ALMERÍA.- Javier Arenas, presidente regional del PP y parlamentario Andaluz por Almería, entra de lleno en el ojo del huracán Gürtel que amenaza con arrasar tanto las expectativas electorales como la cúpula del partido conservador. Según los primeros datos sacados del sumario hecho público hoy, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos y Luis Bárcenas, fueron los introductores de Francisco Correa en el partido, y así lo hacía público la cadena SER en sus informativos de hoy.
Por su parte Javier Arenas sólo ha hecho una declaración pública respecto a los datos que empiezan a conocerse del sumario, y su intervención ha sido precisamente para salir en defensa de uno de los principales protagonistas de esta macabra historia, afirmando que se sentía muy orgulloso del trabajo realizado junto a Bárcenas, tesorero del partido mientras él era el secretario general. En el sumario se desvela que Bárcenas cobró sobornos por 1,3 millones de euros.
Otro de los puntos importantes del sumario es el papel del empresario José Luis Ulibarri, quien admite que Francisco Correo le presentaba operaciones de suelo y otros contratos en ayuntamientos del PP.
Este empresario es precisamente el punto de enganche con el Ayuntamiento de Almería, que también tendrá que responder ante los ciudadanos sobre las concesiones a empresas que figuran en el caso Gürtel, como la constructora de José Luis Ulibarri, Begar Construcciones y Contratas, encargada de ejecutar la promoción que lleva a cabo la empresa pública municipal Almería XXI con el nombre de Residencial Alhadra y que consiste en 54 viviendas que debían entregarse a sus adjudicatarios en diciembre del pasado año, según recuerda 'Teleprensa'.
La empresa de Ulibarri, imputado en la trama de corrupción ligada al PP de Madrid y Valencia, ha anunciado tras los primeros compases del escándalo Gürtel un ERE que afectó a 860 de sus trabajadores ya que los bancos se negaron a refinanciar su abultada deuda, que se cifraba en casi 400 millones de euros.
Esta situación afectó muy directamente a un grupo de empresas almerienses que trabajaban como subcontratistas en la promoción del Ayuntamiento de Almería que dirige el popular Luis Rogelio Rodríguez- Comendador, ya que no cobraban sus facturas desde hacía meses y tenían pocas esperanzas de regularizar esta situación debido a que en abril de 2009 el RAI advirtió que Ulibarri tenía 21 millones de euros de impagados correspondientes a 1.805 pagarés devueltos.
Los empresarios almeriesnes afectados se presentaron incluso en un pleno celebrado en el Ayuntamiento de Almería y mantuvieron un encuentro con el concejal de Urbanismo, Juan Megino, ex del PP que ahora dirige su propia formación política (GIAL) y que mediante un pacto refrendado por el propio Javier Arenas mantiene a Comendador en la alcaldía de Almería.
Pidieron que se les paguese a ellos directamente y no a la empresa vinculada con el caso Gütel, pero el consistorio capitalino se inclinó por ceder la obra a otra de las empresas que concursaron en su día.
El concurso de esa obra en sí también fue objeto de revisión, ya que se adjudicó una obra a una empresa que ya en 2007, fecha de adjudicación, presentaba un enorme déficit en sus cuentas. Pero el balance de cuentas debió pesar poco para la empresa pública almeriense que al final optó por la firma de Ulibarri frente a otras constructoras almerienses que también participaron en la puja.
El empresario vinculado con la trama de corrupción del PP ha crecido al amparo de concesiones realizadas en su inmensa mayoría por ayuntamientos y gobiernos de este partido. Uno de ellos, el de la ya tristemente conocida Boadilla del Monte, cuyo alcalde quedó en libertad cuando pagó los 1,8 millones de euros que se le piden de fianza.
Presuntamente, Ulibarri fue uno de los empresarios beneficiados por las adjudicaciones en las que intervino Francisco Correa, supuesto cerebro de la trama. El caso que investiga la justicia es el presunto pago de 3 millones de euros por parte de la empresa UFC, perteneciente a Ulibarri, por la concesión de una parcela en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (PP).
