Nueve expresidentes de las cuatro autonomías más pobladas están imputados o pendientes de sentencia

MADRID.- Con España pendiente de una solución al grave bloqueo institucional, los procesos por corrupción regresan a la agenda política en plena negociación para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez.

La Audiencia Nacional sufre un engorroso colapso por las investigaciones de tramas corruptas que se eternizan entre comisiones rogatorias, recusaciones, reformas y apelaciones. Algunos casos llevan instruyéndose más de 10 años y aún no hay fecha para la celebración del juicio oral. Hay procesos abiertos a políticos relevantes que hace más de 15 años dejaron de ejercer responsabilidades públicas. En las próximas semanas, algunos de esos procesos volverán a agitar la batalla política, recuerda hoy El País.

Nueve expresidentes de las cuatro autonomías más pobladas de España —Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana— están imputados, procesados o pendientes de sentencia por delitos de corrupción cometidos entre 1995 y 2015. Decenas de empresas privadas están involucradas en el pago nunca declarado de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos millonarios.

Los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, procesados y ya juzgados, conocerán el próximo martes 19 de noviembre la sentencia por el supuesto fraude de los ERE en la Junta de Andalucía: la concesión entre 2000 y 2010 de al menos 741 millones de euros a casi un centenar de empresas para financiar las prejubilaciones de más de 6.000 trabajadores que se quedaron en paro.

El fiscal pide seis años de cárcel a Griñán por malversación y la inhabilitación de Chaves por prevaricación. El caso ERE se ha convertido en el símbolo principal de la corrupción socialista que denuncia el PP desde que estalló este escándalo.

El lucro de la familia Pujol

El expresidente catalán Jordi Pujol, algunos de sus hijos, y parte del Gobierno de Artur Mas, siguen investigados por corrupción en la Audiencia Nacional con múltiples pruebas del cobro de comisiones ilegales que pagaron durante más de una década contratistas de la Generalitat de Cataluña para enriquecimiento de la familia Pujol o del partido Convergencia i Unió. La investigación judicial se prolongará hasta 2021 antes de que se abra juicio oral.

Francisco Camps ha sido procesado por corrupción y se enfrenta a una petición fiscal de dos años de cárcel por tráfico de influencias y fraude a la administración pública. Más de la mitad de su Gobierno ha sido condenado o está imputado en otras causas por delitos similares.

El expresidente Eduardo Zaplana llegó a pasar ocho meses en prisión por un caso de corrupción conocido ahora de su etapa al frente de la Comunidad Valenciana (1995-2002).

José Luis Olivas, expresidente valenciano entre 2002 y 2003 también está imputado y procesado en varios procesos vinculados a sus responsabilidades en Bancaja, Banco de Valencia y Bankia.

Financiación ilegal

Esperanza Aguirre fue imputada el pasado septiembre junto a Ignacio González y Cristina Cifuentes, todos ellos expresidentes de la Comunidad de Madrid, por la supuesta financiación ilegal del PP a través de empresas contratistas de la administración autonómica.

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno entre 2011 y 2018, dejó el poder a la fuerza, derribado por una moción de censura cuyo origen fue la sentencia del caso Gürtel, una extensa trama de corrupción que colonizó varias administraciones públicas dirigidas por el PP. Esta formación fue condenada en mayo de 2018 a pagar una multa de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por la trama corrupta.

Dentro de unos meses, la Audiencia Nacional concluirá la investigación abierta en 2013 sobre el caso Bárcenas, una caja b del PP que funcionó durante 20 años alimentada con más de ocho millones de euros por las donaciones opacas de empresas privadas, la mayoría contratistas de la administración.

Desde 1989, origen del caso Filesa, hasta hoy, con el caso Villarejo y sus múltiples piezas separadas, la corrupción ha salpicado de manera grave a los dos partidos políticos, PSOE y PP, que se han alternado durante este tiempo en el Gobierno de España. Han sido 30 años de corrupción sin apenas interrupciones. Muchos de esos casos se resuelven ahora en los tribunales tras largos años de investigación. El escándalo regresa así a un escenario político cargado de incertidumbre e inestabilidad.

La reputación de la política continúa bajo mínimos. Las promesas de regeneración democrática contra los escándalos públicos se han colado con estrépito en los programas de los partidos desde 2009. Ese año, el estallido del caso Gürtel extendió una gigantesca sombra de sospecha sobre el PP. Desde entonces, todas las formaciones incluyen en sus programas medidas para combatir esa lacra.

Las cloacas agitan las tramas

 

Las cloacas del Estado, integradas por policías que hacen trabajos sucios sin cobertura judicial, se han incorporado en los últimos años al historial de la corrupción política en España. En algunos casos, esas cloacas han ayudado a destapar tramas corruptas, como el caso Pujol, en Cataluña. En otras ocasiones, han colaborado con redes de corrupción para evitar que fueran descubiertas.
El caso Villarejo estalló hace más de dos años y puso de manifiesto como un comisario de policía, ayudado por otros, trabajó para obstaculizar la investigación del caso Gürtel en connivencia con dirigentes del Partido Popular.
La investigación del caso Villarejo ha permitido conocer también como desde el Ministerio del Interior se pagaron fondos reservados durante el Gobierno del PP para una operación destinada a robar documentación al extesorero popular Luis Bárcenas, encarcelado por corrupción. El juez que investiga la caja b del PP, que Bárcenas gestionó entre 1990 y 2009, nunca supo que desde Interior se había ordenado el robo de documentación que el extesorero guardaba en su casa.
Esa misma policía, al servicio del Ejecutivo del PP, montó acusaciones de corrupción contra Podemos y su líder, Pablo Iglesias, con informaciones falsas en una operación de acoso a un partido político financiada con fondos públicos.  El comisario José Manuel Villarejo, encarcelado desde hace dos años, se lucró con sus empresas privadas ofreciendo servicios que vulneraban la legalidad. Algunos de esos servicios, conocidos ahora, han destapado nuevos casos de corrupción.