ALMERÍA.- El subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, y el
alcalde del municipio de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández,
asistirán la próxima semana a una reunión con los responsables del
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(Ciemat) en la que se va a abordar la situación del área bajo vigilancia
radiológica de Palomares después de que la Audiencia Nacional haya
requerido al Consejo de Ministros a "declasificar" el Plan de
Rehabilitación para la zona aprobado en 2010.
El encuentro, que se va a celebrar previsiblemente en la sede del
Ciemat, en Madrid, se celebra a instancias del subdelegado del Gobierno y
del regidor cuevano para recabar datos e información sobre "posibles
soluciones" a la limpieza de las 40 hectáreas contaminadas con plutonio y
"medidas" que se están adoptando. Por el Ciemat está previsto que
asistan el director general, Carlos Alejaldre, y la directora del
Departamento de Medio Ambiente, Yolanda Benito.
Cabe recordar que, al margen del auto de la Audiencia Nacional
pidiendo que se desclasifique el expediente del caso, la Comisión
Europea hacía público esta semana un informe que daba de plazo a España
hasta finales de 2021 para informar de "progresos" en la limpieza
"definitiva" y en la "eliminación" del suelo contaminado para su
"deposito de forma segura" en un almacenamiento "a largo plazo". El
dictamen vino después de que una misión de verificación visitase
Palomares en junio de 2019.
El alcalde de Cuevas, Antonio
Fernández (PSOE), ha indicado que la reunión "a nivel técnico" es
necesaria "ahora que parece que se va poniendo nombre a los responsables
de limpiar la tierra" y para conocer las "alternativas" para almacenar
los residuos que se generen en la ejecución del Plan de Rehabilitación
"ya que parece que la puerta de EEUU va a estar cerrada por mucho
tiempo".
"Después de 54 años parece que, por fin, se mueve algo", ha saludado
Fernández, quien ha calificado de "muy buenas noticias" la resolución
de la Audiencia Nacional en el procedimiento impulsado por Ecologistas
en Acción ya que "el plan de rehabilitación tiene que dejar de ser
secreto para que tengamos acceso y sepamos en qué consiste".
En esta línea, ha indicado que espera "la máxima colaboración" del
Gobierno de España y ha avanzado que el Ayuntamiento de Cuevas del
Almanzora va a "intentar que los próximos Presupuestos Generales del
Estado (PGE) incluyan partidas económicas" encaminadas a hacer efectiva
la descontaminación.
"Parece claro que corresponde al Gobierno llevar a cabo la limpieza y
entonces habría que ver dónde se almancenan los residuos porque los
expertos sostienen que no hay instalaciones en España que reúnan las
condiciones para ese almacenamiento definitivo", ha trasladado.
Según lo que ha trascendido hasta ahora, la previsión es retirar
50.000 metros cúbicos de tierra para tamizar, lo que daría lugar a 6.000
metros cúbicos de residuos aunque estos volúmenes podrían haberse
reducido por un "cambio de criterios radiológicos" aprobado por el
Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en 2015 hasta 28.000 metros cúbicos y
3.800 metros cúbicos, respectivamente.
El alcalde ha afirmado que, si bien desde el Ciemat "nos dicen que
todo está controlado, que el área contaminada está acotada, que las
mediciones son continúas y que el plutonio es un metal muy pesado que
hace muy difícil que pueda salir de esa zona", también "es cierto que,
con el tiempo, el plutonio se convierte en americio, bastante más
peligroso y volátil".
"Queremos que se trabaje por este tema con la discreción que merece,
sin poner en riesgo el motor principal de la economía del Levante
almeriense, la agricultura y el turismo, porque no es solo Cuevas de
Almanzora; Vera tiene más hectáreas contaminadas", ha concluido.
El alcalde de Cuevas del Almanzora ya solicitó una reunión de
urgencia al Ciemat en octubre de 2018 después de que se desvelase que el
ente había trasladado en 2016 un total de 1.600 kilos de material
radiológico para su almacenamiento en contenedores en el área bajo
vigilancia radiológica de Palomares.
La investigación judicial de la Audiencia Nacional reveló más tarde
que, en realidad, se enviaron a la zona casi seis toneladas de material
radioactivo en varios traslados efectuados entre 2011 y 2016 y que este
material está depositado en contenedores en la zona 2 y en una
edificación en la zona 3.
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