SEVILLA.- Era una de las principales promesas electorales del PP y se ha puesto
en marcha en un tiempo récord. El pasado 24 de septiembre, el
Parlamento ratificaba un decreto ley para regularizar la mayor parte de las 327.000 viviendas ilegales
que todavía hoy existen en Andalucía.
Se trataba de un documento
técnico y administrativo que daba a los alcaldes las armas legales para
modificar sus PGOUs e incluir en sus términos municipales como urbanos
suelos que hasta entonces no lo eran pero que llevan años albergando
colonias residenciales o barrios enteros a los que, además, han tenido
que ir dando servicios, como la recogida de basuras.
Pero se trata de una norma polémica que
tiene muchos efectos colaterales, empezando porque favorecerá que
muchos de los narcos del Campo de Gibraltar vean legalizadas las
viviendas que levantaron en suelos de su propiedad pero sin permisos
urbanísticos.
Desde la Consejería de Fomento defienden que esta regularización es el camino para encontrar un equilibrio entre el interés general y la preservación del Medio Ambiente, y los derechos que
asisten a los propietarios de estos inmuebles que los compraron de
buena fe. Es, además, un problema que se repite en todas las provincias
andaluzas.
No obstante, no podrán legalizarse las viviendas que tengan
menos de 6 años o aquellas que tengan una sentencia firme de los
tribunales, ni tampoco las que se asienten sobre suelos de especial
protección, según relata Abc.
Ley de Costas
Sin embargo, el Gobierno central considera que hay «discrepancias legales» en este decreto que chocan con la Ley de Costas y
que, por lo tanto, plantea un conflicto jurídico que debe ser resuelto
por el Tribunal Constitucional. Como paso previo al mismo, a finales del
mes de noviembre, la Ministra de Política Territorial presentó un
recurso ante la comisión bilateral de cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El
cambio en el Gobierno central ha frenado todas las negociaciones entre
ambas administraciones y la solución ha sido ampliar el plazo que
terminó el pasado mes de diciembre.
El Estado y la Junta tendrán
ahora que sentarse a negociar y, si no hay acuerdo antes del 20 de junio
de este año, el ministerio planteará un recurso de inconstitucionalidad
a todo el decreto. Hay ahora otra dificultad añadida ya que con
la nueva estructura del Gobierno central, habrá un nuevo interlocutor
en Madrid para la Consejería de Fomento.
Los reparos del Gobierno central hacen referencia a una serie de artículos,
concretamente a los artículos 2, 3, 10 a 15, 20, 24 y la disposición
adicional primera del Decreto-ley 3/2019, de 29 de septiembre, de
medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las
edificaciones irregulares en la comunidad autónoma de Andalucía. Hay
que recordar que en el Parlamento andaluz votaron a favor de este
decreto PP, Ciudadanos y Vox y el PSOE mientras que Adelante Andalucía
se abstuvo ya que consideraban que no resolvía el problema.
Todo sigue igual
Desde
el Gobierno andaluz explicaron a Abc que el proceso iniciado con este
decreto sigue adelante, ya que no hay ninguna orden legal en contra. Es
más, la Consejería de Fomento ha mantenido reuniones con alcaldes en todas las provincias andaluzas para explicarles cómo hay que aplicar el decreto y cuáles son los pasos legales a seguir.
Unas
convocatorias que han sido multitudinarias porque los alcaldes son los
primeros interesados en resolver la situación de estas viviendas que,
además, van a suponer una importantísima entrada de dinero para sus
arcas municipales. Porque, hasta ahora los propietarios de estas viviendas pagaban un IBI rural ya que los suelos están catalogados como rústicos, y ahora tendrán que abonar un IBI urbano, que es muchísimo más elevado.
La regularización de las viviendas ilegales no es nueva en Andalucía.
Durante años, los sucesivos gobiernos han ido regularizando muchas de
ellas respondiendo así a la presión de los propietarios y también de los
alcaldes.
En los últimos quince años, la Junta ha regularizado 25.000 viviendas calificadas hasta entonces como ilegales, alegales o irregulares, en diferentes procesos que han supuesto un caos burocrático.
Porque desde el año 2002, las normas urbanísticas andaluzas se han modificado hasta en una docena de ocasiones dando
cabida en cada una de ellas a un tipo determinado de viviendas pero sin
resolver el problema de fondo.
Hay, además, un grupo de propietarios
extranjeros muy activo que lleva años denunciando su situación en la
Costa del Sol y en Almería. Compraron las viviendas de buena fe y,
cuando se dieron cuenta, no estaban calificadas urbanísticamente como
tales. El último decreto de la Junta pretende resolver definitivamente
este conflicto.
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