La Junta remitirá a Fiscalía las agresiones a profesores tras aprobar decreto de autoridad de docentes

 SEVILLA.- El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el decreto que desarrolla la Ley 3/2021 de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado, unas de cuyas principales contribuciones será la iniciativa procesal que adoptará la Administración autonómica en los casos de agresiones físicas y verbales al profesorado, ya que impulsará ante el Ministerio Fiscal que califique como atentado esos episodios de violencia que sufran los docentes en los centros educativos.

El ámbito de aplicación del decreto, además de abarcar a los centros educativos, se aplicará a las actividades complementarias y extraescolares, así como cualquier situación en la que un docente pueda ser vulnerado en el ejercicio de su profesión, incluido el ciberacoso y cualquier acto que atente contra su integridad física o moral.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha explicado esta iniciativa en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

La declaración del profesorado como autoridad pública que impulsa este decreto se traduce en que "su testimonio tendrá presunción de veracidad y contará con el respaldo legal necesario en el ejercicio de sus funciones".

La norma de desarrollo de la Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado contempla también, en asistencia de los docentes, apoyo especializado a través de la creación de la Unidad de Apoyo al Profesorado en cada provincia y que ejercerán perfiles profesionales especializados.

El Gobierno andaluz ha explicado que "se trata de una herramienta fundamental para garantizar que los colegios e institutos sean entornos de enseñanza seguros y respetuosos".

Esa Unidad de Apoyo al Profesorado se encargará de atender e informar al personal docente afectado por situaciones conflictivas; tramitar las solicitudes de asistencia jurídica y psicológica y evaluar el grado de conflictividad para prevenir futuros problemas, entre otras.

Este órgano atenderá cada caso de forma individual en función de la problemática que se plantee e informará al docente afectado las acciones concretas que pudieran emprender.

La asistencia psicológica se proporciona para ayudar a superar la repercusión de agresiones o situaciones de conflicto en su salud y rendimiento laboral.

La Junta ha sostenido que el propósito principal de esta iniciativa es "reforzar la consideración y el respeto" hacia el personal docente de centros no universitarios en el ejercicio de sus funciones y de esa forma generar "un clima de convivencia y respeto en toda la comunidad educativa".

Defiende la Junta de Andalucía que el decreto busca "garantizar la protección y que puedan ejercer su labor con dignidad y seguridad" con la premisa de que un profesorado "reconocido y respaldado" es esencial para el prestigio de la educación.

El alumnado y sus representantes legales tienen el deber de respetar su autoridad, las orientaciones del profesorado y colaborar en el cumplimiento de las normas de convivencia.

El decreto también regula los procedimientos para solicitar protección jurídica y apoyo psicológico gratuitos en aquellos casos en los que sean necesario.

A preguntas de los periodistas la consejera de Desarrollo Educativo ha precisado que la asistencia jurídica será para quien tenga la condición de personal de la Junta de Andalucía, no así en los casos de los profesionales de los centros concertados, quienes sí disfrutarán de las Unidades de Apoyo.

La asistencia jurídica cubre la representación y defensa en juicio, tanto en procedimientos incoados contra el docente como en aquellos promovidos por él en defensa de sus derechos ante amenazas, coacciones o agresiones.

El decreto incluye también medidas de impulso de la valoración social de la función docente y en este sentido la Junta prevé hacer campañas informativas y divulgativas en aumento de la consideración, respeto y prestigio del profesorado, visibilizando la importancia social de su tarea.

Se establecerán las bases reguladoras de premios y distinciones educativas para reconocer al profesorado que destaque por su labor innovadora, su dedicación o por la mejora de la convivencia en los centros educativos y en los planes de formación del profesorado contemplarán la mejora de la inteligencia y competencias emocionales para reforzar la autoestima y su autoridad pública.