MELILLA.- La titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Melilla, tres años
después, ha acordado levantar el secreto de la parte principal del
sumario que investiga la presunta compra de votos en las elecciones
municipales y autonómicas de 2023 en la ciudad española del norte de
África, en el que están encausadas decenas de personas y que provocó que
el ex presidente de Melilla y actual líder de CPM, Mustafa Aberchán, y
cuatro ex consejeros del anterior Gobierno local estuvieran en prisión
71 días.
Según la resolución judicial, la magistrada Carmen María Perles Sánchez ha dictado un
auto en el que ordena hacer públicas las actuaciones relativas a la
causa principal y a varias piezas separadas del procedimiento,
manteniendo aún bajo secreto otras diligencias que continúan en
investigación.
La operación se sigue contra Aberchán y los ex consejeros
Dunia Almansouri, Rachid Bussián, Hassán Mohatar y Mohamed Ahmed, todos
ellos integrantes del Ejecutivo melillense entre junio de 2019 y mayo
de 2023 que presidía Euduardo de Castro (expulsado de Ciudadanos) en
coalición con PSOE y CPM. Los investigados fueron detenidos los días 5 y
6 de marzo de 2024 y permanecieron en prisión durante 71 días.
En el auto judicial, se recoge que las diligencias previas fueron
incoadas el 24 de abril de 2023 por la presunta comisión de delitos de
organización criminal, fraude electoral, delito contra la intimidad,
fraude en la contratación pública, malversación de caudales públicos,
blanqueo de capitales y financiación ilegal de partidos políticos, entre
otros.
La resolución detalla que la causa se estructura en
una pieza principal y otras seis piezas separadas. En la principal se
investigan hechos relacionados con una supuesta organización criminal
destinada a manipular procesos electorales celebrados en Melilla desde
2019 mediante la compra de voto por correo y la elaboración de una
presunta base de datos ilegal obtenida inicialmente del padrón municipal
y posteriormente ampliada.
Asimismo, la pieza tercera, cuyo
secreto ya fue levantado en marzo de 2024, investiga una supuesta
adjudicación fraudulenta de contratos públicos.
Según la instructora, el
objetivo habría sido financiar la compra de votos por correo en las
elecciones de 2019 y 2023, así como recompensar a colaboradores mediante
un sistema que afectó "a centenares de expedientes de adjudicación"
gestionados desde consejerías dirigidas por miembros de CPM.
La pieza cuarta se centra en un posible blanqueo de capitales derivado
de las presuntas "mordidas" obtenidas mediante esas adjudicaciones,
mientras que la quinta aborda la supuesta financiación ilegal del
partido político.
La magistrada explica que el levantamiento
parcial del secreto se produce después de que, desde octubre de 2025, se
hayan incorporado al procedimiento los informes policiales relativos al
análisis de los principales dispositivos electrónicos intervenidos
durante los registros y detenciones. El último de esos informes fue
remitido el pasado 29 de abril.
No obstante, el juzgado
mantiene bajo secreto la pieza sexta y parte de la pieza segunda, al
considerar que "su conocimiento podría perjudicar investigaciones
abiertas sobre nuevos hechos detectados durante la instrucción y sobre
posibles derivaciones a otros órganos judiciales".
El auto
señala además que "existen problemas técnicos en el sistema informático
que impiden, por el momento, levantar parcialmente el secreto de la
pieza segunda", aunque el juzgado prevé hacerlo "en un plazo aproximado
de diez días" tras recibir asistencia técnica. Contra esta resolución
cabe recurso de reforma y apelación.
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