ALMERÍA.- La
Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, teme
por la situación laboral de los empleados de los diez Registros de la
Propiedad de la provincia de Almería que tienen Oficina Liquidadora y
que se encuentran en la capital, Berja, Canjáyar, Cuevas de Almanzora,
Gérgal, Huércal Overa, Purchena, Vélez Rubio, Vera y El Ejido.
De esta manera, el sindicato alerta de las consecuencias negativas que el nuevo convenio de colaboración firmado entre la Agencia Tributaria de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta y los registradores de la Propiedad y Mercantiles de Andalucía que repercutirán, no sólo en estos trabajadores, sino también en la prestación de un servicio público basado en la atención cercana prestada a la ciudadanía en la gestión de tributos, fundamentalmente en las zonas rurales y más alejadas de las capitales de provincia.
En el total andaluz, esta media afecta a 91 oficinas y a unos 300 empleados.
Dicho acuerdo recoge, entre otros puntos, que esta decena oficinas liquidadoras de la provincia albergadas en estos Registros de la Propiedad serán despojadas de sus principales funciones quedando reducidas a entidades de recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones de datos, así como de información y asistencia tributaria.
Y según ha podido saber CSIF, el resto de oficinas que sí mantendrán sus competencias sobre gestión tributaria del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, además de ver triplicada esta carga de trabajo, no podrán gestionar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, convirtiéndose, a juicio del sindicato, en “simples estafetas de presentación de documentos y asistencia”.
Para el sindicato esta medida adoptada supone, además de la pérdida de empleo, un “menoscabo de la atención al contribuyente que tendrá que correr con los gastos generados al tener que delegar en gestores, administradores o abogados la tramitación de una documentación que hasta ahora se tramitaba con carácter gratuito desde las Oficinas Liquidadoras.
CSIF considera que, actualmente, estas oficinas cuentan con una plantilla profesional, eficiente y que ha actuado con absoluta lealtad durante años, “demostrando calidad en el análisis y en la calificación de los expedientes, capacidad de adaptación y, sobre todo, desarrollando un trabajo constante e intenso que le ha permitido cumplir con unos altos estándares”.
En definitiva, CSIF apunta que con este conflicto laboral “se ha sacrificado un modelo de trabajo encarnado por las Oficinas Liquidadoras que se caracterizaba por el suministro de una información atinada, completa, exhaustiva, cercana y actualizada. Y también se ha visto gravemente afectado un personal con décadas de experiencia, altamente cualificado y comprometido, en aras de una administración electrónica que aún no es una realidad en muchísimos puntos de Andalucía”, han concluido.
De esta manera, el sindicato alerta de las consecuencias negativas que el nuevo convenio de colaboración firmado entre la Agencia Tributaria de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta y los registradores de la Propiedad y Mercantiles de Andalucía que repercutirán, no sólo en estos trabajadores, sino también en la prestación de un servicio público basado en la atención cercana prestada a la ciudadanía en la gestión de tributos, fundamentalmente en las zonas rurales y más alejadas de las capitales de provincia.
En el total andaluz, esta media afecta a 91 oficinas y a unos 300 empleados.
Dicho acuerdo recoge, entre otros puntos, que esta decena oficinas liquidadoras de la provincia albergadas en estos Registros de la Propiedad serán despojadas de sus principales funciones quedando reducidas a entidades de recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones de datos, así como de información y asistencia tributaria.
Y según ha podido saber CSIF, el resto de oficinas que sí mantendrán sus competencias sobre gestión tributaria del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, además de ver triplicada esta carga de trabajo, no podrán gestionar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, convirtiéndose, a juicio del sindicato, en “simples estafetas de presentación de documentos y asistencia”.
Para el sindicato esta medida adoptada supone, además de la pérdida de empleo, un “menoscabo de la atención al contribuyente que tendrá que correr con los gastos generados al tener que delegar en gestores, administradores o abogados la tramitación de una documentación que hasta ahora se tramitaba con carácter gratuito desde las Oficinas Liquidadoras.
CSIF considera que, actualmente, estas oficinas cuentan con una plantilla profesional, eficiente y que ha actuado con absoluta lealtad durante años, “demostrando calidad en el análisis y en la calificación de los expedientes, capacidad de adaptación y, sobre todo, desarrollando un trabajo constante e intenso que le ha permitido cumplir con unos altos estándares”.
En definitiva, CSIF apunta que con este conflicto laboral “se ha sacrificado un modelo de trabajo encarnado por las Oficinas Liquidadoras que se caracterizaba por el suministro de una información atinada, completa, exhaustiva, cercana y actualizada. Y también se ha visto gravemente afectado un personal con décadas de experiencia, altamente cualificado y comprometido, en aras de una administración electrónica que aún no es una realidad en muchísimos puntos de Andalucía”, han concluido.
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