MÁLAGA.- Un año después de la transferencia de la gestión del litoral a Andalucía la situación no ha variado. Los empresarios de playas de la Comunidad Autónoma cifran en más de un 50 por ciento las concesiones que están pendientes de renovación, lo que supone inseguridad para el sector.
El presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas (Faeplayas), Norberto del Castillo, ha manifestado que esta situación es generalizada en toda la región, no obstante, Málaga es la más afectada ya que cuenta con más del 40 por ciento de las instalaciones andaluzas. "En Almería, Cádiz o Huelva hay más autorizaciones que concesiones", ha especificado.
La administración se escuda, según ha indicado el empresario, en que los que no tienen la concesión al día tienen autorizaciones actualizadas; sin embargo esto significa para el sector "mucha incertidumbre" ya que son por un año, lo que no invita a realizar grandes inversiones en estas instalaciones.
Las concesiones deben ser, a juicio de Del Castillo, de 30 años, con periodos, si se quiere, de 15 años más otros 15; no obstante, ha recordado que en caso de haber algún tipo de problema o incumplimiento grave por parte de estas instalaciones se le podría retirar la concesión, lo cual ya incluye la Ley de Costas.
La transferencia de la gestión del litoral a la Junta de Andalucía se hizo efectiva el 1 de abril de 2011, sin embargo, según el presidente de los empresarios de playas andaluces, "no se ha avanzado nada". En ello han tenido que ver, a su juicio, las tres elecciones celebradas --municipales, generales y autonómicas-- y que se haya transferido la gestión "pero no la economía".
Así, ha confiado en que la situación mejore en cuanto tome posesión el nuevo Gobierno andaluz. "Esperemos que la situación mejore y no sea conflictiva y se descongestione", ha recalcado Norberto del Castillo.
Un restaurante de playa conlleva gastos de luz, agua, telefonía, trabajos de albañilería, etcétera, "y con autorizaciones anuales es más difícil que se hagan obras de mejora". Además, ha recordado que esto también perjudica a la contratación de personal, puesto que no hay seguridad de que la actividad pueda continuar al año siguiente.
A ello se une una situación económica "mala", por lo que el hacer frente a inversiones es más complicado "porque no sabemos cuándo se amortizará". El turismo, ha recordado, es una industria muy sensible, y en ello los chiringuitos son un punto donde la situación es más difícil: "no sólo el que haya mal tiempo nos afecta sino que la gente ve llover en otro sitio y se cree que está lloviendo aquí, el nublado también retrae gente, al igual que el viento o el oleaje, que no invitan".
Los chiringuitos intentan cada vez con más asiduidad abrir durante todo el año para aprovechar la situación y el buen clima que, por ejemplo, ha habido durante este pasado invierno. "Nosotros estamos preparados, luchando y seguiremos presionando a la administración porque queremos dar un mejor servicio, de más calidad y estable", ha sostenido.
Respecto a la modificación de la Ley de Costas planteada por el Gobierno del PP, Del Castillo ha indicado que ellos optan por cambiar el reglamento que regula la normativa.
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