ALMERÍA.- El Juzgado de Instrucción nº 6 ha acordado el archivo de la causa contra el
alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres (PP), investigado en
relación a presuntas irregularidades en expedientes con facturas por un
montante global de 1,4 millones de euros.
La magistrada Almudena Siles indica en un auto que, si bien hay una "práctica abusiva" de la contratación menor por parte del equipo de gobierno que lidera Torres, se trata de una "infracción a la legislación administrativa".
Concluye que no concurren suficientes indicios de la comisión de un delito de prevaricación ni de otra infracción "que merezca reproche penal" y acuerda que procede decretar el sobreseimiento, tal y como habían interesado defensa y Fiscalía.
Detalla la resolución que no aparece "debidamente justificada" la perpetración del delito que dio lugar a la causa penal, previa denuncia del Ministerio Público, tras la "testifical" prestada por el interventor municipal de Huércal de Almería y la propia documentación que obra en autos.
Cabe recordar que en enero de 2019 a Fiscalía Provincial de Almería pidió que Torres declarase como investigado a raíz de la información aportada por el entonces equipo de gobierno liderado por Ángeles Castillo (PSOE), quien había accedido a la Alcaldía tras promover una moción de censura contra el 'popular'.
En su denuncia puso en conocimiento del Ministerio Público los expedientes de facturas que fueron sometido a debate del pleno de la corporación local en octubre de 2019 con informes de fiscalización emitidos por parte de la intervención municipal "con reparos".
La información apuntaba la posible contratación de diversos suministros, servicios y obras "sin consignación presupuestaria y sin seguir el procedimiento administrativo legalmente previsto" y "con informes en contra del interventor", lo que habría "vulnerado la Ley de contratos del Sector Público".
"Se han realizado sin seguir el procedimiento administrativo y, en la mayoría de los casos, sin consignación presupuestaria, además de que han traspasado con creces los límites máximos de la contratación menor", según aseguró Castillo en su momento.
En un comunicado, el alcalde ha señalado que el auto judicial "desmonta la operación de acusaciones falsas de la exalcaldesa y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento" y ha recordado que "en reiteradas" aludió a un "montaje, una operación de acoso y derribo".
"Sabíamos que todo era falso, acusaciones inventadas para enturbiar nuestra imagen y nuestra labor en el equipo de Gobierno, que había sido intachable. Habíamos conseguido dar la vuelta a la tesorería que encontramos en negativo y puesto en las arcas más de once millones de euros de forma limpia y transparente. Nos han intentado destruir con mentiras falaces y la justicia no les ha dado la razón", ha asegurado.
Torres ha asegurado que Castillo "hizo de esta causa la base de su mandato tras la moción de censura y de cara a las elecciones municipales de 2019".
La magistrada Almudena Siles indica en un auto que, si bien hay una "práctica abusiva" de la contratación menor por parte del equipo de gobierno que lidera Torres, se trata de una "infracción a la legislación administrativa".
Concluye que no concurren suficientes indicios de la comisión de un delito de prevaricación ni de otra infracción "que merezca reproche penal" y acuerda que procede decretar el sobreseimiento, tal y como habían interesado defensa y Fiscalía.
Detalla la resolución que no aparece "debidamente justificada" la perpetración del delito que dio lugar a la causa penal, previa denuncia del Ministerio Público, tras la "testifical" prestada por el interventor municipal de Huércal de Almería y la propia documentación que obra en autos.
Cabe recordar que en enero de 2019 a Fiscalía Provincial de Almería pidió que Torres declarase como investigado a raíz de la información aportada por el entonces equipo de gobierno liderado por Ángeles Castillo (PSOE), quien había accedido a la Alcaldía tras promover una moción de censura contra el 'popular'.
En su denuncia puso en conocimiento del Ministerio Público los expedientes de facturas que fueron sometido a debate del pleno de la corporación local en octubre de 2019 con informes de fiscalización emitidos por parte de la intervención municipal "con reparos".
