MADRID.- En Palomares, la pedanía de Almería que se hizo famosa por la caída de cuatro bombas
termonucleares de un B-52 en enero de 1966, han decidido recurrir al
cannabis para tratar de descontaminar los terrenos afectados por aquel
accidente nuclear, según Público.
La asociación Flecha Verde ha presentado un proyecto,
que cuenta con la colaboración de departamentos de investigación de
varias universidades, para plantar cáñamo en una de las parcelas
valladas tras el siniestro, siguiendo la experiencia realizada en
Chernóbil y en la región italiana de Apulia, donde las raíces del cannabis han absorbido los metales pesados procedentes, en un caso, de la central accidentada en Ucrania, y de una fábrica de aluminio, en el otro.
Ya han pasado 54 años de aquel desastre en lo que era un pueblecito
del municipio de Cuevas del Almanzora, en el levante de la costa
almeriense, donde dos aviones de las fuerzas aéreas de EEUU chocaron en
el aire durante una maniobra de abastecimiento de combustible y cayeron
cuatro bombas con carga nuclear sobre el mar y la tierra de Palomares.
Ha pasado ya más de medio siglo del baño que Manuel Fraga Iribarne
se dio en la playa de esa pedanía almeriense para intentar demostrar al
mundo que todo estaba limpio, que si él, un ministro del generalísimo
Francisco Franco, se daba un chapuzón, allí no había ningún peligro para
la salud.
Han transcurrido más de cinco décadas desde entonces y en ese
pueblo permanecen valladas cuatro parcelas con una superficie de 40 hectáreas contaminadas en su mayoría con plutonio, procedente de aquellas bombas, símbolo de un desastre que aún no se ha logrado borrar.
Es en esos terrenos donde pretende intervenir la Asociación por
Palomares Flecha Verde, una organización de reciente creación harta de
que pasen los años, las décadas, y nadie haya acabado con la
contaminación causada por uno de los mayores accidentes nucleares del
mundo.
Un estudio del Gobierno español, realizado en 2008, halló medio kilo de plutonio en 50.000 metros cúbicos de tierra. Y ahora una plantación de cannabis sativa podría acabar con todo ese veneno.
Al menos eso es lo que pretenden los promotores de un proyecto piloto
que, en un principio, se llevaría a cabo en una hectárea de terreno para
comprobar sus resultados y la viabilidad para una posterior
ampliación.
Un estudio del Gobierno español, realizado en 2008, halló medio kilo de plutonio en 50.000 metros cúbicos de tierra
El proyecto, según el presidente de la asociación, Indalecio Modesto, se basa en el sistema de fitorremediación, que consiste en la utilización de vegetales para la descontaminación de suelos o
la depuración de aguas mediante la absorción de los metales pesados o
plaguicidas. Concretamente, las plantas absorben la sustancia
contaminante para metabolizarla, reduciendo en gran medida o incluso
evitando su liberación a otras zonas, a través de su degradación, en el
caso de los compuestos orgánicos, y su estabilización o extracción, en
el caso de los inorgánicos.
Y la planta de la que se extrae la materia
prima para el cáñamo industrial, cannabis sativa, ya ha sido utilizada
con éxito como medio de fitorremediación en otras zonas contaminadas: en
la región de Apulia en el sur de Italia, donde un centenar de
agricultores y ganadores recurrieron a ella para reducir la polución
causada por una de las mayores factorías de acero de Europa; y en
Chernóbil, donde se plantaron hectáreas de girasol y cáñamo para
aminorar los devastadores efectos del accidente de la central nuclear.
Y
en Japón, optaron por el maíz para absorber los metales pesados del
reactor de Fukushima, porque su legislación le impedía recurrir al uso
del cannabis.
Mario Land, médico experto en la aplicación del cannabis con fines
medicinales, colaborador del proyecto de Flecha Verde, explica que la
planta de la que se obtiene el cáñamo para uso industrial, con un ínfimo
nivel de THC (componente psicoactivo) tiene un alto poder de absorción de metales pesados a través de sus raíces, capaz de reducir a la nada la contaminación de un terreno en menos de cinco años.
En este caso, según Land, se trataría de medir previamente la radiación de la superficie contaminada con altas dosis de plutonio y americio,
y luego observar su evolución y la cantidad de metales pesados
absorbida por las plantas para calibrar los resultados del proyecto.
Para ello, cuentan ya con la colaboración de científicos de varios
departamentos de las universidades de Almería, Granada y Barcelona, que
se encargarían del seguimiento y análisis de la experiencia.
En el proyecto participa también Héctor Brotons, uno de los abogados
más reputados de España en todo lo relacionado con el cannabis en el
ámbito jurídico, quien precisa que, por tratarse del cultivo de la
planta para cáñamo industrial, la concesión de los permisos para este
programa piloto correspondería al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, a lo que habría que añadir la autorización del
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) del Ministerio de Ciencia e Innovación, encargado de la custodia de los terrenos contaminados.
Brotons estima que el proyecto, aunque se encuentra aún en una fase incipiente, podría llevarse a cabo en el plazo de dos o tres meses,
una vez obtenidos los permisos necesarios y solventada su financiación.
Después, una vez que estuviera en marcha, habría que determinar el
destino de las plantas utilizadas, en función de los metales pesados que
hayan absorbido y de la necesidad de guardarlas o no en depósitos
especiales para evitar cualquier contaminación.
"Convivir en un entorno sin riesgos para la salud, libre de contaminación, sin el lastre de la radiactividad, es una cuestión de derechos humanos,
del mismo modo que lo es que las personas y poblaciones puedan
desarrollarse social y económicamente en función de sus posibilidades y
esfuerzo", subraya la asociación Flecha Verde en el enunciado de sus
principios fundacionales.
Esta organización, además del cultivo de cannabis con fines descontaminantes, se propone fomentar la educación ambiental
y el conocimiento sobre la protección de la naturaleza, mediante la
cooperación con organismos del Estado, comunidades autónomas,
ayuntamientos y universidades.
El uso de los terrenos contaminados en esta pedanía se encuentra
pendiente de una sentencia de la Audiencia Nacional, que debe decidir
ahora sobre una demanda de Ecologistas en Acción, organización que
denunció que entre 2011 y 2016 el CIEMAT trasladó de forma irregular a
ese pueblo almeriense cerca de seis toneladas de material radiactivo que
procedía de antiguos muestreos de tierra de Palomares almacenados en
unos bidones en una nave junto a la Universidad Complutense.
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