ALMERÍA.- El núcleo de Palomares continúa a la espera de que se ordene la limpieza
y retirada de la tierra contaminada con americio y plutonio como
consecuencia de la caída accidental en la pedanía situada entre Vera y
Cuevas del Almanzora de cuatro bombas termonucleares por la
colisión en el aire de dos aeronaves de las Fuerzas Áreas de Estados
Unidos en 1966.
Desde Ecologistas en Acción han recordado
coincidiendo con este aniversario los distintos procedimientos
judiciales impulsados para conseguir que se ordene al Gobierno la
retirada y el almacenamiento "temporal" de 6.000 metros cúbicos de
residuos, el último de ellos a través de una demanda en la Audiencia
Nacional dirigida al Ministerio para la Transición Ecológica.
"Esperemos que esta demanda finalice con éxito y que, por fin, la
justicia obligue al Ministerio de la Transición Ecológica para que
ordene la limpieza", ha trasladado el abogado de la
entidad conservacionista, José Ignacio Domínguez, quien ha recordado que
la demanda fue admitida a trámite pese a la oposición de la Abogacía
del Estado.
"La Audiencia Nacional nos ha dado la razón de momento y ha
condenado en costas al abogado del Estado", ha apuntado.
Con
ello, ha señalado que han transcurrido ya 59 años desde que se produjo
el accidente y desde que las autoridades españolas de la época "se
pusieron de acuerdo con el Departamento de Energía de Estados Unidos
para no limpiar la radioactividad", según ha sostenido ante la ínfima
cantidad que se retiró en su momento de los nueve kilos de plutonio que
se liberaron con el accidente.
Ecologistas en Acción se ha
propuesto como objetivo que los tribunales fijen un plazo concreto para
llevar a efecto el Plan de Rehabilitación de la zona; un documento que
el Gobierno ha sostenido, desde siempre, debe ejecutar la administración
estadounidense que en apenas tres días días quedará, nuevamente, en
manos de Donald Trump.
No obstante, se cumplen ya diez años
del protocolo de intenciones firmado en 2015 por el entonces ministro de
Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo, y el exsecretario de
Estado de EEUU John Kerry para acometer la limpieza. El asunto también
fue abordado en 2023 tras un encuentro en la Casa Blanca entre el
presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo norteamericano, Joe
Biden.
De otro lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(TEDH) también anuncio que estudiaría la demanda que Ecologistas en
Acción elevó contra España por la "falta de solución" a la "emergencia
radiológica" y la "inacción" de los "sucesivos gobiernos" para
"terminar" con una "situación tan prolongada" en el tiempo que ha puesto
"en riesgo la vida de las personas".
Domínguez defiende que
desde que se produjo el accidente nuclear en 1966 y en el marco del
proyecto 'Indalo' firmado en esa década entre España y EEUU, se habría
urdido un "plan secreto" para "no limpiar la radioactividad" y así poder
"analizar las consecuencias de la radioactividad en la salud" humana.
Los últimos resultados hechos públicos en el marco del Plan de
Vigilancia Radiológica Ambiental y de la población (PVRA) de Palomares,
de 2021, indican que los casi 400 análisis realizados por Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) a
muestras de aire, alimentos de origen animal y vegetal, flora y fauna,
así como sedimentos y agua revelaron concentración de actividad de
americio y de plutonio un total de 112.
No obstante, en todos
estos casos, los valores detectados "son inferiores a los niveles de
referencia" que están fijados en el citado plan.
Según el
Ciemat, los valores de concentración de actividad hallados en el último
muestreo dado a conocer son "similares" a los obtenidos en años
anteriores, por lo que le lleva a concluir que "la evolución temporal
del nivel de contaminación" en la última década, durante el periodo
2010-2021, "se ha mantenido estable".
El PVRAP, aprobado,
supervisado e inspeccionado por el Consejo de Seguridad Nuclear, analiza
las concentraciones másicas, volumétricas o superficiales de actividad
de americio-241 y plutonio-239+240 en diversos tipos de muestras con
frecuencia mensual, anual y bianual.
En el ejercicio 2022 se tomaron 258
muestras, entre ellas de carne de conejo, que fueron sometidas a
análisis, 128 de ellas con carácter mensual. La mayoría, un total de
156, son muestras de aire.
Por otro lado, hace tres años, el Gobierno decidió expropiar
forzosamente un total de 44 fincas con una superficie de poco más de
32,4 hectáreas tras un informe del Ciemat que indicaba que "no era
aconsejable" una "nueva prórroga" de la ocupación temporal que se
decretó en 2010, y tampoco de los contratos de arrendamiento firmados
con los dueños de algunas de ellas a la espera de que se concrete en
Plan de Rehabilitación de la zona con la implicación de EEUU.
La mayor parte de los 324.073 metros cuadrados, a excepción de cinco
fincas, tres urbanas y dos rústicas que están localizadas en el término
municipal de Vera, se ubican en Cuevas del Almanzora, y tienen
naturaleza rústica de acuerdo a la calificación que hace el Ministerio.
Entre los afectados hay particulares, sociedades agrarias de
transformación (SAT), los dos ayuntamientos de los municipios en los que
se localiza el suelo contaminado y constructoras que adquirieron el
suelo en su día con calificación de urbanizable para uso residencial.
Así, una de las promotoras inmobiliarias concentra la propiedad de
18,5 hectáreas, de las que 9,8 son rústicas según el Ministerio de
Política Territorial y Función Pública, si bien cuando fueron sometidas a
un proceso de ocupación temporal tenían previsto desarrollo
urbanístico.
No hay comentarios:
Publicar un comentario