La información apuntaba la posible contratación de diversos suministros, servicios y obras "sin consignación presupuestaria y sin seguir el procedimiento administrativo legalmente previsto" y "con informes en contra del interventor", lo que habría "vulnerado la Ley de contratos del Sector Público".
"Se han realizado sin seguir el procedimiento administrativo y, en la mayoría de los casos, sin consignación presupuestaria, además de que han traspasado con creces los límites máximos de la contratación menor", según aseguró Castillo en su momento.
En un comunicado, el alcalde ha señalado que el auto judicial "desmonta la operación de acusaciones falsas de la exalcaldesa y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento" y ha recordado que "en reiteradas" aludió a un "montaje, una operación de acoso y derribo".
"Sabíamos que todo era falso, acusaciones inventadas para enturbiar nuestra imagen y nuestra labor en el equipo de Gobierno, que había sido intachable. Habíamos conseguido dar la vuelta a la tesorería que encontramos en negativo y puesto en las arcas más de once millones de euros de forma limpia y transparente. Nos han intentado destruir con mentiras falaces y la justicia no les ha dado la razón", ha asegurado.
Torres ha asegurado que Castillo "hizo de esta causa la base de su mandato tras la moción de censura y de cara a las elecciones municipales de 2019".
"No dudaron en enarbolar la bandera de las supuestas facturas falsas
para intentar desacreditarme cuando era candidato", ha criticado para
concluir que se "ha demostrado que todo era rotundamente falso".
El Juzgado de lo Penal nº 2 ha condenado a multa a la ex primera teniente de alcalde de Carboneras, Rosario Fernández (PSOE) por pedir a una vecina que votase por correo a su partido con la "promesa" de conseguirle "un trabajo" y ha absuelto a otras dos exconcejales socialistas acusadas de delito electoral.
La sentencia señala que la testigo fundamental en la causa "no incriminó en los hechos" en el acto de juicio a Josefa R.S. y que tampoco ha resultado probado que Josefa C.O. pidiese el voto por correo a otro vecino a cambio de que el Ayuntamiento permitiese la apertura de una terraza en el bar en el que trabajaba, lo que facilitaría conservar su empleo.
La magistrada Sara Herrera ahonda, en este último caso, que no basta la "declaración sumarial" de este vecino, que no compareció en la vista pese a estar citados por edictos, ya que esta "fue practicada sin la asistencia del letrado de la defensa", por lo que "no puede ser valorada como prueba incriminatoria".
La resolución sí condena a la ex primer teniente de Alcalde Rosario Fernández como autora de un delito electoral a dos multas; una de 20 meses con una cuota diaria de diez euros y otra de dos meses con cuota diaria de diez euros.
Aplica la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas ya que los hechos se remontan a 2007 pero no aprecia el subtipo agravado que pedía la Fiscalía ya que no consta que en esa fecha fuera concejal.
Cabe recordar que Rosario Fernández sí integraba la candidatura socialista en 2007 después de haber tenido que abandonar la corporación municipal tras ser condenada en enero de 2005 junto a su hermano, el entonces regidor Cristóbal Fernández, a la pena de seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público por la comisión de otro delito electoral.
Finalmente, ambos fueron indultados por acuerdo de Consejo de Ministros en diciembre de 2006, medio año antes de los comicios locales y con la condición de que no volvieran a cometer delito doloso en el plazo de dos años. Tanto Rosario Fernández como Cristóbal Fernández concurrieron a las elecciones municipales de 2007 y se alzaron con la Alcaldía en el mandato hasta 2011.
En el apartado de hechos probados, la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 2 relata que, en fecha no concretada, pero comprendida en los días anteriores al 27 de mayo de 2007, día en el que se celebrarían elecciones municipales, Rosario Fernández "requirió" a una vecina "que votara por correo a su partido a cambio de conseguirle un trabajo".
