GRANADA.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado multar
al alcalde de Carboneras por "incumplimiento" de la sentencia
que le obliga a "plasmar" en el Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) que El Algarrobico el suelo "no urbanizable y de especial
protección desde 1994".
Greenpeace había solicitado a la sala que se ejecutase de forma "urgente" la resolución de hace un año por el que se advertía al entonces regidor, el socialista José Luis Amérigo, con sanciones coercitivas de 700 euros cada 20 días, después de que el propio TSJA anulase hace unas semanas la resolución adoptada en pleno en abril de 2023 para "desclasificar" el sector ST-1 donde se levanta el hotel de Azata del Sol.
El tribunal dice en un auto que se ha declarado la nulidad "solo" de la parte resolutiva de este acuerdo de pleno, y "no" de la "mera actuación formal" del Ayuntamiento de Carboneras en el instrumento urbanístico "realizada a propósito de la sentencia" que debe ejecutar.
Entiende que, con la convocatoria de ese Pleno, se atendieron los requerimientos que se hicieron al alcalde para que actuase en pos de dar cumplimiento al fallo.
No obstante, en el auto que anuló el acuerdo de pleno que modificaba el PGOU, se apuntó que habría sido la "intención" del Ayuntamiento "eludir" ese cumplimiento y se remarcó que la forma en la que se había hecho y su "contenido" suponían un "significativo y sustancial quebranto de los pronunciamientos de la sentencia" y "un desmán".
Para rechazar que proceda multar al alcalde de Carboneras, cargo que actualmente ocupa Salvador Hernández (C's) tras una moción de censura contra Felipe Cayuela (PP), afirma que "argumentación" de Greenpeace para pedirlo "no es útil".
Añade el TSJA que "cualquier alegato de incumplimiento que se plantee ahora habría de estar referido, en su caso, al contenido del planeamiento actualmente vigente".
Greenpeace sostiene que, al anularse a instancia de la Junta andaluza el acuerdo de pleno de abril de 2023, "se ha vuelto a la situación de ilicitud" ya que, "a fecha de hoy, los terrenos del Algarrobico han vuelto a clasificarse como urbanizables en la normativa urbanística municipal".
El Gobierno andaluz, por contra, mantiene que, tras la anulación de lo que consideró un "subterfugio" para "obstaculizar la demolición del hotel" de Azata del Sol, el suelo "no era ni es urbanizable" y considera que "así ha quedado reflejado el PGOU" de Carboneras.
Paralelamente a la petición de multa al alcalde de Carboneras, Greenpeace ha solicitado la suspensión de la ejecución de otra sentencia que obliga al Ayuntamiento a revisar de oficio la licencia municipal de obras y cuya revocación facilitaría la demolición del hotel.
El TSJA había dado un mes para que se iniciase el procedimiento por parte del consistorio, aunque el cambio en el gobierno municipal ha prorrogado los plazos.
El colectivo quiere "evitar" que el Ayuntamiento de Carboneras, "aprovechando que los terrenos han vuelto a ser urbanizables", tramite el expediente y concluya "que no se puede anular la licencia de obras debido a que en el PGOU El Algarrobico es urbanizable" y remarca que Azata, consistorio y Junta "ya utilizaron este mismo argumento en otros pleitos".
Para Greenpeace, el "único método" que ha dado resultado hasta ahora para que el Ayuntamiento "cumpla" las sentencias "ha sido la posibilidad de adoptar medidas coactivas contra el alcalde" del municipio.
Greenpeace había solicitado a la sala que se ejecutase de forma "urgente" la resolución de hace un año por el que se advertía al entonces regidor, el socialista José Luis Amérigo, con sanciones coercitivas de 700 euros cada 20 días, después de que el propio TSJA anulase hace unas semanas la resolución adoptada en pleno en abril de 2023 para "desclasificar" el sector ST-1 donde se levanta el hotel de Azata del Sol.
El tribunal dice en un auto que se ha declarado la nulidad "solo" de la parte resolutiva de este acuerdo de pleno, y "no" de la "mera actuación formal" del Ayuntamiento de Carboneras en el instrumento urbanístico "realizada a propósito de la sentencia" que debe ejecutar.
Entiende que, con la convocatoria de ese Pleno, se atendieron los requerimientos que se hicieron al alcalde para que actuase en pos de dar cumplimiento al fallo.
No obstante, en el auto que anuló el acuerdo de pleno que modificaba el PGOU, se apuntó que habría sido la "intención" del Ayuntamiento "eludir" ese cumplimiento y se remarcó que la forma en la que se había hecho y su "contenido" suponían un "significativo y sustancial quebranto de los pronunciamientos de la sentencia" y "un desmán".
Para rechazar que proceda multar al alcalde de Carboneras, cargo que actualmente ocupa Salvador Hernández (C's) tras una moción de censura contra Felipe Cayuela (PP), afirma que "argumentación" de Greenpeace para pedirlo "no es útil".
Añade el TSJA que "cualquier alegato de incumplimiento que se plantee ahora habría de estar referido, en su caso, al contenido del planeamiento actualmente vigente".
Greenpeace sostiene que, al anularse a instancia de la Junta andaluza el acuerdo de pleno de abril de 2023, "se ha vuelto a la situación de ilicitud" ya que, "a fecha de hoy, los terrenos del Algarrobico han vuelto a clasificarse como urbanizables en la normativa urbanística municipal".
El Gobierno andaluz, por contra, mantiene que, tras la anulación de lo que consideró un "subterfugio" para "obstaculizar la demolición del hotel" de Azata del Sol, el suelo "no era ni es urbanizable" y considera que "así ha quedado reflejado el PGOU" de Carboneras.
Paralelamente a la petición de multa al alcalde de Carboneras, Greenpeace ha solicitado la suspensión de la ejecución de otra sentencia que obliga al Ayuntamiento a revisar de oficio la licencia municipal de obras y cuya revocación facilitaría la demolición del hotel.
El TSJA había dado un mes para que se iniciase el procedimiento por parte del consistorio, aunque el cambio en el gobierno municipal ha prorrogado los plazos.
El colectivo quiere "evitar" que el Ayuntamiento de Carboneras, "aprovechando que los terrenos han vuelto a ser urbanizables", tramite el expediente y concluya "que no se puede anular la licencia de obras debido a que en el PGOU El Algarrobico es urbanizable" y remarca que Azata, consistorio y Junta "ya utilizaron este mismo argumento en otros pleitos".
Para Greenpeace, el "único método" que ha dado resultado hasta ahora para que el Ayuntamiento "cumpla" las sentencias "ha sido la posibilidad de adoptar medidas coactivas contra el alcalde" del municipio.
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