La corrupción pone a prueba a la Justicia

SEVILLA.- Las macrocausas de corrupción que se están investigando en los juzgados andaluces están poniendo a prueba a la Justicia. El presunto desvío de fondos de la Junta de Andalucía y el quebranto millonario para las arcas públicas es el denominador común en los ERE, la trama de UGT-A, el fraude de los cursos de formación y el caso Invercaria. Se trata de asuntos de una gran complejidad, en los que los tribunales de justicia no siempre actúan con la celeridad que exige la ciudadanía a juicio de El Mundo.

Los juzgados se enfrentan a la instrucción de estas macrocausas, que se han desgajado en infinidad de piezas, sin apenas medios y muchas veces colapsados. Para colmo, faltan expertos que analicen el fraude (en el caso UGT pasaron cuatro años desde que el instructor encargó la pericial hasta que estuvo finalizada) y no todos los jueces están a la altura (la magistrada María Núñez Bolaños, instructora de los ERE y actualmente de baja, ha sido denunciada por la Fiscalía Anticorrupción por paralizar varias causas de corrupción).

Y así, pasan los años y las causas parecen eternizarse en los tribunales. Mientras, por las rendijas de la Justicia, los corruptos tratan de escaparse, como admite a El Mundo un letrado que conoce de primera mano estos casos. A continuación se detallan las causas más significativas de corrupción a las que debe dar respuesta la Justicia en Andalucía.

Los ERE

La mayor causa de corrupción abierta nunca en España, por el volumen del fraude millonario y por la cantidad de investigados -más de 300-, comenzó a instruirse en 2011. En enero se cumplen nueve años del inicio de las diligencias previas 174/2011 y en este tiempo sólo la conocida como 'pieza política' ha sido enjuiciada y sentenciada. 

Diecinueve ex altos cargos del Gobierno andaluz del PSOE, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, han sido condenados por diseñar un procedimiento ilegal para repartir nada menos que 679 millones de euros en una década.

Pero todavía falta mucha tela por cortar en el caso ERE. La macrocausa se desgajó en infinidad de piezas, una por cada ayuda presuntamente ilegal que salió del 'fondo de reptiles' de la Junta. En el Juzgado de Instrucción nº6 de Sevilla, según los cálculos que hizo el pasado verano la Fiscalía Anticorrupción, de las 182 diligencias previas incoadas, 129 estaban entonces en trámite o acumuladas a otros procedimientos, 48 se habían archivado y el resto estaba prácticamente finalizada la instrucción. 

Cuando concluya la investigación, todas estas piezas deben ser enjuiciadas en la Audiencia de Sevilla, donde hay "un atasco importantísimo", como admite una fuente cercana a estos casos. La Fiscalía, de hecho, ha mostrado su preocupación por este atasco en reiteradas ocasiones.

Caso Invercaria

En 2012 comenzó la investigación judicial sobre el caso Invercaria, que versa sobre el presunto reparto sin control de fondos públicos a través de la empresa de capital riesgo de la Junta. Al igual que en los ERE, sólo se ha celebrado un juicio de esta macrocausa, que también se dividió en una treintena de piezas distintas. 

La vista oral por el préstamo de 100.000 euros concedido por Invercaria a Aceitunas Tatis finalizó el 29 de octubre pasado, pero todavía no hay sentencia. Hay otras 13 piezas más de esta causa en la Audiencia, a la espera de que se celebren sus juicios. 

Pero en el Juzgado de Instrucción nº16 de Sevilla todavía quedan más asuntos relacionados con la empresa pública de capital riesgo de la Junta en fase de instrucción y otros que todavía ni siquera se han abierto. 

Las fuentes del caso consultadas por este diario remarcaron que ya se ha analizado la parte más compleja del caso, que supone más del 50%. Si al principio se podía tardar meses o incluso años en concluir la investigación sobre cada pieza, ahora se va mucho más rápido y en apenas unas semanas es posible finalizar las pesquisas y enviarlas a juicio, por todo el bagaje acumulado en estos siete años de instrucción.