Añade que la vecina le llevó la documentación a Fernández --el sobre sin cerrar, según aclara-- cuando la recibió de la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral y que "votó por correo en las referidas elecciones" en la Oficina de Correos de Carboneras el 23 de mayo.
No obstante, la magistrada recoge que no se ha acreditado que cuando llevó la documentación, la acusada Josefa R.S. "le diese diez euros para que se pagara el billete de autobús" o "le dijera 'no te preocupes que vas a tener trabajo" como tampoco se ha probado que Josefa C.O. solicitase el voto a otro vecino a cambio de la apertura de una terraza en el bar en el que trabajaba.
Para condenar a Rosario Fernández, argumenta que, si bien ella negó los hechos, la testigo fue "contundente" y prestó declaración "sin vacilación alguna" cuando indicó que la acusada, "a la que conocía de toda la vida", le pidió que votará a "su partido y que le daría trabajo".
Remarca "no resta credibilidad" a su testifical que "dijese que entregó la documentación del voto por correo" a Fernández "en su despacho del Ayuntamiento" cuando "no tenía asignado ninguno" ya que "no significa que no pudiera usar alguno de los hubiera en el lugar".
"La firme declaración de la testigo percibida, como se ha expuesto, del todo creíble, al ser coherente en su relato de hechos, frente a la declaración de la acusada meramente exculpatoria", subraya, sumado al Informe del Instituto Nacional de Estadística "en el que se expresa que solicitó el voto por correo y que efectivamente se verificó" en la Oficina de Carboneras, hace que "podamos concluir, sin dificultad, la realidad de los hechos por los que se acusa a Rosario Fernández", finaliza la sentencia.
Dimite de su cargo el alcalde de Santa Cruz de Marchena
Finalmente, el alcalde de Santa Cruz de Marchena, Felipe Berenguel (PP), ha dimitido este jueves de su cargo como primer edil en el Consistorio a través de un Pleno extraordinario y de urgencia en el que se ha abordado su cese.
Fuentes populares han indicado que el regidor mantendrá su acta de concejal y seguirá en el Ayuntamiento como parte del equipo de gobierno que ahora pasará a liderar la 'número 2' en la lista del PP, Elena Tijeras.
Si bien no han trascendido los motivos de la decisión adoptada por el ya ex primer edil, desde la dirección provincial han trasladado que están "al corriente" de la decisión, que han encuadrado en la "normalidad, según lo previsto".
Berenguel se hizo con la Alcaldía de Santa Cruz de Marchena en las elecciones municipales de 2019, donde ha gobernado en los últimos meses con mayoría absoluta después de que se hiciera con cuatro de los cinco concejales de la corporación. José Manuel Martínez, del PSOE, constituye el único edil en la oposición.
Condenada por compra de votos la ex primera teniente de alcalde de Carboneras
El Juzgado de lo Penal nº 2 ha condenado a multa a la ex primera teniente de alcalde de Carboneras, Rosario Fernández (PSOE) por pedir a una vecina que votase por correo a su partido con la "promesa" de conseguirle "un trabajo" y ha absuelto a otras dos exconcejales socialistas acusadas de delito electoral.
La sentencia señala que la testigo fundamental en la causa "no incriminó en los hechos" en el acto de juicio a Josefa R.S. y que tampoco ha resultado probado que Josefa C.O. pidiese el voto por correo a otro vecino a cambio de que el Ayuntamiento permitiese la apertura de una terraza en el bar en el que trabajaba, lo que facilitaría conservar su empleo.
La magistrada Sara Herrera ahonda, en este último caso, que no basta la "declaración sumarial" de este vecino, que no compareció en la vista pese a estar citados por edictos, ya que esta "fue practicada sin la asistencia del letrado de la defensa", por lo que "no puede ser valorada como prueba incriminatoria".
La resolución sí condena a la ex primer teniente de Alcalde Rosario Fernández como autora de un delito electoral a dos multas; una de 20 meses con una cuota diaria de diez euros y otra de dos meses con cuota diaria de diez euros.
