SEVILLA.- El Grupo Socialista registró este miércoles una solicitud de comparecencia en el Parlamento andaluz de la exinterventora general de la Junta Antonia González, y de los "cuatro interventores cesados" recientemente en la administración andaluza para que den "explicaciones" sobre las supuestas irregularidades en contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) denunciadas por los diputados del PSOE-A.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa en el Parlamento la portavoz adjunta del Grupo Socialista María Márquez, quien ha defendido que los andaluces "merecen" saber qué ha pasado con "los contratos irregulares" del SAS tramitados por el procedimiento de emergencia habilitado durante la pandemia de Covid-19, y "sobre la reestructuración que se ha producido en la Intervención General" de la Junta.
"Queremos saberlo todo", ha enfatizado la también portavoz de la Ejecutiva del PSOE andaluz, quien ha agregado que si el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, es "tan transparente" como presume, "votará a favor" de dicha solicitud de comparecencia de la Interventora General cesada el pasado mes de enero, para contar a los andaluces "qué es lo que realmente está pasando".
María Márquez ha comenzado su rueda de prensa señalando que este 5 de febrero es un miércoles "negro" para el presidente de la Junta, al que "se le ha acabado su tiempo", y que "tiene más corrupción que días en el Gobierno" andaluz, según ha sentenciado la diputada socialista antes de subrayar que el también líder del PP-A "vuelve al debate parlamentario después de unas largas vacaciones con la mesa llena de problemas y de corrupción, lamentablemente para los andaluces".
Así, la representante del PSOE-A ha aludido al caso de los contratos de emergencia del SAS, adjudicados "a dedo" y "sin control a la sanidad privada", así como a "una presunta trama de corrupción urbanística gravísima" que salpica al "PP de Sevilla al máximo nivel político", en relación al proyecto de construcción de un tanatorio en Mairena del Alcor; a las polémicas declaraciones del delegado territorial de Desarrollo Educativo de la Junta en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, sobre niños con necesidades educativas especiales, y a la concesión de una subvención al proyecto 'Senderos del Rocío' impulsado por el cantante José Manuel Soto.
En relación al caso de los contratos, la representante del PSOE-A ha subrayado que hay tres gerentes del SAS --la actual, Valle García, y sus dos antecesores Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas-- "imputados, investigados por la justicia", que son "la punta del iceberg de la trama de corrupción sanitaria más lamentable, insensible e inhumana a la que se ha enfrentado esta tierra", ha enfatizado.
María Márquez ha subrayado que se ha sabido que la Fiscalía "pide que se amplíe la investigación" y ha vuelto a pedir "informes, pruebas, detalles de lo que está pasando y de lo que se hizo", ha advertido la representante del PSOE-A.
Ha remarcado que "la Justicia le ha pedido información a la Intervención General de la Junta de Andalucía, y ha sostenido que "no es casual" que, el pasado 8 de enero, el Consejo de Gobierno presidido por Juanma Moreno acordase el cese de quien ocupaba dicha responsabilidad, Antonia González, antes de que la Junta decidiera también cesar a "cuatro interventores más", es decir, "gente que tiene la información" sobre dichos contratos, "que sabe lo que ha pasado y que, además, ha denunciado lo que ha pasado", ha abundado.
La diputada socialista ha añadido que "el ingrediente que le faltaba a este potaje es lo que hemos conocido esta mañana, que son las declaraciones de la viceconsejera de Hacienda diciendo que lo que hace falta en la Intervención General de la Junta de Andalucía es mano dura que meta en cintura a los interventores".
"Lo que necesita Andalucía es mano dura contra la corrupción", y el presidente de la Junta "tiene de manera inmediata que salir a darnos explicaciones a los andaluces", al igual que la viceconsejera de Hacienda "tiene que cesar", ha sentenciado la portavoz del PSOE-A para remarcar que a los socialistas "no nos vale que cesen a quien denuncia la corrupción y que protejan a quien señala", mientras que "a quien expulsa" sea "a quien denuncia la corrupción", algo que, en todo caso, "no sorprende", porque "no es la primera vez" que el PP actúa así, según ha manifestado la diputada, que al respecto ha citado el caso de la salida de Pablo Casado de la presidencia del PP en 2022 tras su enfrentamiento con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En esa línea, ha apuntado que en el PSOE-A están "convencidos" de que la Junta "va a boicotear" el "proceso judicial" vinculado a los contratos del SAS como ya "ha hecho" en el Parlamento, "boicoteando todas las propuestas" del Grupo Socialista para, por ejemplo, constituir una comisión de investigación o celebrar un pleno extraordinario monográfico sobre sanidad.
