SEVILLA.- Un día después de que el Gobierno andaluz comunicara la aparición de cajas fuertes 'ocultas' en la Agencia Idea con papeles clave del caso ERE,
siguieron aparecieron detalles. El Gobierno andaluz difundió unas fotos
de las supuestas cajas fuertes situadas en el sótano del edificio, tres
armarios de seguridad de gran altura y dimensiones que, según la
información recabada por El Confidencial, cumplen con las medidas de
seguridad exigidas por ley para la custodia de documentos públicos y que era imposible que estuvieran escondidas.
Más allá del dilema de las cajas, la Agencia Idea era un día después de la denuncia pública del PP un hervidero. Se dan muchas circunstancias que convierten esta agencia pública en una olla a presión. Entre otras, la política de nombramientos de Cs,
que llevó a fichar para el área económica, y ahí entra esta agencia
pública, a profesionales que formaron parte de los organigramas
socialistas.
Pese a que toda la denuncia pública viene de la parte del PP en el Gobierno andaluz, Idea está adscrita a la Consejería de Economía de Rogelio Velasco,
cuota de Cs en el Ejecutivo. Es curioso que quienes llevaban la bandera
de la regeneración y ostentan esas competencias aparezcan mudos o en
segundo plano mientras el PP pone a tope los altavoces de denuncia de la
corrupción socialista.
El PSOE
no se cortó en apuntar en su primera respuesta pública a la denuncia de
papeles 'ocultos' que el actual director general de la Agencia Idea, Fernando Casas, fue alto cargo en los gobiernos socialistas con los titulares de Hacienda María Jesús Montero y Antonio Ramírez de Arellano.
Fue secretario general de Hacienda, director general de Tesorería y
director general de Presupuestos en sucesivos cargos que ocupó desde
2016.
En el organigrama de la agencia que el Gobierno andaluz ha situado en el centro de la polémica, aparece como presidenta Lorena García de Izarra, que es viceconsejera de Economía.
Fichada por Velasco desde la empresa privada, en concreto era directiva en la mina Cobre Las Cruces. Antes, durante tres años y tres meses, se integró en los equipos directivos de tres exconsejeros de Innovación, en concreto Francisco Vallejo, también condenado en los ERE, Martín Soler y Antonio Ávila. Todos fueron responsables de Idea con el PSOE.
La vicepresidencia de Idea recae en Manuel Ortigosa, funcionario de la Junta y director general de Telecomunicaciones desde 2015 en el último Gobierno de Susana Díaz. La subdirección general de Idea la ocupa Manuel Cano,
que ocupó en la etapa socialista varios puestos de responsabilidad en
la Agencia de Vivienda y que desde noviembre de 2014 hasta mayo de 2016
fue precisamente director económico financiero de Idea.
No es el
único que tuvo responsabilidades en Idea en la etapa socialista que ha
acabado integrado en el organigrama del nuevo Gobierno en el área de Cs.
También Lorena Garrido, actual directora general de
Comercio de la Consejería de Economía, fue desde 2018 secretaria general
de Idea, "era ella quien tenía la custodia de esos archivos secretos",
apuntan fuentes socialistas.
En el PSOE, se preguntan cómo se puede sostener que la Agencia Idea
maniobró y ocultó papeles en cajas fuertes secretas y a la vez ascender o
mantener al frente de este organismo a directivos que fueron altos
cargos del área económica en los gobiernos socialistas.
Invitan a
preguntar directamente a estos directivos, ahora con Cs, si en sus
anteriores etapas los gobiernos socialistas ocultaron documentos e
información a la Justicia. Desde el equipo del consejero de Economía,
Rogelio Velasco, defienden que todos los nombramientos
del departamento se han realizado "con criterios absolutamente
profesionales" y que demuestran que el consejero "no es ninguna persona
sectaria".
"Se primaron el currículo y los méritos profesionales", insisten.
Según ha podido saber El Confidencial, la Agencia Idea cuenta con otro almacén situado en el municipio de Camas
y donde también se examinarán los documentos custodiados para hacer
inventario y poner orden en el archivo.
"Hay miles y miles de papeles y
se tardará mucho tiempo en digitalizar e inventariar", explican desde el
Gobierno andaluz.
Según la versión de lo ocurrido en el área de
Economía, fue el miércoles pasado por la tarde cuando un funcionario se
personó directamente en el despacho del director de Idea, Fernando
Casas, para comentarle que habían aparecido documentos relacionados con
el caso de Cárnicas Molina.
Días atrás, la Fiscalía Anticorrupción había pedido la imputación por malversación en este caso del expresidente Manuel Chaves y del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías. El funcionario, señaló el PP, pasará a ser protegido como denunciante de corrupción. Aseguran que sufre temor y ansiedad.
El responsable de Idea asegura que desconocía la existencia de esos archivos en
el sótano del edificio, donde también hay una sala para que los
trabajadores puedan acudir a comer o tomar café y otra con los
utensilios de limpieza.
¿Dónde estaban los documentos que ahora se han
entregado a la Justicia? ¿Cómo eran secretos? Al parecer, estaban en
sobres lacrados "en una segunda fila del archivador, no a la vista, sino
ocultos tras los archivadores comunes", según fuentes del Gobierno
andaluz. "Había 192 carpetas y no todas eran visibles". Los armarios de
seguridad tienen una llave que "tenía una sola persona", explican desde
la Junta.
En ese momento, el director de Idea comunicó lo sucedido a la cúpula
de la Consejería de Economía, que decidió enviar a la agencia personal
funcionario para que levantara acta de lo ocurrido y de lo que hay
dentro de los archivadores.
"Había muchos documentos en un segundo fondo que
no aparecían en los inventarios", señalan fuentes de Idea. "Estaban
ocultos y algunos en sobres lacrados".
"Inmediatamente después, se
decide poner estos documentos bajo guardia y custodia de los servicios
jurídicos de la Junta", agregan.
Después de este episodio, la cúpula de
Idea conoce, explican, la existencia de otro archivo fuera del edificio y
"también hay muchos documentos que no están inventariados". El Gobierno
andaluz habla de "caos".
Idea, que la sentencia de los ERE señaló como la caja pagadora de las ayudas ilegales,
se creó como un instrumento para ayudar a la innovación de las empresas
andaluzas y fue heredera del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía
(IFA). No solo se vio envuelta en los tribunales en los ERE, también en
el caso avales, abierto por la jueza Mercedes Alaya en 2014 y archivado por su sucesora, María Núñez Bolaños,
en mayo de 2019.
El Gobierno de PP y Cs se sumó a la petición de
archivo de la causa y luego lo recurrió, pero librando a los ex altos
cargos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario