MADRID.-
"El sector del juego cumple las normas; policialmente no vemos ningún
gran problema social". Lo afirma tajante el jefe del Servicio de Control
de los Juegos de Azar y Apuestas de la Policía Nacional, el cuerpo que
vigila desde hace 43 años que jugar y apostar en salas o casinos sea
totalmente seguro.
Javier
Molinera lleva al frente de este servicio siete meses tras la
jubilación de su predecesor, que puso en marcha una brigada especial
cuando se despenalizó en España el juego en 1977.
Cuatro
décadas después, el escenario ha cambiado (solo los salones de juego
suman ya más de 3.000), pero la misión de la Policía sigue siendo la
misma: controlar que el sector cumpla las normas y que no sea ensuciado
con actividades delictivas como los amaños de apuestas, las estafas o el
blanqueo.
"Trabajamos
para que el jugador que responsablemente juega sepa que accede a una
actividad lúdica y segura, que sepa que no le van a engañar", destaca
Molinera.
Y
en ello está este servicio de control, integrado por 13 agentes y tres
grupos operativos especializados y con sede en Madrid, aunque esta
"unidad" cuenta con otros 85 efectivos en diferentes provincias.
En
pleno debate sobre una nueva regulación del sector que tiene casi lista
el Ministerio de Consumo y que afectaría sobre todo a la publicidad con
el objetivo de proteger a los menores, el inspector jefe Molinera
aclara que la problemática del juego es compleja por la amalgama de
normas diferentes a las que está sujeta.
El
Gobierno tiene la competencia en los juegos de azar en línea (apuestas,
juegos de casino, maquinas de azar, póquer y bingo), además de en los
juegos que se producen en todo el territorio (como las Loterías y
Apuestas del Estado y la ONCE), mientras que las comunidades son
competentes en los de su ámbito territorial, como las casas de apuestas
presenciales y los salones de juego.
Con
17 regulaciones sobre la mesa, más las propias de cada actividad -hay
normas para las máquinas recreativas y otras para los casinos-, Molinera
deja claro que las 3.000 salas de juego "no
son incumplidoras" con la norma.
"Si
existe un problema y la comunidad autónoma lo remedia, el sector no se
queja ni piensa que se vulneran sus derechos", opina el inspector jefe,
que defiende que hay que mejorar siempre en la regulación para controlar
que "juegue quien pueda jugar".
Ahora
bien, advierte: Los requisitos que ponen al sector son los que se
ponen, por ende, al jugador. Si este ve que tiene muchos requisitos,
habrá quien se marche a un juego ilegal libre sin control y esto hay que
evitarlo.
Desde 2014 el juego en general no ha dejado de crecer, si bien las actas de sanción, dice Molinera, "no han ido a más".
"Policialmente
no vemos ningún problema social que no se pueda atajar. Cuando hacemos
inspecciones, normalmente todo es correcto, y cuando hay algo que no se
ajusta a la norma, se propone para sanción", afirma este policía, antes
de dejar claro que si hay un menor jugando o alguien adicto y enfermo,
la Policía tiene que trabajar para dar una respuesta con la norma
vigente o para impulsar un cambio en la misma.
En
2019, la Policía Nacional realizó 64.524 inspecciones y levantó 1.467
actas de sanción de todo tipo, desde incumplimiento de horario de
apertura (lo regula la comunidad), que algún jugador estuviera fumando
en el interior o la presencia de indocumentados, de menores o de
personas que tienen prohibido el acceso a un salón de juego.
De
estos últimos se conoce la cifra, dice Molinera. 50.000 personas
figuran en la base de datos de la Dirección General de Ordenación del
Juego para que no les permitan la entrada a un salón de juegos. Se
registraron voluntariamente, conscientes del problema que suponía en sus
vidas jugar.
La Policía revela que entre los que últimamente se han "autovetado" hay un joven de 19 años.
"Cuando
hay 50.000 personas que se prohíben jugar es porque hay muchísima gente
que juega", destaca el inspector jefe para a reglón seguido que es una
actividad muy rentable que deja anualmente unos 9.000 millones de euros
(dinero jugado).
La
Policía admite que uno de los grandes problemas que tiene para conocer
lo que se mueve es que no cuentan con una radiografía completa de la
problemática. "Podemos saber que entran menores o que juegan personas
que tienen prohibida la entrada, pero no sabemos cuántos".
Con
esa idea se lanzó en septiembre la operación Arcade, un operativo de
visitas a más de 1.800 salas de juego para detectar la presencia de
menores. El resultado fue una treintena de menores identificados.
"El
menor tiene que saber que tiene prohibido jugar", dice Molinera, que
explica que la Policía ya ha introducido este asunto en las charlas que
los agentes de Participación Ciudadana dan en los colegios. "Se les dice
que el juego es ocio, pero no es una actividad para los menores".
Con
todo, considera que "el sector es el primero que sabe que no va a ganar
dinero con un menor," porque la multa de 9.000 euros a la que se
enfrenta el empresario si permite que juegue es del todo "insostenible"
con el gasto que ese chaval pueda hacer en su local.
Molinera
derriba otro "mito", el que asegura que en el juego online existe barra
libre. "No es así, hay mucho control; es más fácil vulnerar el juego
presencial" que a través de internet.
Por
ejemplo, para jugar de forma virtual no solo se necesita el DNI de un
adulto (un obstáculo que podría saltarse fácilmente), sino sobre todo
inscribirse con una cuenta o tarjeta bancaria. "Para un chaval de 14
años está bastante difícil este acceso", concluye.
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