Que la Corte Europea iba a reconocer la inmunidad como
europarlamentario de Oriol Junqueras era algo sabido desde que así lo
había establecido el abogado de la UE en su dictamen preceptivo previo.
Solo alguien con mucha fe en el Tribunal Supremo podía aguardar que sus
magistrados se decantaran por negársela.
Cuesta creer que socialistas y
republicanos no tuvieran esa variable incluida en la ecuación de sus
negociaciones y su impacto no estuviera razonablemente descontado. Si
realmente el resultado de la investidura dependiera de cuánto decidiera
la Justicia europea, a ninguno de los dos le habría interesado haber
llegado tan lejos.
Lo que seguramente pocos
esperábamos era que el Tribunal Europeo no solo acogiera el argumento
del abogado de la UE, sino que fuera bastante más lejos. Para el abogado
comunitario, el reconocimiento del europarlamentario Junqueras y su
inmunidad resultaría ya inoperante, al hallarse condenado por una
sentencia del Supremo.
Para la corte comunitaria dicho reconocimiento
tiene efectos y han de ser interpretados y ejecutados por el propio
tribunal que le negó el permiso para acudir a Estrasburgo, le preguntó
al TJUE si era eurodiputado y debía dárselo y luego le sentenció sin
esperar a conocer la respuesta de Estrasburgo.
El mensaje no puede sonar más claro para el Alto Tribunal
español: ustedes han violentado un derecho político fundamental como el
derecho de representación, eso produce efectos, aunque ustedes hayan
tratado de impedirlo dictando sentencia, y a ustedes mismos les
corresponde reparar su propia injusticia.
La sentencia
ha sido leída como una derrota en toda regla por los autoproclamados
"constitucionalistas". También ha desatado de inmediato esa pulsión
antieuropea que lleva en el alma esa parte de la derecha española, tan
española que ni siquiera sabe crear una marca en castellano para su
eurofobia y se la tiene que plagiar –Espexit– a la pérfida Albión.
Nada
que no hayamos visto desde la muerte de Franco. Llevan cuarenta años
buscando la excusa para poder cagarse en la madre que parió a Europa,
que es lo patriótico de verdad.
Más preocupante está
resultando la oleada de presiones que se han desatado contra la Abogacía
del Estado desde toda la derecha, lo que queda de Ciudadanos y alguna
gente de orden de la izquierda para que cambie de criterio y,
contrariamente a lo que indicó en junio, rechace las tesis de la
justicia europea y se posicione con una Fiscalía que, por pura
chulería, contestó a la sentencia sin haber tenido tiempo
siquiera para leerla.
Es bueno saber que, además del principio de
legalidad y la defensa del interés general, la Fiscalía General del
Estado se guía también por ese principio tan español de "por mis
huevos".
La Abogacía del Estado ya defendió en junio
que Junqueras tenía derecho a acudir a Estrasburgo a recoger su acta.
Pedir ahora otra cosa que no fuera su libertad hasta que el Supremo
aclare su situación con el Parlamento Europeo y este suspenda, o no, la
inmunidad sería ir contra la doctrina de sus propios actos.
No son ERC,
el PSOE o el Gobierno quienes están presionando a la Abogacía para que
cambie ese criterio y se apunte al desafuero propuesto por la Fiscalía:
utilizar una sentencia que nunca debió dictarse sin conocer el criterio
de la corte de Estrasburgo para anular los efectos de la inmunidad que
reconoce a Junqueras el pronunciamiento europeo.
Presentar
lo que sería una posición ajustada a derecho como fruto de una
negociación ilícita o un chantaje humillante supone una presión
ilegítima y obscena sobre la Abogacía del Estado, ejercida para más
descaro por unos que se autoproclaman "constitucionalistas". Para
tratarse de un país donde tanto se habla del Estado de derecho y del
respeto a la ley, qué pronto se olvida y qué rápido se le pierde cuando
no conviene.
(*) Periodista y profesor
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