MADRID.- Mañana lunes finaliza el plazo de un mes que el Gobierno concedió a la Región de Murcia para que retirar el veto parental (conocido
como 'pin parental'), una medida promovida por Vox e implantada a
principios de curso en esta comunidad, gobernada por PP y Ciudadanos.
Sin embargo, la consejería de Educación y Cultura ha reiterado que no atenderá el requerimiento del ministerio de Educación y Formación Profesional.
La
ministra Isabel Celaá ha repetido durante los últimos días que si
Murcia no da su brazo a torcer, su departamento solicitará en los
tribunales la suspensión cautelar del veto,
mecanismo que permite a los padres tener información previa de los
talleres y charlas (no confundir con extraescolares) incluidas en el
horario escolar e impartidas por personal ajeno al centro. Su contenido
abarca muchos temas.
Por ejemplo, la seguridad vial, el acoso escolar o la conviviencia pacífica entre personas con diferentes opciones sexuales.
El Ministerio esperará al martes para que sus servicios
jurídicos preparen el recurso, que se presentaría "en pocos días" ante
el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por la vía contencioso
administrativa, señalan fuentes del departamento.
"No se está litigando con Murcia, el ministerio tiene la
obligación de garantizar el derecho de los menores a la educación",
añaden estas fuentes, en la misma línea del discurso defendido por Celaá
desde que anunció, el pasado 16 de enero, que llevaría a los tribunales
cualquier iniciativa "dirigida a socavar el derecho a la educación y
censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado".
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