas”. 

Además, ha dado a conocer los plazos para poder acogerse a estas medidas que son “un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del decreto-ley para el acuerdo municipal, dos años desde la adopción del acuerdo para solicitar la licencia y un plazo máximo de tres años desde la licencia para terminar la construcción de las viviendas”.

Otra de las medidas es la creación de una bolsa de suelo junto a los ayuntamientos, para identificar y movilizar suelo apto para la construcción de vivienda protegida según las necesidades de cada territorio, y la agilización de los proyectos de vivienda protegida, incorporándolos a la Unidad Aceleradora de Proyectos, lo que reducirá significativamente los plazos administrativos y eliminará trabas burocráticas para que las viviendas lleguen antes a las familias.

“Me gustaría citar que con el decreto-ley – añade la delegada del Gobierno- se amplían el límite de ingresos para optar a una vivienda protegida en régimen general o limitado para conseguir que más familias no pueden acceder al mercado de la vivienda libre puedan tener acceso a una vivienda protegida, o la revisión de los coeficientes territoriales, con los que se facilita la construcción de más vivienda protegida”.

Martín ha destacado que "en la Junta de Andalucía tenemos claro que el acceso a la vivienda es un derecho fundamental y estamos actuando con determinación para garantizarlo”. 

"Con este Decreto Ley queremos dar un impulso definitivo a la construcción de vivienda protegida en Andalucía, asegurando que las soluciones lleguen donde más se necesitan y en el menor tiempo posible".

Por su parte la delegada de Fomento, Dolores Martínez, ha explicado “las medidas más importantes que aporta este decreto, teniendo en cuenta que actúa tanto en el plano urbanístico como en materia de vivienda”.  

Además, ha añadido que “en base a la bolsa de suelo, se podrán llevar a cabo cambios importantes, si bien la LISTA ya es un instrumento que facilita ese proceso, con este decreto aun será más fácil”. 

Y para concluir la delegada ha afirmado que “para facilitar la construcción de viviendas protegidas se revisarán los coeficientes que sirven para calcular el precio máximo de la vivienda” y ha desgranado los incentivos que tendrán los promotores.

Podemos-IU-Verdes Almería exige al PP medidas urgentes en materia de financiación y vivienda

ALMERÍA.- El grupo municipal Podemos-IU Verdes llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de Almería dos mociones para «retratar la hipocresía del Partido Popular y su nula voluntad de mejorar la vida de la gente»: una para exigir que la Junta de Andalucía acepte la condonación de la deuda autonómica y otra para frenar la especulación inmobiliaria con la implantación del derecho de tanteo y retracto municipal.

La primera moción pone el foco en el gobierno de Moreno Bonilla y su negativa a aceptar la quita de deuda impulsada por el Gobierno de España. Esta medida supondría la condonación de casi 19.000 millones de euros para Andalucía, lo que ha convierte en la Comunidad Autónoma más beneficiada, que podrían servir para reforzar los servicios públicos.

 A pesar de lo cual, el Gobierno de la Junta de Andalucía no parece dispuesto a aceptarla.

«El PP andaluz prefiere boicotear cualquier medida del Gobierno de España antes que mejorar la vida de la gente. Solo les interesa confrontar. Es una vergüenza y una traición a los andaluces y andaluzas» ha señalado Alejandro Lorenzo, portavoz de Podemos-IU-Verdes.

La moción de la coalición de izquierdas no solo exige que la Junta acepte la condonación, sino que además plantea que el dinero ahorrado se destine a reforzar la sanidad, la educación, los servicios sociales y la vivienda.

 Así, Lorenzo ha advertido que no van a permitir que «el dinero que debería ir a hospitales, colegios y ayudas sociales acabe tapando los agujeros que el PP genera con sus regalos fiscales a los más ricos. Saquear Andalucía no puede seguir siendo la norma».  

La segunda moción presentada por Podemos-IU Verdes se suma a la lista de propuestas que el grupo viene presentando para abordar la crisis de vivienda que sufre la ciudad. 

En este caso, plantean la implantación inmediata del derecho de tanteo y retracto municipal automático, una herramienta que ya funciona en ciudades como Barcelona o Valencia y que permite a los ayuntamientos intervenir en la compraventa de viviendas. 

Con este mecanismo, el Ayuntamiento tendría prioridad para comprar viviendas antes de que sean adquiridas por especuladores y fondos de inversión, destinándolas al parque público para alquiler social y vivienda asequible.

«No podemos seguir permitiendo que los fondos buitre compren edificios enteros para subir el precio de los alquileres o expulsar a los vecinos. Si el Ayuntamiento no interviene, la ciudad acabará convertida en un parque de atracciones para ricos mientras la gente trabajadora no puede pagar un techo», ha denunciado Lorenzo.

La moción también propone la creación de un fondo municipal específico para la compra de vivienda pública, que garantice la financiación de estas adquisiciones y su posterior gestión con fines sociales. 

Además, se establece la obligación de que todas las viviendas adquiridas bajo este derecho sean destinadas exclusivamente a alquiler social, vivienda protegida o programas de acceso a la vivienda para colectivos vulnerables.

Con estas dos mociones, Podemos-IU-Verdes lanza un desafío claro al PP de Almería: «Ya no pueden esconderse. Si rechazan la condonación de la deuda, estarán demostrando que prefieren castigar a Andalucía con tal de atacar al Gobierno central. 

Y si votan en contra del derecho de tanteo, estarán dándole un cheque en blanco a los fondos buitre para que sigan haciendo negocio con la necesidad de la gente. Deben mostrar claramente si defienden o no a las almerienses.» ha concluido Alejandro Lorenzo.

Fundacion 'Almería Tierra Abierta' trabaja con el Ayuntamiento de Níjar para crear nuevas soluciones habitacionales para los migrantes

 NÍJAR.- Preocupada por la situación de precariedad de las personas que viven en los asentamientos chabolistas, y alarmada por los últimos desalojos de personas en situación de vulnerabilidad, la Fundación Almería Tierra Abierta (ALTA) se ha reunido con el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, para plantear soluciones conjuntas y estructurales que propicien el compromiso y la actuación de las administraciones en materia de vivienda para trabajadores migrantes.

En esta primera reunión de trabajo se ha abordado la puesta en marcha de nuevas soluciones habitacionales en las que alojar a personas migrantes provenientes de asentamientos chabolistas o que habitan en infraviviendas.

En el transcurso del encuentro, Almudena Mateo-Sagasta, miembro de patronato de ALTA y arquitecta, ha explicado los contactos que ya ha establecido con agentes que están interviniendo sobre el terreno: ONGs, propietarios de suelo, empresarios de la construcción y empresarios del sector agrícola, o tuTECHÔ, que es una socimi social que pretende paliar el sinhogarismo en España, entre otros. Ha ofrecido la ayuda de la Fundación como un gran paraguas que coordine esfuerzos en pos de alojamientos dignos para la población migrante.

El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, ha mostrado su disponibilidad a ofrecer tanto la información técnica como el suelo necesario para que estas nuevas soluciones alojativas se conviertan en una realidad. 

Y ha afirmado que el Ayuntamiento también está recabando recursos para solucionar esta realidad social de la infravivienda que afecta a un sector de trabajadores inmigrantes establecidos en el municipio.

A la reunión ha asistido, asimismo, el presidente de la Fundación Almería Tierra Abierta, Andrés Garcia Lorca, que ha agradecido al alcalde José Francisco Garrido su disposición y compromiso para asumir el reto de la lucha contra la marginación, y su sincero ofrecimiento para cooperar con los objetivos de la Fundación.