La iniciativa regulatoria ha sido criticada por la oposición política y por un sector de la población que encuentra contradictorio que la Junta de Andalucía promueva la recaudación por la visita a los museos y rechace sin embargo la recaudación por la visita turística a los municipios.
La Junta de Andalucía da por finalizado con esta nueva norma un periodo de 23 años. Desde 2001, el acceso a los museos y enclaves culturales gestionados por la Administración autonómica les costaba 1,5 euros a los visitantes extranjeros, entre quienes no estaban incluidos los ciudadanos de la Unión Europea.
Para los europeos, así como para los españoles y andaluces, la entrada era gratuita, salvo para acceder a la Sinagoga de Córdoba (0,3 euros) y al Conjunto Monumental de la Alhambra de Granada y al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla, cuyos precios públicos constaban en una normativa propia.
La situación da ahora un vuelco. Con excepciones y exenciones, los precios públicos quedarán establecidos en tres tramos: uno de tres euros, que es lo que costarán, por ejemplo, el enclave monumental de la Sinagoga de Córdoba y el Museo Arqueológico y Etnológico de Granada; otro de cinco euros, que será el precio de la Alcazaba de Almería o el Museo de Bellas Artes de Granada, entre otros; y otro tramo de ochos euros para visitar el Conjunto Arqueológico Madinat Al Zahra de Córdoba, los Dólmenes de Antequera, el Museo de Málaga y el Museo de Bellas Artes de Sevilla.
Es llamativa la imposición de entradas con obligación de pago en los museos de bellas artes provinciales, dada la particularidad histórica de su creación como resultado de la Desamortización de Mendizábal. Los museos de Bilbao, Valencia o Zaragoza, por citar tres capitales de España, siguen siendo gratuitos.
Distinto punto de vista tiene la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, que ha decidido la imposición de precios públicos para los museos con el objetivo, según recoge la memoria económica del proyecto de la norma, de “incrementar la inversión destinada a las instituciones culturales”.
Los precios tendrían pues un carácter finalista que incluiría la “restauración y conservación de las colecciones”, la “actuación sobre las infraestructuras” o la “adquisición de nuevos fondos paras las colecciones permanentes”, unos gastos que hasta la fecha estaban cubiertos bajo el paraguas del presupuesto anual.
La Dirección General de Museos y Conjuntos Culturales calcula en la memoria que la Consejería recaudará por los precios públicos 7,8 millones de euros anuales, 5,9 millones si no incluye a los usuarios locales. Esta cantidad, aclara la Consejería de Cultura, cubre “sólo el 20,5%” de los 28,9 millones que a la Junta le cuesta el personal, los gastos corrientes y las inversiones anuales en las instituciones culturales.
A favor de la supresión de la gratuidad de los museos está la Asociación de Museólogos y Museógrafas de Andalucía, “siempre y cuando lo ingresado revierta en el lugar en que se paga y haya un servicio de calidad”. En contra, los partidos de la oposición, quienes observan que precios de ocho euros resultan “disuasorios” para los segmentos de grupo familiar.
También crítica por el aspecto disuasorio, la profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva Rosario Leñero argumenta, además, que “la cultura, como la educación o la sanidad, constituye lo que denomina un bien semipúblico; es decir, bienes que generan un beneficio individual para quienes los disfrutan pero también poseen un beneficio social”.
“Eso explica –sostiene Leñero– que la Constitución ordene a los poderes públicos garantizar el derecho a la educación, la protección de la salud y el derecho de acceso a la cultura y que se financien con ingresos públicos. De esta medida –añade Leñero– late la idea de que el acceso a la cultura proporciona un beneficio esencialmente privado, por lo que deben ser los usuarios de los museos quienes contribuyan en mayor medida a su sostenimiento”.
Los usuarios más habituales de los museos andaluces protestaron después de que la Junta anunciara el fin de la gratuidad de los museos de gestión autonómica, sobre todo en un contexto en que la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, la misma que ordena la imposición de las entradas en las instituciones culturales, se resiste a establecer un tributo para los turistas.
Y no son pocos los dolores de cabeza que tal empeño provoca al presidente de la Junta y a los alcaldes de los municipios afectados por el turismo masivo. Los andaluces entrevistados en la encuesta sobre la tasa turística recientemente difundida por la Consejería proponían en un apartado la gratuidad de los museos para los residentes, en contraposición a los turistas. Por esa conclusión, sin embargo, no se ha sentido concernida la Consejería.
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