ALMERÍA.- La Guardia Civil ha requerido a la Delegación Territorial de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de
Almería para que informe sobre su actuación respecto al cultivo de
regadio de 166,49 hectáreas de frutales sobre suelo agrícola de uso
secano en la finca La Joya de Aguamarga, en el parque natural de Cabo de
Gata-Níjar.
El oficio del Servicio de Protección a la
Naturaleza (Seprona) llega después de que el Juzgado de Instrucción nº 4 de
Almería incoase diligencias previas a instancias de la Fiscalía, que
apreció indicios de un presunto delito de prevaricación
por la transformación de uso de suelo «sin cumplir los trámites
oportunos en materia de ordenación del territorio y ley de aguas».
La
Guardia Civil ya solicitó la misma información en julio a la delegación
Territorial cuando la investigación aún no estaba judicializada y
reiteró el mismo oficio a finales de diciembre despúes de que
la juez les instase en un auto a practicar gestiones encaminadas a
esclarecer si hay o no delito, informaron fuentes
judiciales.
El escrito del
Seprona solicita copia digitalizada del expediente completo tramitado
por la Junta de Andalucía que concluyó la «inviabilidad» del proyecto «a
efectos medioambientales» al «no existir recursos hídricos suficientes»
y por realizarse parcialmente en zonas protegidas B1 y B2. La
resolución apuntaba que tampoco era viable la edificación de apoyo o la
construcción de nuevas balsas de regulación.
Además de pedir que se detalle la situación actual del expediente, la
Guardia Civil pregunta por las inspecciones realizadas sobre el
terreno, si existen denuncias y su resultado, o si hay expedientes
sancionadoras abiertos con medidas cautelares.
El oficio
solicita, asimismo, a la delegación territorial varios informes, entre
ellos uno en el que «se compare lo proyectado y lo solicitado» por el
promotor «y que lo realmente existe sobre el terreno».
También pide ir más alla y demanda
que los técnicos de Medio ambiente valoren si el uso del agua en estas
hectáreas podría causar «daños sustanciales en la calidad del aire, del
suelo o de las aguas, o a animales, plantas o perjudicar gravemente el
equilibrio de los sistemas naturales».
Interesa también que se
certifique si el cambio de uso de suelo en hábitats de interés
comunitario del parque natural de Cabo de Gata-Níjar ha «supuesto la
eliminación» de dichos hábitats y si las edificaciones de apoyo y varias
balsas de regulación de agua construidas «son o no autorizables».
La
asociación 'Amigos del Parque Natural' fue la que puso los hechos en
conocimiento del fiscal ya que, según sostienen, la transformación de
suelo se ha producido «sin contar» con la preceptiva licencia municipal
«ni con la autorización medioambiental».
En concreto, se habría
transformado el suelo para árboles frutales como melocotón, nectarina,
ciruela y paraguayo. Desde el colectivo instan a que, «con urgencia», se
produzca «el precinto de la actividad» que desarrolla la empresa
agrícola promotora de los cultivos y a que se reponga el paraje «a su
estado original».
La Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible emitió en mayo
de 2019 una resolución que la que acordaba no otorgar la autorización
ambiental unificada solicitada por la mercantil Agrofruits
Levante SL para la «adecuación al cultivo de cítricos en regadío» en la
finca La Joya de Aguamarga.
Argumentaba la Junta andaluza que el
proyecto «no cuenta con la necesaria acreditación de uso de recursos hídricos»
que lo hagan «lealmente viable» y remarcaba que era «incompatible» con
la protección de los valores medioambientales del parque natural.
En
concreto, indicaba la «incompatibilidad» del cambio de uso de forestal a
agrícola de 11,27 hectáreas que había «solicitado legalizar» la
empresas en la zona con grado de protección B1 y de la transformación de
tierras de secano a regadío sobre una superficie de 67,94 hectáreas
que, en la misma línea, también había «solicitado legalizar» en la zona
con grado de protección B2.
La resolución remarcaba que tampoco es
viable ambientalmente la transformación agrícola que la mercantil había
solicitado en zona C1 «por no cumplir los criterios y directrices» del
Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural ni la
adecuación de edificaciones de apoyo «para la implantación de una gran
extensión de cultivos de frutales de hueso forzados».
«La
viabilidad de la adecuación de las edificaciones de apoyo está
condicionado a un proyecto de cultivo que garantice el mantenimiento del
funcionamiento de los ecosistemas y aprovechamiento sostenible de los
recursos, la conservación del paisaje, la cubierta vegetal, el suelo, la
fauna y los recursos hídricos», apuntillaba.
Por último,
la junta rechazaba en su resolución, contra la que cabían recursos de
la alzada, la ubicación de balsas en la zona B2 y en la zona C1, esta
última porque, si bien sí es compatible con los usos dados a este tipo
de zonas, es una balsa «asociada a la implantación de una gran extensión
de cultivo de frutales de hueso forzados».
Según
la denuncia elevada a Fiscalía y que ha dado lugar a la apertura de
procedimiento penal, la finca, que tiene una superficie de 251,98
hectáreas, ya ha desarrollado una superficie de 166,49 hectáreas de
frutales de hueso en regadío, y ahora pretende su legalización a efectos
ambientales.
De ellas, 11,27 hectáreas están situadas en zona B1,
consideradas áreas naturales de interés general; 67,94 hectáreas en
zonas B2, que son áreas seminaturales con usos tradicionales; y 82,19
hectáreas en zonas C1 que el PORN permite ser utilizadas para cultivos
agrícolas, pero que en este caso no se acredita la disponibilidad de
recursos hídricos.
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