ALMERÍA.- La Fiscalía de Almería ha icho que no se tramitó adecuadamente los
expedientes que permitieron compatibilizar la actividad privada con sus
ingresos por su dedicación exclusiva en la corporación municipal a los
dos ediles expulsados por Vox por subirse el sueldo desobedeciendo las
instrucciones de su partido.
Así consta en un decreto en el que el
Ministerio Público, sin embargo, ordena el archivo de las diligencias de
investigación incoadas tras la denuncia por posibles delitos de
prevaricación y tráfico de influencias interpuesta por el Grupo
Municipal de Izquierda Unidad, Tú Decides y Equo en el Ayuntamiento de
Roquetas de Mar.
La coalición denunciante había advertido de la posible existencia de
dichos delitos, en relación a las declaraciones de compatibilidad para
el ejercicio de la actividad privadas emitidas por el pleno municipal
respecto a los concejales Antonio Inocencio López y Antonio Francisco
Barrionuevo.
El Ministerio Público apunta que se solicitó al Consistorio
que remitiera los expedientes completos que fueron tramitados para
declarar dicha compatibilidad y que del «análisis pormenorizado» de
éstos, «ciertamente queda determinado que los mismos no han sido
tramitados adecuadamente».
En este sentido, el fiscal asevera que López y Barrionuevo no han
acreditado todos los elementos necesarios para «considerar que su
actividad privada tiene el carácter marginal» requerido por el
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones
Locales.
«Es obligación directa de los interesados, en este caso de
los concejales Antonio Inocencio López y Antonio Francisco Barrionuevo,
acreditar de forma fehaciente que la actividad privada que vienen
ejercitando o que pretender iniciar merezca el calificativo de
marginal», apunta la Fiscalía.
El Ministerio Público afirma que en esta línea se debe hacer
«especial hincapié» en el «aspecto funcional, en el del horario y en el
económico», citando jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) en la que se estimó un recurso contra un acuerdo
similar al considerar insuficientes las declaraciones de IRPF y demás
documentos presentados.
«Por lo que sería aún más palmario en el presente caso, en el que no
se ha acreditado de forma alguna esos extremos», sostiene el fiscal.
Sin embargo, la Fiscalía concluye que «dicha falta de
diligencia» por parte del Ayuntamiento de Roquetas de Mar a la hora de
exigir esta documentación a los ediles, «en modo alguno serían
constitutivas de infracción penal alguna, quedando expedita la vía
contencioso-administrativa para que dicha resolución sea impugnada».
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