MELILLA.- La Guardia Civil ha detenido en Melilla a un empresario como presunto
responsable de un fraude cercano a los 300.000 euros en subvenciones
públicas concedidas por la Ciudad Autónoma a través de la sociedad
pública Promesa, tras detectar que habría presentado documentación falsa
para garantizar la concesión de ayudas destinadas a la generación de
empleo.
Según ha informado este miércoles un portavoz de la
Comandancia, la investigación ha sido desarrollada de forma conjunta por
la Unidad Orgánica de Policía Judicial y la Unidad de Análisis e
Investigación Fiscal (Udaiff).
Las pesquisas se iniciaron tras
detectarse irregularidades en varias ayudas tramitadas por Promesa,
entidad dependiente de la Ciudad Autónoma.
De acuerdo con las
investigaciones, el detenido, a través de una red de cuatro empresas
bajo su control, solicitó subvenciones que alcanzaron un importe
aproximado de 300.000 euros.
Para asegurar la recepción de estos fondos,
habría presentado documentos de seguros y avales que resultaron ser
completamente falsos.
La maniobra derivó en la denuncia tanto
de la entidad aseguradora suplantada como de la propia Ciudad Autónoma,
al apreciarse indicios de un presunto delito contra la Hacienda Pública.
El portavoz policial ha explicado que a diferencia de otras ayudas,
estas subvenciones no eran a fondo perdido, ya que el beneficiario tenía
la obligación legal de reintegrar las cantidades percibidas.
Sin
embargo, la investigación ha acreditado que el empresario no devolvió el
dinero subvencionado, lo que habría causado un grave perjuicio
económico a las arcas públicas de Melilla y, al menos, a dos empresas
privadas del sector.
Al respecto, ha detallado que la
denominada operación 'CAJU', tutelada por el Juzgado de Instrucción
número 2 de Melilla, ha culminado con la "detención de un varón adulto,
empresario y residente en la ciudad, al que se le atribuyen, con
indicios sólidos, los delitos de falsedad documental y contra la
Hacienda Pública".
La citada fuente ha destacado que la
investigación se ha prolongado durante varios meses e incluyó un intenso
análisis documental, rastreo de cuentas bancarias y coordinación entre
las unidades implicadas.
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