SEVILLA.- La falta de eficacia de las oficinas públicas de empleo para
encontrar trabajo a los parados andaluces tiene una explicación
sorprendente: los orientadores no tienen información que puedan
proporcionar al desempleado que acude a buscar ayuda sobre dónde se
ofrece un puesto de trabajo acorde a su perfil laboral. Tampoco las
empresas encuentran utilidad en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para
reclutar mano de obra porque no se les proporcionan candidatos
preseleccionados que se ajusten a sus necesidades,según se recoge en Abc.
«Tiene que quedar claro que este déficit no es un problema de los trabajadores del SAE.
Los empleados son muy buenos, pero nadie les decía lo que tenían que
hacer. No se pilotaba. Era todo iniciativa propia, voluntarismo, sin
método ni herramientas de trabajo», incide el viceconsejero de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Miguel Ángel García.
Este economista y exdirector general de Ordenación de la Seguridad
Social fue reclutado por la consejera de Empleo, RocíoBlanco, que antes
de entrar en política con el nuevo Gobierno de PP-Ciudadanos era
directora de Tesorería de la Seguridad Social en Málaga.
Miguel
Ángel García gestiona en primera línea la reforma del SAE incluida en el
Plan director de las Políticas de Empleo y Relaciones Laborales puesto
en marcha por Rocío Blanco. El éxito de esta reforma estructural será uno de los termómetros principales para medir la gestión del Gobierno andaluz.
Tasa del 22% y 780.000 parados
Andalucía tiene casi un 22% de tasa de paro (ocho puntos más que la media nacional) y 780.000 desempleados.El SAE solo intermedia en el 2,7% de los contratos laborales que
se firman en la región y de esa pequeña cuota, el 96% son
contrataciones del sector público y solo un 4% de empresas privadas. Dar la vuelta a las cifras es el gran reto de la Legislatura.
La
red de 72 oficinas del SAE con sus 3.450 trabajadores es una de las
palancas que se quiere utilizar con todo su potencial y nuevas
herramientas de gestión, basadas en tecnologías de la información como
la inteligencia artificial o el big data.
De la amplia plantilla del SAE, 1.050 empleados son funcionarios de carrera,
500 son laborales que pueden ejercer potestades administrativas y el
resto no tienen reconocidas esas competencias. La consejería está
confeccionando una nueva relación de puestos de trabajo que cambiará el
tipo de funciones que desempeñan los profesionales.
«Hay que
reforzar mucho, por ejemplo, la orientación laboral y para ello se va a
crear un departamento de análisis descriptivo del mercado laboral, otro
de evaluación y se va a impulsar la intermediación con agentes que visiten empresas para
que realmente podamos saber qué necesitan e intentar crear esos
servicios», avanza el viceconsejero.
«El uso que hacen las empresas del
SAE es muy pequeño y tenemos que conseguir, primero llegar a ellas y
luego ofrecerles soluciones útiles, como la selección de los candidatos
para los puestos de trabajo que oferten», subraya.
Para
cambiar las dinámicas del SAE, los responsables de la consejería han
visitado oficinas públicas de empleo de varias comunidades autónomas y
han hablado con servicios de Alemania y Reino Unido.
«Queríamos ver qué
ofrecían para copiar las cosas que funcionan y no hemos encontrado ningún lugar donde se den unos servicios públicos como nosotros pensamos que se pueden dar, ni siquiera en el País Vasco, donde se gastan el doble por habitante que Andalucía», apunta.
«También
nos hemos sentado junto a los trabajadores del SAE delante de sus
pantallas de ordenador para ver con qué herramientas cuentan para
funcionar y hemos llegado a la conclusión de que lo único realmente útil
es que podamos incorporar una información a la que ahora mismo ni se accede, ni se gestiona, ni se trata»,
señala Miguel Ángel García.
En este sentido, concreta que la
información disponible hasta ahora se limita a la experiencia y la
formación de los desempleados y que hay que incluir toda la relacionada
con el tejido productivo.«Esa será la gran novedad», anuncia el
responsable de Empleo.