Las actividades de este empresario beneficiado por el Ayuntamiento de Almería con una promoción que finalmente no terminó, también se relacionan con otro de los sectores objetivo de los dirigentes del Partido Popular, las televisiones locales.
Por su parte Javier Arenas sólo ha hecho una declaración pública respecto a los datos que empiezan a conocerse del sumario, y su intervención ha sido precisamente para salir en defensa de uno de los principales protagonistas de esta macabra historia, afirmando que se sentía muy orgulloso del trabajo realizado junto a Bárcenas, tesorero del partido mientras él era el secretario general. En el sumario se desvela que Bárcenas cobró sobornos por 1,3 millones de euros.
Otro de los puntos importantes del sumario es el papel del empresario José Luis Ulibarri, quien admite que Francisco Correo le presentaba operaciones de suelo y otros contratos en ayuntamientos del PP.
Este empresario es precisamente el punto de enganche con el Ayuntamiento de Almería, que también tendrá que responder ante los ciudadanos sobre las concesiones a empresas que figuran en el caso Gürtel, como la constructora de José Luis Ulibarri, Begar Construcciones y Contratas, encargada de ejecutar la promoción que lleva a cabo la empresa pública municipal Almería XXI con el nombre de Residencial Alhadra y que consiste en 54 viviendas que debían entregarse a sus adjudicatarios en diciembre del pasado año, según recuerda 'Teleprensa'.
La empresa de Ulibarri, imputado en la trama de corrupción ligada al PP de Madrid y Valencia, ha anunciado tras los primeros compases del escándalo Gürtel un ERE que afectó a 860 de sus trabajadores ya que los bancos se negaron a refinanciar su abultada deuda, que se cifraba en casi 400 millones de euros.
Esta situación afectó muy directamente a un grupo de empresas almerienses que trabajaban como subcontratistas en la promoción del Ayuntamiento de Almería que dirige el popular Luis Rogelio Rodríguez- Comendador, ya que no cobraban sus facturas desde hacía meses y tenían pocas esperanzas de regularizar esta situación debido a que en abril de 2009 el RAI advirtió que Ulibarri tenía 21 millones de euros de impagados correspondientes a 1.805 pagarés devueltos.
Los empresarios almeriesnes afectados se presentaron incluso en un pleno celebrado en el Ayuntamiento de Almería y mantuvieron un encuentro con el concejal de Urbanismo, Juan Megino, ex del PP que ahora dirige su propia formación política (GIAL) y que mediante un pacto refrendado por el propio Javier Arenas mantiene a Comendador en la alcaldía de Almería.
Pidieron que se les paguese a ellos directamente y no a la empresa vinculada con el caso Gütel, pero el consistorio capitalino se inclinó por ceder la obra a otra de las empresas que concursaron en su día.
El concurso de esa obra en sí también fue objeto de revisión, ya que se adjudicó una obra a una empresa que ya en 2007, fecha de adjudicación, presentaba un enorme déficit en sus cuentas. Pero el balance de cuentas debió pesar poco para la empresa pública almeriense que al final optó por la firma de Ulibarri frente a otras constructoras almerienses que también participaron en la puja.
El empresario vinculado con la trama de corrupción del PP ha crecido al amparo de concesiones realizadas en su inmensa mayoría por ayuntamientos y gobiernos de este partido. Uno de ellos, el de la ya tristemente conocida Boadilla del Monte, cuyo alcalde quedó en libertad cuando pagó los 1,8 millones de euros que se le piden de fianza.
Presuntamente, Ulibarri fue uno de los empresarios beneficiados por las adjudicaciones en las que intervino Francisco Correa, supuesto cerebro de la trama. El caso que investiga la justicia es el presunto pago de 3 millones de euros por parte de la empresa UFC, perteneciente a Ulibarri, por la concesión de una parcela en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (PP).
Las actividades de este empresario beneficiado por el Ayuntamiento de Almería con una promoción que finalmente no terminó, también se relacionan con otro de los sectores objetivo de los dirigentes del Partido Popular, las televisiones locales.
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