El estudio se ha llevado a cabo desde la implantación de la titulación del grado de ingeniero técnico agrícola en el curso 2010 hasta el curso 2021/22. Adicionalmente, los investigadores han analizado los resultados académicos del curso del COVID por la singularidad del modelo de enseñanza y de exámenes on-line.
Los investigadores han llegado a la conclusión de que el cambio en la convocatoria extraordinaria, la eliminación de septiembre, no ha tenido un impacto negativo en los resultados de aprobados en las convocatorias extraordinarias en el nuevo escenario.
El estudio ayuda a aclarar un tema que ha sido debatido en el mundo académico y que cuenta con pros y contras. Por un lado, la convocatoria de septiembre permite a los estudiantes tener una segunda oportunidad para aprobar sus exámenes en un plazo de tiempo más prolongado, lo que reduce el estrés y la presión de tener que aprobar todo en la convocatoria de junio, es lo que se conoce como el uso estratégico del calendario de exámenes.
Por otro lado, la convocatoria de septiembre también tiene algunas desventajas, sobre todo que algunos estudiantes pueden usar la convocatoria de septiembre como una excusa para no estudiar lo suficiente durante el curso regular, lo que puede resultar en un bajo rendimiento académico.
La primera reflexión que se extrae es que la convocatoria extraordinaria bajo el modelo clásico (con septiembre) o el nuevo modelo (sin septiembre) tienen una media de aprobados similar y alrededor del 10% sobre los matriculados, mientras que la media de aprobados totales en las materias es del 53 %, por lo que la incidencia de la convocatoria extraordinaria sobre el total de aprobados es en general limitada.
Por tanto, la investigación demuestra que la eliminación de la convocatoria de septiembre no tiene impacto negativo en los resultados académicos, es decir que no hay diferencias estadísticamente significativas en los resultados de los alumnos en la convocatoria con el modelo antiguo (septiembre) respecto del modelo actual, que supone que la convocatoria extraordinaria esté 2 semanas después de la ordinaria.
La Junta ha realizado esta asignación de recursos con el objetivo de apoyar e impulsar la investigación y la transferencia que lleva a cabo el sistema público universitario, uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la generación de conocimiento en Andalucía. La I+D y la innovación constituyen un área de alto interés para la comunidad autónoma, ya que ambas están estrechamente ligadas al progreso y bienestar de la sociedad, a la competitividad empresarial y al desarrollo económico de la región.
Estos fondos, que llegarán a las universidades públicas a través de subvenciones nominativas, proceden del programa FEDER del nuevo marco de financiación comunitaria 2023-2027 y se ejecutarán a lo largo de varios años, teniendo en cuenta que los planes propios suelen tener una vigencia de unos tres años.
La partida asignada a cada universidad se dirigirá a promover, entre otras actividades, los programas de incentivos a la carrera investigadora, con becas predoctorales y posdoctorales.
También permitirá inyectar presupuesto adicional a las ayudas a los grupos de I+D, a la estancia de científicos de otros países o de los propios en centros de investigación de prestigio internacional, a la publicación en revistas o a la organización de congresos, entre otras medidas.
Aunque los planes propios no son homogéneos y dependen de las prioridades de cada institución académica, en todos los casos estos documentos recogen iniciativas encaminadas al avance científico, la transferencia y la colaboración con el sector productivo a favor de la innovación.
Dichas herramientas se suelen sufragar con fuentes propias de financiación que captan a través de diversas vías al margen de las transferencias anuales de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.
Esta aportación que realizará la Junta se suma a los incentivos que reciben las universidades públicas para fomentar sus líneas de I+D a través de las convocatorias periódicas lanzadas por la Consejería de Universidad en concurrencia competitiva y que tienen como finalidad apoyar la carrera investigadora del talento andaluz, el desarrollo de proyectos de I+D, la mejora de infraestructuras y equipamientos de investigación y la transferencia de conocimiento.
El sistema público de educación superior suele captar recursos que suponen más del 70% de las subvenciones concedidas a todos los agentes del conocimiento de la comunidad, lo que lo convierte en el principal receptor de estas ayudas.
Resueltos 58 millones en ayudas desde 2022
Desde el inicio de la legislatura la Consejería de Universidad ha resuelto convocatorias de ayudas por un importe superior a los 58 millones de euros, entre las que destaca la última edición del programa Emergia, que cuenta con 15,72 millones, que ha permitido la incorporación de 60 investigadores de relevancia internacional a la ciencia andaluza.
También se han cerrado otras líneas como el programa Qualifica, que tiene como objetivo fortalecer a las entidades de I+D con el fin de que puedan obtener los sellos de excelencia Severo Ochoa y María de Maeztu.
Ha supuesto la concesión de diez millones de euros en ayudas a universidades y centros públicos para mejorar su excelencia investigadora. A ello se añaden los incentivos por valor de 2,75 millones de euros a las universidades públicas andaluzas y centros públicos de I+D para acciones de transferencia de conocimiento con el sector productivo, o las subvenciones a proyectos de investigación de los agentes públicos y privados por importe de 29,76 millones de euros.
Este esfuerzo de la Administración autonómica representa un revulsivo para el empuje de la inversión regional en I+D, que en 2021 (último dato disponible) alcanzó los 1.702,7 millones de euros, lo que supone un 4,7% más respecto al año anterior.
Esta cifra coloca a la región en tercera posición a nivel nacional, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El desembolso realizado por el sector público (Administración pública y enseñanza superior) en ese ejercicio se traduce en un incremento del 7,08%, lo que supone la mayor subida en once años.
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