ALMERÍA.- Los 28 acusados de haber accedido al hotel del paraje del Algarrobico en
Carboneras en mayo de 2014 para realizar una pintada sobre la
fachada del inmueble con un gran punto negro en el que se podía leer
'Hotel ilegal' han rechazado este viernes su participación en los hechos
así como su acceso al interior del edificio, si bien han afirmado que
acudieron a la playa para protestar contra la construcción.
Así lo han trasladado durante la vista oral celebrada en el Juzgado de
lo Penal nº 3 de Almería, de la que se han excusado a siete de los
acusados, y en la que la acusación particular ejercida por Azata del Sol
ha mantenido su petición de un año de prisión para cada uno de ellos y
de una multa de 24 meses a razón de seis euros al día por un presunto
delito de daños. También pide una indemnización de 180.703 euros.
Salvo algunos empleados y ex trabajadores del colectivo ecologista,
el resto de ellos ha rechazado su vinculación con la organización y han
trasladado que fueron a la playa, donde según sus apreciaciones, había
entre "100 y 200 personas" que se manifestaban tanto a favor como en
contra del hotel a partir de una convocatoria de la que tuvieron
conocimiento, en su mayor parte, por "redes sociales" y "amistades".
Otros de los acusados han dado cuenta de situaciones particulares por
las que fueron identificados, ya fuera porque estaban de paso "de
vacaciones" cuando iban a bordo de una furgoneta o porque, según ha
explicado uno de ellos, realizaba su labor como "periodista" para un
medio de comunicación.
Los acusados han dicho que no vieron a
personas "con monos" de trabajo en el interior del hotel en la mañana
del 11 de mayo de 2014, mientras que otros han asegurado simplemente que
no lo recordaban. En lo que sí han coincidido todos es en que fueron
identificados por la Guardia Civil "en la playa" sin que se produjeran
altercados.
La pareja de agentes de la Guardia Civil que
acudió hasta el hotel tras tener conocimiento de que un grupo de
personas había accedido al recinto y instructor del atestado han
diferido en sus declaraciones en cuanto al número de personas que
localizaron en el hotel, al apuntar distintas cifras de entre 20 y 150
personas.
Aunque han
coincidido en que los activistas habrían actuado "coordinados" ya que
algunos de ellos contaban con un "trozo de papel" en el indicaban "qué
parte debían pintar" con su acción, no han podido determinar qué acción
desempeñó concretamente cada uno de los acusados. "Yo no puedo decir qué
hizo cada uno de ellos", ha explicado uno de ellos.
"Su
objetivo era hacer la pintada y hasta que no terminaron, no abandonaron
el hotel", han trasladado a la hora de explicar que, en su labor,
acordonaron la zona y trataron de identificar a los activistas. "Eran
una gran cantidad de personas y nosotros solo somos dos", han añadido.
En su caso, el instructor de las diligencias ha apuntado que el
dispositivo final, con unos "diez o 15 agentes", se habría encargado de
identificar a los supuestos responsables "según iban saliendo" del
hotel.
Los agentes han indicado que los encontraron en el
interior del edificio vestidos con monos de trabajo y con pintura negra.
"Éramos una patrulla de dos personas, no podíamos hacer gran cosa", ha
admitido otro de los agentes, quien han explicado que aunque dieron
órdenes para que se detuviera la actividad, los activistas no cesaron
hasta que acabaron su pintada.
Las propias circunstancias en
la que se produjo la acción habrían impedido determinar qué daños habría
cometido cada uno de los identificados, más allá de asegurar que
"pintaron todos". También han expresado sus dudas sobre si también se
pudo identificar a personas que hubiera en la playa y no en el interior
del hotel.
Del mismo modo, han dado cuenta de que a su llegada
ya había personas en el interior del inmueble, la que se habría
accedido tras forzar un candado que no fue encontrado. El mismo
instructor ha reconocido que el hotel contaba con una seguridad "mínima"
por entonces y ha admitido desconocer "cómo llegaron a entrar" al
edificio.
En el juicio también ha dado su testimonio el
responsable de mantenimiento del inmueble, quien se personó en el
inmueble y accedió al interior donde vio a los activistas, incluido a
uno de ellos con una pata de cabra quien habría intentado forzar una
puerta sin éxito, según ha detallado.
Asimismo, ha rechazado
saber qué hizo cada uno de los activistas en el momento en el que
interpuso la denuncia por lo ocurrido, toda vez que ha incidido en los
riesgos que se sufrieron ya que, en ese momento, el edificio tenía
abiertos los "huecos de los ascensores".
El trabajador ha explicado que
debido a otros robos anteriores había dos vigilantes.
La sesión ha contado también con la declaración del representante
legal de Azata del Sol, José Domingo Rodríguez, representante legal de
Azata del Sol, quien ha explicado que cuando se hizo la acción
reivindicativa, la obra del hotel estaba "paralizada" por orden judicial
aunque "prácticamente terminada, a falta de algún remate y en buenas
condiciones", por lo que calcula que el edificio estaba "a dos meses" de
abrir.
"Cuando entraron activistas de Greenpeace lo
reventaron todo, incluso algún tabique, para llegar a donde ellos
quería", ha mantenido antes de defender la "legalidad" del hotel que,
según considera, sigue vigente al tener en vigor la licencia de obras.
"Lo único que había ilegal allí son las pintadas y los activistas", ha
apostillado.
La empresa propietaria del hotel afirma que tiene
intención de arreglar los desperfectos que se produjeron hace diez años
si bien a causa de "ciertas restricciones económicas" aún "no ha podido
hacerlo".
El representante de la compañía ha manifestado que
fue la propia empresa la que posteriormente mandó a su personal pintar
la 'i' de 'ilegal' en la fachada del hotel, negando que dicha pintada
junto con otras a favor del edificio se realizaran por parte de un grupo
de espontáneos del pueblo de Carboneras tal y como, por su parte, ha
apuntado el responsable de mantenimiento.
Así, ha insistido en
el buen estado en el que se encontraba el edificio pese a los robos y
la paralización judicial de las obras cuando ya contaba con "6.500
reservas a dos meses" de su apertura. "Un juez de la zona mandó pararlo
para evitar, dijo, males mayores. No sé qué males mayores podría haber",
se ha cuestionado.
Durante el
juicio también se ha atendido el informe pericial aportado por la
defensa a través de la declaración del arquitecto encargado de su
redacción, quien ha trasladado a partir de la documentación que maneja
que edificio supone una "ruina urbanística", pero también una "ruina
económica" ya que precisaría, según su investigación, una inversión
"superior al 50% del valor del edificio".
"No tiene sentido
valorar desperfectos en una ruina", ha concluido tras la exposición de
su informe, por el que ha determinado que la obra "no es un edificio
completo" toda vez que ocupa parte del dominio público
marítimo-terrestre, con lo que está en un terreno "no urbanizable" que,
además, se asienta en espacio "protegido".
Asimismo, cree "del
todo inaceptable" asegurar que al inmueble le restaban pocos meses para
su puesta en uso al estar pendiente aún de las "obras finales" que son
"los acabados más importantes", con lo que ha rebajado su nivel de
ejecución a un 75% desde el 90% alegado por la empresa.
El
arquitecto ha admitido no haber podido entrar en el edificio para
completar su informe si bien ha apelado a su "experiencia" de 50 años en
el oficio para asegurar que su visión es "acertada", pese a tratarse de
un inmueble que "estructuralmente está fuerte".
El juicio, en que las partes han ratificado sus peticiones de condena y absolución, ha quedado visto para sentencia.
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