jueves, 14 de noviembre de 2019

La Cámara de Cuentas censura la gestión del Plan Integral para la Inmigración

ALMERÍA.- La Cámara de Cuentas es rotunda en su valoración del el III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía (Periodo 2014-2016), y señala que su gestión y control ha sido “ineficaz” según el informe consultado por Noticias de Almería.

Este plan fue aprobado mediante el Decreto 124/2014, de 2 de septiembre, como instrumento de planificación y coordinación de todas las políticas de la Junta de Andalucía en materia de inmigración para el periodo 2014-2016, con el fin dea dar continuidad a los dos anteriores: el “I Plan Integral para la Inmigración en Andalucía” (periodo 2001-2004), aprobado mediante el Decreto 1/2002, de 9 de enero, y el “II Plan Integral para la Inmigración en Andalucía 2006- 2009”, aprobado por el Decreto 92/2006, de 9 de mayo. Por tanto, el III PIPIA constituye el instrumento legal donde se desarrolla la planificación en materia de inmigración para el periodo 2014-2016.
El presupuesto estimado para ese escenario temporal alcanza los 1.257.275.102,05 euros, que se distribuye en 11 áreas de intervención.
La metodología de intervención incluida en el plan desagrega las áreas de intervención en 67 objetivos específicos, 172 medidas de actuación y 524 indicadores para cada uno de los ejercicios que abarca. 
Respecto al diseño y planificación del plan “se ha constatado que los diferentes centros gestores y directivos no disponen de un adecuado conocimiento del conjunto de las áreas y objetivos, y su participación se concreta en la gestión de aquellos en los que son responsables, por lo que a pesar de tratarse de un plan de carácter transversal no hay un conocimiento generalizado en la organización” se recoge en el informe de la Cámara.
En relación con el modelo de estructuración y vertebración del plan,” se han identificado deficiencias en las características, y una falta de unidad y homogeneidad en la formulación de los objetivos, medidas de actuación e indicadores que conforman la metodología de intervención, con ausencia de unos criterios previos en la enunciación, falta de claridad y se han detectado duplicidades y solapamientos” se afirma.
El plan cuenta con una batería de 524 indicadores “lo que constituye un número excesivamente elevado que hacen que no sean manejables, dificulta su uso y en ocasiones no aportan valor añadido” detallan los autores del informe, que añaden que “los indicadores no reflejan la consecución de los objetivos y sólo captan realizaciones y no resultados, a veces engloban en un solo indicador varios parámetros como el número, tipología y gasto de las acciones”.
Respecto a las características individuales de los indicadores, “se puede concluir que, aunque mayoritariamente los indicadores están relacionados con los objetivos específicos y las medidas de actuación del plan, existe un elevado volumen de indicadores que presentan incidencias en algunas de las características individuales que afectan a la cualidad del objetivo que pretenden medir y que no proporcionan información o la que muestran no es relevante”. 
“La ausencia de criterios e indicadores de resultados dificultan el análisis y seguimiento permanente de la ejecución del plan” se quejan desde la Cámara de Cuentas, hasta el punto que señalan que “el sistema de control y seguimiento del Plan ha resultado ineficaz, se han identificado deficiencias en los valores presentados en los informes técnicos de seguimiento y en la evaluación externa final de los indicadores y de ejecución presupuestaria”.
“No existe un procedimiento estandarizado en la organización, elaboración, mantenimiento y custodia de los datos que remiten los centros gestores de la información relativa al III PIPIA” dicen tajantemente.
El nivel de implantación y desarrollo se ha verificado de acuerdo a la metodología de intervención recogida en el plan y que se desagrega en objetivos, medidas e indicadores. En ese sentido constantan, en relación con los objetivos específicos previstos, se han alcanzado el 46,27% (93) en su totalidad y el 34,83% (70) de forma parcial. No se han cumplido el 18,91% (38). 
Se ha constatado que 30 (de los 163) objetivos ejecutados se han realizado con presupuesto nulo y, por tanto, con recursos de los propios centros gestores. El 63,57% (328) de las medidas se han ejecutado, el 2,33% (12) lo han hecho parcialmente y no se han realizado el 34,11% (176). Se han identificado 332 indicadores asociados a medidas ejecutadas”que no presentan valores ya que los sistemas de información disponibles no permiten obtener la información necesaria para cumplimentarlos”. 
El 42,94% (146) de las medidas ejecutadas están dirigidas de manera específica a la población migrante, mientras que el restante 57,06% (194) son medidas dirigidas a toda la población en la que los inmigrantes se convierten en receptores como el resto de colectivos.
El importe de gasto ejecutado presenta una desviación respecto al presupuesto estimado de 335.055.069,84 euros, que se obtiene por diferencia entre el gasto estimado inicial (1.257.275.102,05 euros) y el importe de gasto ejecutado corregido (922.220.032,21 euros). El 97,28% (897.172.312,64 euros) del gasto ejecutado responde a algún tipo de cálculo o estimación frente al 2,72% (25.047.719,57 euros) que se identifica con obligaciones reconocidas en los presupuestos (gasto presupuestario) de los respectivos centros gestores. Se ha verificado que la forma de calcular o estimar el gasto ejecutado no es homogénea, sino que se realiza por cada centro directivo de acuerdo a los datos disponibles. Así como que existe un grado de concentración muy elevado del gasto ejecutado, ya que tres medidas (3.1.1, 1.2.1 y 1.1.2) representan el 87,12% del gasto sobre el total. 
“No existen datos y criterios consensuados que permitan estimar y cuantificar el importe total de gasto presupuestario que conlleva la ejecución del III PIPIA” aseguran.
La dispersión y amplitud de objetivos y medidas que contempla el plan reduce la eficacia del gasto según la Cámara, que también concluye que “la ausencia de una coordinación y participación conjunta a nivel de planificación y ejecución presupuestaria ha afectado a la asignación de los recursos y su uso eficiente”.

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