María Márquez ha acusado al Gobierno del PP-A de emprender una "caza de brujas" en la Intervención General de la Junta con el objetivo de que "los que tenían la información" sobre el caso de los contratos "no estén" en sus puestos, y que "los que vengan" a sustituirles "sepan qué pasa si se denuncia". "Es la teoría del miedo y de la persecución de siempre, de toda la vida, del Partido Popular", ha aseverado.
Por otro lado, la portavoz socialista se ha hecho eco de una "información nueva sobre una presunta trama de corrupción, un 'pelotazo' urbanístico" en el que "está implicado el Partido Popular de Sevilla al máximo nivel", hasta el punto de que el delegado del Gobierno de la Junta en la provincia y presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, "es una de las personas que se está investigando en estos momentos" por el proyecto de construcción de "un tanatorio público que se prometió a los vecinos" de Mairena del Alcor, pero que "en ocho años no se construyó", mientras que, "casualmente, en cinco meses" se ha construido "un tanatorio privado con menos papeles que una liebre", ha relatado.
La representante del PSOE-A ha señalado que "se está investigando en estos momentos" a representantes del PP de Sevilla "por delitos de tráfico de influencias, prevaricación urbanística y administrativa y administración desleal", y ha considerado que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "cuanto antes tiene que dar una explicación".
De igual modo, María Márquez ha aludido al caso de las declaraciones sobre niños con necesidades especiales que se atribuyen al delegado de Educación de la Junta en Sevilla, de quien ha dicho que "es inadmisible que no haya dimitido" aún, porque su "insensibilidad" es "vergonzosa", según ha aseverado.
Además, se ha preguntado si el presidente de la Junta, al no pronunciarse sobre este asunto y jugar "al escapismo", "permite acaso que se trate así a las familias que salen llorando de una reunión porque se desprecia a los niños que tienen un problema y que necesitan de todos nosotros, de los servidores públicos".
Finalmente, la representante del PSOE-A se ha hecho eco de lo que en una rueda de prensa previa ha anunciado el grupo Por Andalucía, y es que la Oficina Andaluza Antifraude ha emitido una resolución que "confirma irregularidades en la adjudicación de un contrato menor a Caminos de Andalucía S.L., empresa vinculada al cantante José Manuel Soto, por parte del Gobierno andaluz".
"Esto es lo que tiene hacer contratos con la mirada", ha comentado la representante del PSOE-A, que ha subrayado que los socialistas ya avisaron de que "esto de darle un contrato de tantísimo dinero a una persona solo porque te cae bien, porque lo conoces, porque es famoso y porque cuando te mira te conmueve, no iba a salir bien".
José Manuel Soto, "un tipo sin formación"
El Grupo Parlamentario Por Andalucía ha asegurado este miércoles que el cantante José Manuel Soto ha debido devolver 30.000 euros a la Junta de Andalucía por unas facturas de justificación de gastos no ajustadas al objeto del dinero concedido para el proyecto de promoción denominado Caminos del Rocío.
A ese reintegro de dinero por parte de Soto ha sumado Por Andalucía una resolución de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, que se pronuncia a raíz de una denuncia de este grupo parlamentario sobre la posible corrupción de una subvención nominativa, que ha emitido una resolución en la que aprecia en ese contrato menor a la mercantil Camino de Andalucía SL "un vicio de nulidad en la adjudicación del contrato".
Esa conclusión la sustenta en el hecho de que "la mercantil (Camino de Andalucía SL) carecía de capacidad para actuar en el tráfico mercantil en actividad ajenas" a su objeto social inicial, que era "la promoción, organización y realización de toda clase de actividades artísticos musicales".
Seguidamente este órgano de extracción parlamentaria plantea a la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior que "proceda, en su caso, a la revisión de oficio del contrato 2021/921166", así como advierte de que "se debe informar a la Oficina de los resultados de las actuaciones de investigación e inspección realizadas, en un plazo máximo de seis meses desde el traslado de las actuaciones y resolución motivada".