Perfilado del mercado laboral
La consejería sacará a licitación pública, «como muy tarde» en la primera semana de febrero,
el perfilado del mercado laboral andaluz, que permitirá acceder a
información muy detallada y sistematizada para poder casar la oferta y
demanda.
«Hemos hablado con todas las consultorías y empresas TIC
interesadas y lo que nos ha parecido positivo es que cuando hemos hecho
este planteamiento nadie nos ha dicho que estamos locos o que es una
tontería, sino al contrario. Les ha parecido que es una buena iniciativa
que puede ser puntera en España», subraya el viceconsejero.
La consejería ya tiene preparados los pliegos de la licitación, que se hará por etapas.«La primera será de tipo descriptivo y lo que pretendemos es que, por primera vez, el desempleado cuando llegue al orientador pueda decirle soy fontanero y vivo en Almería; y poderle informar de si hay trabajo de lo suyo en esta provincia o no, y si hay otras posibilidades de colocación».
La segunda etapa es orientativa:
«Decir a este mismo desempleado que si se cualifica en determinadas
competencias sus posibilidades de encontrar trabajo en Almería en otros
sectores de actividad aumenta, y que, por tanto, se puede cualificar en
algo en concreto». Este paso servirá también para establecer los
contenidos de la formación para el empleo y las acreditaciones de la
formación profesional que deba programar la Consejería de Educación.
La tercera etapa es predictiva:
«Con modelos en los que se incorporen las variables que más influyen en
la evolución de la demanda podremos predecir a corto plazo (de diez a
doce meses) si las posibilidades de que haya trabajo en actividades
determinadas son mayores o menores. Se trata de adecuar el nivel de
empleabilidad de las personas a la evolución de tejido productivo. Esta
etapa es anticipatoria», define García.
En resumen, el plan
consiste, primero en informar, luego en orientar y por fin anticiparse a
la oferta laboral para orientar certeramente la formación. «Esto es un cambio estructural dentro del SAE porque los orientadores tienen que ser el centro de la actividad ya
que también serán prescriptores de formación y tendrán cosas que
ofrecer, no solo a los trabajadores, sino también a las empresas. La
intermediación se multiplicaría porque tendríamos mucha más
información».
La primera de las tres etapas se pretende que esté
ya en operación en noviembre de este año y el plan completo se programa
para toda la Legislatura. «Se está evaluando el coste de la licitación.
Afortunadamente, tenemos recursos del Fondo Social Europeo porque después hay que hacer una plataforma informática que soporte todo este nuevo sistema», explica Miguel Ángel García.
Presupuesto del SAE
El
SAE dispone de 262 millones de euros este año, incluidos los sueldos
del personal, para esta labor de servicio público de empleo. Esta cifra
representa el 40% de su presupuesto total, que asciende a 642 millones, casi la mitad de todos los recursos de la consejería de empleo (1.151 millones).
Además de gestionar su red de oficinas, el SAE tiene competencias en Políticas Activas de Empleo y en salud y relaciones laborales. En el primero de estos campos, el cambio de gestión también será profundo. «Hay mucho consenso entre los expertos en que la formación es la política activa más eficaz de
lejos y nosotros le vamos a dar prioridad absoluta», avanza el
viceconsejero de Empleo.
Recuerda que en Andalucía la formación estaba
parada desde el año 2011, tras las irregularidades detectadas en el
sistema de subvenciones, y que desde entonces solo se han hecho dos
pequeñas convocatorias, en 2016 y 2018, que suman 25 millones de euros.
Empleo estima que se han dejado de gastar 200 millones anuales en este
capítulo. Este año su previsiòn es licitar cursos por 80 millones.
El departamento de Rocío Blanco ya ha anunciado que abandona el sistema de subvenciones.
«Pensamos que tiene incentivos perversos, como generar facturas,
algunas difíciles de controlar», señala García. El método será también
la licitación. En este primer trimestre del año saldrán las primeras
convocatorias. «Esperamos poder licitar una cantidad importante»,
anuncia.
Y si antes eran los proveedores los que ofrecían los contenidos de los cursos, a partir de ahora la Consejería dispondrá de un «banco de proyectos» con las prioridades formativas de las empresas.
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