MELILLA.- El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha
advertido este jueves del fuerte incremento registrado en el número de
menores extranjeros no acompañados acogidos en la ciudad durante los dos
últimos meses. Según ha señalado, desde junio hasta el 29 de julio el
aumento ha sido del 80%, situando a Melilla muy por encima de la
capacidad de acogida asignada por el Gobierno central.
Imbroda ha explicado que el Estado fijó en 84 el número máximo de
menores que debía atender la ciudad, aunque en la actualidad esa cifra
asciende a 184.
"Está más que duplicado y la tendencia es ir a muchos
más", ha afirmado el presidente melillense en plena crisis migratoria en
Ceuta, donde en apenas una semana han accedido a la ciudad miles
migrantes, entre adultos y menores, la mayoría por vía marítima.
Las declaraciones de Imbroda coinciden con la proposición de Ley
registrada por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados,
impulsada por la diputada nacional por Melilla, Sofía Acedo, para
modificar la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería.
La
iniciativa pretende permitir la aplicación del rechazo en frontera tanto
en las entradas irregulares por vía terrestre como marítima en Ceuta y
Melilla, tras la reciente interpretación del Tribunal Supremo que limita
esta medida a los casos en los que el acceso irregular se produce
superando elementos físicos de contención, como las vallas fronterizas.
Acedo ha defendido que la realidad migratoria ha cambiado desde la
reforma legal de 2015, ya que actualmente buena parte de las entradas
irregulares se realizan bordeando los espigones o alcanzando las costas a
nado.
Según la parlamentaria popular, la reforma no crea una nueva
figura jurídica, sino que corrige una limitación puesta de manifiesto
por el Tribunal Supremo.
En este sentido, ha subrayado que el
texto mantiene expresamente el respeto a los derechos humanos, al
Derecho de la Unión Europea, al principio de no devolución y al derecho
de acceso a la protección internacional. La diputada ha señalado que,
tras la sentencia del Alto Tribunal, existen dos alternativas: instalar
nuevos elementos físicos de contención en el mar o adaptar la
legislación para que el rechazo en frontera no dependa exclusivamente de
la superación de barreras materiales.
"Hemos optado por esa segunda
vía", ha indicado.
La propuesta establece que el rechazo en
frontera pueda aplicarse cuando una persona sea detectada o interceptada
intentando acceder de forma irregular y flagrante a través de la
frontera terrestre o marítima de Ceuta o Melilla.
Finalmente, Acedo ha pedido al Gobierno central que respalde la iniciativa al considerar que coincide con el criterio defendido por la Abogacía del Estado y ha sostenido que el mar constituye una línea fronteriza con el mismo valor jurídico que la frontera terrestre a efectos de la actuación de la Guardia Civil.
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