Este pronunciamiento de la Oficina Antifraude es posterior a otro previo, donde señaló "no apreciar indicio alguno de irregularidad que permita a esta oficina incoar un procedimiento de investigación sobre la subvención nominativa otorgada a la Fundación Destino Rocío", por cuanto concluyó que "se haya motivado a lo largo del procedimiento el objetivo del interés público de la subvención, con desglose de los gastos subvencionables y la auditoría de la cuenta justificativa".
Los parlamentarios Esperanza Gómez Corona y José Manuel Gómez Jurado han explicado estos pormenores en rueda de prensa.
Gómez Jurado ha explicado que "la intención del PP es separar el contrato menor de la subvención", por cuanto el primero se le concedió a una empresa mercantil, Camino de Andalucía SL, mientras que la subvención ha sido para la Fundación Destino Rocío, al tiempo que ha advertido que empresa y fundación comparten domicilio social: "una vivienda de José Manuel Soto".
Este parlamentario representante de Podemos Andalucía en el Grupo Parlamentario Por Andalucía ha sostenido que ese contrato menor inicial, que ha cifrado en un importe de 15.000 euros, "se tendría que haber hecho una licitación para que las empresas concurran", y ha esgrimido aquí que en ese caso "el riesgo era de que no se lo quede José Manuel Soto".
Gómez Jurado ha concluido que se trata de "un chiringuito montado en honor y gloria de José Manuel Soto" y ha inferido de ello que "es un caso de corrupción chabacano, burdo".
El diputado de Por Andalucía ha indicado que "cuando denunciamos este caso", en alusión a septiembre de 2023, "nos había costado 290.000 euros", para precisar entonces que "a día de hoy nos ha costado medio millón de euros".
Ha subrayado la constatación de que la mercantil creada por José Manuel Soto carece de "ni medios ni condiciones para llevarlo a cabo", por lo que ha blandido aquí que "nos dice Antifraude que no tenía objeto social ni capacidad para poner en marcha".
Ha planteado que "ahora empieza la segunda parte, las de las subvenciones" a la Fundación Destino Rocío, antes de apuntar que "tenemos claro que Soto y amigos han comido bien, han dormido en buenos hoteles, sin justificar", por cuanto ha esgrimido en este sentido la presentación de facturas "por valor de casi 4.000 euros para comer y dormir".
"A día de hoy ha tenido que devolver casi 30.000 euros de la primera ayuda", ha indicado Gómez Jurado, quien se ha mostrado convencido de que "todo el mundo entendió que olía mal" esta ayuda concedida para la promoción de los caminos del Rocío, objetivo sobre el que ha ironizado para indicar que "original no era ir andando al Rocío".
El también coportavoz de Podemos Andalucía se ha preguntado si "se va a exigir que se devuelva ese dinero", así como si alguien va a asumir "la responsabilidad política", por lo que se ha cuestionado "si alguien dimitir por el medio millón de euros por este caso de corrupción política", de manera que ha instado a "la Junta de Andalucía a asumir responsabilidades por este más de medio millón concedido a un tipo sin formación para levantar este proyecto".
Esperanza Gómez Corona ha dado cuenta en la rueda de prensa de las dificultades que se ha encontrado el Grupo Parlamentario Por Andalucía para acceder a la documentación del expediente en la Consejería de Turismo, a resultas de lo cual les ha llevado a presentar un escrito de amparo dirigido al presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, sobre las dificultades encontradas para el ejercicio de las funciones de los diputados.
En su relato de los hechos ha dado cuenta de una primera a la Consejería de Turismo, que tuvo el lugar el viernes 31 de enero, un encuentro donde ha indicado que "te dan papel y boli para copiar miles de folio", un encuentro al que seguiría un segundo este lunes, día 3 de febrero, que se anuló porque "me dijeron que no se podía acceder".
Las motivaciones alegadas por la Junta de Andalucía eran que "no había ninguna sala disponible para consultar", junto con que "ningún funcionario estaba disponible" para acompañarles en ese cometido, tras lo cual Por Andalucía ha decidido "solicitar el amparo" y se ha declarado convencida de que "en este asunto se demuestra que hay algo que esconder".
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