MADRID.- Aunque las fronteras españolas se abrieron al resto de Europa
el pasado 1 de julio, la llegada de extranjeros al país nunca paró,
porque el flujo de llegada de pateras, aunque reducido, no cesó en los
meses de estado de alarma. Sin embargo, ahora, los migrantes deben enfrentarse a protocolos contra el Covid-19 más estrictos que los turistas europeos.
En todo caso, España mantiene cerradas las fronteras con Marruecos,
Argelia y Mauritania, de donde suelen proceder este tipo de
embarcaciones.
Durante el estado de alarma, el Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones, trasladó a las autonomías un protocolo a seguir
para los inmigrantes en el que se establecía que estos, como cualquier
otro extranjero, debían cumplir una cuarentena de 14 días.
Sí se les permitía cambiar de provincia durante el aislamiento, en el
caso de que fuera necesario y siempre cumpliendo con las medidas de
prevención del Covid19. En cuanto a los test, se pedía sólo en el caso de que la personas presentara síntomas.
Una vez terminado este periodo de alarma, el 21 de junio, el departamento que dirige José Luis Escrivá, trasladó las competencias a las comunidades autónomas,
de manera que ellas decidieron y desarrollaron, a partir de entonces,
su modo de proceder en el momento de la acogida de las personas
migrantes que llegan a sus fronteras.
Autonomías como Canarias, Andalucía o Murcia han creado en las últimas semanas protocolos en este sentido,
cambiando algunas de las directrices que el Ministerio aplicaba durante
los meses anteriores. Así, se eliminó la cuarentena de 14 días que se
exigía a todo extranjero, igual que se hizo con los turistas, y se
limitó a aquellas personas con síntomas o cercanas a un positivo.
Sin embargo, se endureció la realización de pruebas PCR,
que pasaron a ser obligatorias para toda aquella persona que llegara a
través de pateras a territorio nacional, independientemente de que
presente síntomas compatibles con el coronavirus, o no.
Desde
diferentes ONG, como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, o
la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, se ha denunciado que se
exige un mayor control a los inmigrantes que a los turistas que llegan
al país, ya sea por tierra mar y aire, ya que a estas personas no se les
obliga a pasar por las pruebas de detección de la enfermedad.
De
hecho, a los turistas se les aplica un protocolo basado en tres
controles: uno documental,
en el que deben rellenar un impreso con preguntas sobre el país de
procedencia, si han pasado el coronavirus y otras cuestiones; un segundo
de temperatura, al llegar pasan por cámaras termográficas para
confirmar la ausencia de este síntoma; y un tercero visual, en el que se
determina si el viajero podría tener otros síntomas relacionados con el
Covid-19.
Estas
actuaciones contrastan con las que deben pasar quienes llegan en
patera. Al pisar suelo español reciben una primera atención sanitaria y
humanitaria por parte de Cruz Roja Española, y son trasladados a los
Centros de Atención Temporal al Extranjero (CATE) o a las comisarías del
Cuerpo de la Policía Nacional -dependientes ambos del Ministerio del
Interior- donde permanecerán un máximo de 72 horas.
En este periodo, se actuará "en función del diagnóstico y clasificación de estas personas";
en concreto, si cuentan con "residentes sin síntomas y sin contacto
estrecho con caso confirmado de Covid-19"; con residentes sin síntomas,
en cuarentena por contacto estrecho con caso confirmado de Covid; con
residentes con síntomas compatibles, o con "casos confirmados" de
coronavirus.
Los protocolos
autonómicos recogen, además, varias líneas de actuación, entre las que
figuran una relativa a medidas de prevención, de distanciamiento físico, aislamiento e higiene de manos.
Además, se recomienda "reforzar la limpieza y desinfección de estancias
con especial énfasis en los objetos de mayor contacto del mobiliario",
así como "mantener medidas de seguridad en los desplazamientos".
También
los voluntarios de Cruz Roja deben seguir un estricto protocolo de
prevención. Todos ellos han de llevar Equipos de Protección Individual
(EPI) y deben de limitar el número de personas en las zonas en las que
atienden a los inmigrantes, para evitar aglomeraciones y poder mantener la distancia de seguridad.
Además, en el caso de hallar un positivo, deben seguir un procedimiento
para ponerse en contacto con los servicios autonómicos, que son los
competentes a la hora de determinar los siguientes pasos, posible
ingreso o aislamiento, entre otras opciones.
Las diferencias de tratamiento entre migrantes y turistas,
señalan las ONG, suponen también una estigmatización de los
inmigrantes. Esta situación se ha dado en las últimas semanas, por
ejemplo, en Cartagena (Murcia) en donde algunos vecinos insultaron y
obligaron a trasladar a seis migrantes argelinos que cumplían cuarentena
en un piso de la ciudad.
Los
migrantes no padecían el virus, pero en su embarcación sí había gente
contagiada, de ahí que las autoridades autonómicas decidiera aislarlos
para cumplir cuarentena. Los vecinos defendieron su comportamiento
alegando que tenían "miedo" a que estas personas pudieran pasarles la
enfermedad.
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