ALMERÍA.- El secretario general del PP en Almería,
Javier Aureliano García, ha trasladado este martes que el alcalde de
Cantoria, Pedro Llamas, "es responsable y sabe perfectamente lo que
tiene que hacer" ante la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que
confirma las penas de dos años de cárcel y de 23 meses de inhabilitación
especial a las que fue condenado por delitos de falsedad en documento
público y omisión del deber de perseguir delitos.
"Las sentencias están para cumplirlas, nos gusten o no, y, por
supuesto, el PP acepta y no cuestiona en ningún caso ninguna sentencia",
ha indicado a preguntas de los periodistas García, quien ha asegurado
que "en breves horas o días" se sabrá "qué postura va a tomar Pedro
Llamas".
Al hilo de esto, ha remarcado que existen unas "reglas de juego de
las que participamos todos y que aceptamos en nuestros quehaceres
diarios y cuando entramos en política".
"Nosotros animamos a acatar
sentencias, que están para cumplirlas", ha apostillado.
Ha afirmado que desde la dirección del PP "se ha hablado" con el
alcalde de Cantoria y se han "compartido reflexiones sobre la
sentencia".
"Por tanto, es responsable y sabe lo que tiene que hacer",
ha insistido García.
En esta línea, y al ser interpelado sobre si hay "repuesto" ante
una posible dimisión de Llamas, ha dicho que no se ha hablado "ni de
repuesto, ni de dejar de tener repuesto" y ha trasladado que los
"tiempos hay que marcarlos tranquilamente y sin aceleración".
"Hay buena
cantera para sustituir", ha señalado.
El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de dos años de prisión y
23 meses de inhabilitación para empleo o cargo público para el alcalde
de Cantoria por faltar a la verdad un escrito "con sello oficial" del
Ayuntamiento remitido a la Policía Autonómica, en el que negaba que
hubiera autorizado el suministro de luz y agua a una promoción de cuatro
viviendas construidas sobre suelo no urbanizable.
Llamas ha sido condenado, asimismo, por no denunciar estas
edificaciones contrarias a la normativa urbanística ni incoar ningún
expediente sancionador ni de restauración de la legalidad urbanística
sino que, al contrario, según remarca el Supremo, "concedió
autorizaciones para el suministro eléctrico y el agua de las mencionadas
viviendas".
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