Aplica la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas ya que los hechos se remontan a 2007 pero no aprecia el subtipo agravado que pedía la Fiscalía ya que no consta que en esa fecha fuera concejal.
Cabe recordar que Rosario Fernández sí integraba la candidatura socialista en 2007 después de haber tenido que abandonar la corporación municipal tras ser condenada en enero de 2005 junto a su hermano, el entonces regidor Cristóbal Fernández, a la pena de seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público por la comisión de otro delito electoral.
Finalmente, ambos fueron indultados por acuerdo de Consejo de Ministros en diciembre de 2006, medio año antes de los comicios locales y con la condición de que no volvieran a cometer delito doloso en el plazo de dos años. Tanto Rosario Fernández como Cristóbal Fernández concurrieron a las elecciones municipales de 2007 y se alzaron con la Alcaldía en el mandato hasta 2011.
En el apartado de hechos probados, la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 2 relata que, en fecha no concretada, pero comprendida en los días anteriores al 27 de mayo de 2007, día en el que se celebrarían elecciones municipales, Rosario Fernández "requirió" a una vecina "que votara por correo a su partido a cambio de conseguirle un trabajo".
Añade que la vecina le llevó la documentación a Fernández --el sobre sin cerrar, según aclara-- cuando la recibió de la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral y que "votó por correo en las referidas elecciones" en la Oficina de Correos de Carboneras el 23 de mayo.
No obstante, la magistrada recoge que no se ha acreditado que cuando llevó la documentación, la acusada Josefa R.S. "le diese diez euros para que se pagara el billete de autobús" o "le dijera 'no te preocupes que vas a tener trabajo" como tampoco se ha probado que Josefa C.O. solicitase el voto a otro vecino a cambio de la apertura de una terraza en el bar en el que trabajaba.
Para condenar a Rosario Fernández, argumenta que, si bien ella negó los hechos, la testigo fue "contundente" y prestó declaración "sin vacilación alguna" cuando indicó que la acusada, "a la que conocía de toda la vida", le pidió que votará a "su partido y que le daría trabajo".
Remarca "no resta credibilidad" a su testifical que "dijese que entregó la documentación del voto por correo" a Fernández "en su despacho del Ayuntamiento" cuando "no tenía asignado ninguno" ya que "no significa que no pudiera usar alguno de los hubiera en el lugar".
"La firme declaración de la testigo percibida, como se ha expuesto, del todo creíble, al ser coherente en su relato de hechos, frente a la declaración de la acusada meramente exculpatoria", subraya, sumado al Informe del Instituto Nacional de Estadística "en el que se expresa que solicitó el voto por correo y que efectivamente se verificó" en la Oficina de Carboneras, hace que "podamos concluir, sin dificultad, la realidad de los hechos por los que se acusa a Rosario Fernández", finaliza la sentencia.
Dimite de su cargo el alcalde de Santa Cruz de Marchena
Finalmente, el alcalde de Santa Cruz de Marchena, Felipe Berenguel (PP), ha dimitido este jueves de su cargo como primer edil en el Consistorio a través de un Pleno extraordinario y de urgencia en el que se ha abordado su cese.
Fuentes populares han indicado que el regidor mantendrá su acta de concejal y seguirá en el Ayuntamiento como parte del equipo de gobierno que ahora pasará a liderar la 'número 2' en la lista del PP, Elena Tijeras.
Si bien no han trascendido los motivos de la decisión adoptada por el ya ex primer edil, desde la dirección provincial han trasladado que están "al corriente" de la decisión, que han encuadrado en la "normalidad, según lo previsto".
Berenguel se hizo con la Alcaldía de Santa Cruz de Marchena en las elecciones municipales de 2019, donde ha gobernado en los últimos meses con mayoría absoluta después de que se hiciera con cuatro de los cinco concejales de la corporación. José Manuel Martínez, del PSOE, constituye el único edil en la oposición.
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