La Junta tramitará por urgencia la Ley de Sostenibilidad del Territorio que derogará o modificará 25 normas urbanísticas

SEVILLA.- La Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), que deroga seis normas y modifica otras 19, comenzará este martes su tramitación con su puesta en audiencia e información pública, por parte de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

Así lo ha explicado la consejera del ramo, Marifrán Carazo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la que ha detallado que esta ley quiere contribuir a la recuperación económica y la generación de empleo de Andalucía mediante la agilización de los trámites y el alivio de cargas innecesarias tanto a empresas como a particulares. Para ello, garantizará, por este orden, la viabilidad social, ambiental y económica de todas las actuaciones urbanísticas en la comunidad autónoma.

Esta ley, que suplirá a la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA) y la Ley de Ordenación del Territorio, comparte la misma filosofía de reducción de la "maraña administrativa" del Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva. En esta línea, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía derogará tres leyes y tres decretos, además de parte del articulado y disposiciones de 16 leyes y otros tres decretos.

Con ello, se propone una revisión integral del actual escenario legislativo, que "se caracteriza por su dispersión, además de generar inseguridad jurídica a ayuntamientos y particulares". "La LOUA, además, ha sufrido hasta once modificaciones en 18 años que han enmarañado aún más la normativa urbanística. Frente a ello, se dotará de una legislación sistemática, coherente y ordenada, no sólo por política legislativa, sino para facilitar su conocimiento a sus destinatarios", ha indicado la consejera.

La Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía inicia su tramitación en el difícil contexto de la crisis sanitaria originada por el Covid-19 y, dado su impacto sobre la economía, se realizará por el procedimiento de urgencia por razones de interés público, ya que se pretende que conlleve efectos económicos indirectos de empleo y riqueza. Este trámite de urgencia, que recorta los plazos a la mitad, se hará sin menoscabar la participación ciudadana ni la intervención de los distintos órganos y administraciones implicados.

La Lista tiene como cometido flexibilizar el urbanismo, estableciendo reglas "claras y sencillas, adaptadas a la realidad actual". En ese intento de clarificar se aunará en un único texto legal la regulación en materia de ordenación del territorio y urbanismo y se reducirá el articulado en un 30%. Además, se adecuará el modelo de clasificación del suelo a la legislación estatal.

La ley incorporará también la perspectiva de sostenibilidad social, ambiental y económica a la planificación territorial y urbanística y se añadirán directrices territoriales para proteger el litoral y el paisaje. A su vez, agilizará los instrumentos de ordenación territorial y urbanística y el proceso de tramitación y aprobación, reduciendo plazos y trámites. El objetivo es que el plazo para la aprobación de un plan general, que hasta ahora supone entre ocho y diez años de media, se reduzca a año y medio o dos años. En esa simplificación, se agilizará la emisión de informes sectoriales.

También se marca como objetivo un sistema de planeamiento en función del tamaño y dinámica de los pequeños municipios y la incorporación de
mecanismos de gestión urbanística adecuados a la población, capacidad y
problemática de los municipios, con el fomento de la colaboración públicoprivada en la ejecución del planeamiento. Además, se articulará un modelo de planes urbanísticos menos rígido, atribuyendo a los instrumentos de planeamiento de desarrollo, y no al instrumento de planeamiento general, la ordenación detallada de cada ámbito.

Esta ley, además, incluye el Decreto Ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares, ratificado en el Parlamento de Andalucía con los votos a favor de PP, PSOE, Ciudadanos y Vox.

La Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía plantea una nueva regulación que distingue entre suelo urbano y suelo rústico. En el suelo rústico se distinguen: suelo rústico especialmente protegido --aquellos que requieren tal condición por aplicación de la legislación sectorial (de aguas, medio ambiente)--; suelo rústico preservado por existencia de riesgos --están afectados por algún tipo de riesgo (medioambientales, sísmico, deslizamientos)--; suelo rústico preservado por ordenación territorial y/o urbanística --cuya
transformación es necesaria preservar (por motivos paisajísticos,
agrícolas)--, y suelo rústico común --el natural o rural conforme a la ley vigente y el susceptible de transformación urbanística si cumple los requisitos de los planes de ordenación urbana y el plan territorial--.

Esta ley también establece como novedad un sistema dual de planeamiento que comprende el Plan de Ordenación Municipal, que marca el modelo general de ordenación del municipio; y el Plan de Ordenación Urbana, de ordenación de la ciudad existente; para dar respuesta a sus necesidades de regeneración y rehabilitación. Además, incorpora instrumentos de segundo nivel, como los Estudios de Ordenación, para atender las necesidades de renovación urbana en suelo urbano, y los Proyectos de Actuación municipal, con objeto de regular usos en los terrenos en que se propongan actuaciones extraordinarias en suelo rústico.

Se impulsa el papel de la iniciativa privada de carácter empresarial en la gestión y ejecución de planes, en las actuaciones de transformación urbanística y en el suelo urbano, removiendo trabas innecesarias, pero siempre garantizando la viabilidad técnica y financiera del proyecto.

Respecto a la ejecución urbanística, se establece una modalidad simplificada del sistema de compensación, permitiendo tramitación simultánea del instrumento de ordenación, proyecto de reparcelación y proyecto de urbanización.

El inicio de la tramitación se produce tras un año de intenso trabajo en el que se ha promovido la participación y se ha contado con la opinión de expertos y entidades en materia urbanística, ha explicado la consejera.

El Consejo de Gobierno, en su reunión del 7 de mayo de 2019, acordó instar a la Consejería a impulsar una nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, acogiendo con ello una demanda generalizada de los agentes implicados en la ordenación territorial y la actividad urbanística.