Fraude de la formación

Ha sido uno de los escándalos que más se han echado en cara el PSOE y el PP, después de que saliera a la luz el gran descontrol que había con las subvenciones millonarias destinadas a los cursos de formación en la etapa de los anteriores gobiernos socialistas en Andalucía.

Sin embargo, el recorrido judicial de la infinidad de piezas repartidas por toda Andalucía ha sido desigual. 

En Sevilla, la juez Mercedes Alaya comenzó a investigar esta macrocausa en 2012. Después, el caso se dividió en diferentes piezas sobre los consorcios de la Junta donde se impartían los cursos subvencionados, otra causa sobre la empresa vinculada al ex 'número 2' del PSOE-A Rafael Velasco y la conocida como 'pieza política' en la que estaban imputados 24 ex altos cargos de la Junta de Andalucía de la etapa del PSOE andaluz.

La pieza política fue archivada por la juez María Núñez Bolaños hace tres años en medio de una gran polémica, ya que la magistrada anunció que iba a dar carpetazo a la causa en la recta final de la campaña de las elecciones generales de junio de 2016.

La juez descartó que hubiera una "red clientelar" vinculada al PSOE acaparando las ayudas para los cursos o que los fondos millonarios se repartieran con criterios de "clientelismo político", y no vio "significativo" que hubiera "39 empresas que tienen alguna vinculación" con el PSOE que habían recibido subvenciones. 

Sin embargo, el pasado julio, la Audiencia de Sevilla ordenó que se reabriera el caso.

Por lo tanto, se han perdido más de tres años en la investigación de un caso en el que, si finalmente hubiera condenas, posiblemente se apreciarían dilaciones indebidas por los retrasos acumulados. Si así fuera, las condenas serían mucho más leves.

Caso UGT-A

Más de tres años han estado paralizadas las pesquisas judiciales sobre la presunta trama diseñada por el sindicato para financiarse de forma irregular con las subvenciones millonarias que le concedía la Junta a través de un sistema de alquileres ficticios de las aulas donde se impartían los cursos y de las facturas falsas.

La parálisis estuvo provocada por la tardanza en estar finalizada la pericial que debía aclarar a cuánto asciende el fraude. El titular del Juzgado de Instrucción nº9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, encargó este informe el 21 de mayo de 2015, pero el perito no lo entregó hasta marzo de 2019.

En los cuatro años transcurridos, varios peritos renunciaron al encargo y el finalmente designado, un funcionario de la Intervención de la Junta, se quejó de la infinidad de trabas a las que tuvo que hacer frente, sin que nadie moviera un dedo. 

En un escrito explicó que "no ha tenido dedicación exclusiva" para hacer la pericial, ya que ha debido compaginar "su labor diaria de responsable de una intervención, primero como interventor provincial de Sevilla, y después como interventor delegado en la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad".

No fue el único inconveniente, ya que tampoco contó con la ayuda de otro "perito auditor" que "desde el primer momento se consideró necesario". Hasta tres expertos renunciaron a auxiliarle.

El Juzgado de Instrucción nº9 comenzó la investigación de este caso en 2013, después de las revelaciones periodísticas de El Mundo, y el 4 de diciembre pasado el magistrado Juan Jesús García Vélez decidió que las diligencias previas continuaran por el procedimiento abreviado, colocando así a la ex cúpula del sindicato en Andalucía y a sus proveedores de confianza a un paso del banquillo.

La Fiscalía Anticorrupción ha formulado ya escrito de acusación con la novedad de pedir que UGT-A sea responsable civil subsidiario de todo el supuesto fraude, que se eleva a 40,7 millones, y "responsable solidario" de los 250 millones en multas que solicita para los cinco ex dirigentes del sindicato y Soralpe. Sobre el sindicato podría recaer, por tanto, una posible condena de 290,7 millones, si se aceptan las tesis del Ministerio Público.