MADRID.- Más de una cuarta parte de los más de 3,25 millones de empleados
públicos y funcionarios que hay en la actualidad –según datos de la
Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2019–
alcanzarán a lo largo de los próximos diez años la edad legal de
jubilación, situada en la actualidad en 65 años y diez meses, aunque en
2027 se retrasará a los 67 años.
Cabe
recordar, no obstante, que
aquellos que tengan largas carreras de cotización podrán seguir
retirándose a los 65. Concretamente, 925.200 trabajadores del sector
público tienen en la actualidad más de 55 años, por lo que en teoría
podrían jubilarse en 2030.
Si se mira más en el corto plazo, la cifra no deja de ser preocupante:
más de 340.000 empleados del Estado abandonarán sus puestos en la
Administración en los próximos cinco años.
Y si se va un poco más lejos,
pero no tanto, será prácticamente la mitad de la actual plantilla con
que cuenta el Estado (el 44,5%) la que podría retirarse del mercado
laboral en los próximos quince años, pues son cerca de 1,5 millones de
funcionarios los que han cumplido ya la cincuentena, según datos
extraídos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Así, la Administración Pública envejece a pasos agigantados, más
incluso de lo que lo hace ya la población española en general.
Por eso,
una de las tareas pendientes que tiene el nuevo Gobierno en esta
materia, una vez que ya se ha aprobado la subida del sueldo a los
funcionarios, es buscar una solución a este fenómeno y materializar
las históricas ofertas de empleo público que se han aprobado los dos
últimos años pero de las que aún faltan decenas de miles de plazas por
salir a concurso.
Es más, en el acuerdo al que llegó el
anterior Ejecutivo del PP con los sindicatos, se comprometieron a sacar a
concurso 250.000 plazas entre 2017 y 2020 para paliar los efectos de la
crisis.
Desde los sindicatos piden
acelerar estas vacantes e impulsar un plan integral de recursos humanos
encaminado a crear nuevos empleos,
rejuvenecer plantillas y eliminar desigualdades, ya que, de lo
contrario, se corre el riesgo de tener serias dificultades de personal
para poder atender adecuadamente a las necesidades de la ciudadanía.
Sanidad, Educación, Correos...
De hecho, más de 13.200 aspirantes se examinaron el pasado
domingo 2 de febrero en Madrid de la oposición convocada para cubrir 900
plazas del cuerpo de ayudantes de los centros penitenciarios y los
centros de inserción social de la administración penitenciaria. Esta es
una de las numerosas ofertas de empleo público (OPE) que se han convocado para este año 2020 y que han sido publicadas por el BOE. Pero no es la única, ni mucho menos.
Sanidad, Educación, Correos, Instituciones
Penitenciarias, policías locales, personal de Administración de la
Generalitat... 2020 es un año récord, con 29.000 plazas
anunciadas hasta el momento y con nnuevas convocatorias en marcha.
Hay
15.385 en el caso de Sanidad entre plazas estatutarias, de
especialidades y funcionariales y 3.575 para las oposiciones de
Educación para profesorado de Secundaria, FP y Régimen Especial (Música,
Artest Plásticas y Diseño o escuelas oficiales de idiomas). Y hay
muchas más plazas de empleo público.
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