SEVILLA.- Uno de los principales asuntos que tenía sobre la mesa el Gobierno del cambio era la gestión de los fondos europeos. La Junta tenía concedidos unos seis mil millones de euros
que se tenían que gastar, y justificar debidamente con toda la
burocracia que impone Europa antes de finales de este año 2020, un plazo
que se ha ampliado hasta 2023 tras solicitar la correspondiente
prórroga a la Unión Europea, adelanta hoy Abc.
La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades que dirige Rogelio Velasco (Ciudadanos), ha tenido serias dificultades para poner en marcha un procedimiento
administrativo lo suficientemente solvente como para que no se
perdieran fondos destinados al desarrollo econonómico de Andalucía.
En
primer lugar, ha tenido que crear un modelo administrativo único y la
directora general de Fondos Europeos dimitió a mitad del procedimiento,
lo que obligó al secretario general de Economía a asumir esta tarea
extra.
La presión que ha ejercido el equipo de Velasco (y que no
siempre ha sido bien comprendida por el resto de consejerías) ha logrado
sacar adelante algunos de estos fondos atascados. El Consejo de
Gobierno que se celebra este martes tiene previsto dar el visto bueno a
un informe sobre la ejecución de los libramientos pendientes de
justificar asociados a las subvenciones de Investigación y Desarrollo
destinado a empresas y entidades tecnológicas así como a universidades.
En los últimos once meses, la Junta ha logrado que las empresas justifiquen 127.532.295 euros de fondos Feder, lo que supone el 90% de los fondos pendientes.
El 1 de febrero de 2019, había 143 millones de euros en ayudas
pendientes de justificar, mientras que a 1 de enero de 2020, la cifra se
ha reducido hasta 15,5 millones de euros.
Este avance en la justificación de ayudas también ha permitido abrir una nueva convocatoria de proyectos de excelencia,
muchos de los cuales estaban paralizados desde 2012. Así había
pendientes 84,5 millones de euros para ayudas a actividades de
transferencias, ayudas a infraestructuras de entidades públicas y
privdas, ayudas a proyectos de I+D, así como los programas Talento
Senior y otros destinados a personal investigador.
Además de desbloquear los proyectos europeos paralizados, el consejero de Economía ha nombrado a Sebastián Chávez como responsable de la Dirección de Evaluación y Acreditación Precisamente para potenciar la actividad investigadora en las universidades y los centros de I+D.
Un nombramiento ratificado este martes por el Consejo de Gobierno, que supone, a juicio de Rogelio Velasco,
«el compromiso de este Gobierno de profesionalizar la administración,
dibujando un nuevo organigrama en el que se prime, por encima de
cualquier otra consideración, los requisitos de mérito y capacidad».
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