SEVILLA.- El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha remitido una carta a Andalucía en la que deja claro que no habrá partida estatal para
atender a los menores inmigrantes no acompañados que llegan a las
costas andaluzas. En la misiva, a la que ha tenido acceso El
Confidencial y que suscribe la Dirección General de Servicios para la
Infancia y la Familia del Ministerio de Sanidad y Consumo,
el Gobierno de la nación defiende que quiere "avanzar en un nuevo
modelo" para atender a este colectivo, pero deja claro que en 2020 no librará ninguna partida para colaborar con las comunidades que atienden a estos menores.
La respuesta llegó después de tres cartas, de junio y septiembre las
dos que quedaron sin contestación, remitidas desde la Junta de
Andalucía. El responsable en el Gobierno de la nación señala: "Lamento
informarle de que sobre la aplicación presupuestaria de este ministerio
que permitió la concesión directa de 40 millones de euros
para complementar los recursos de los que disponen las entidades
públicas de protección de menores de las comunidades autónomas y las
ciudades de Ceuta y Melilla (...) no está prevista dicha financiación de
carácter extraordinario". De esa partida, Andalucía recibió 26 millones
de euros.
Aseguran desde el Ministerio de Sanidad y Consumo que en 2018 se vivió una situación excepcional,
con una llegada muy numerosa de menores a las costas andaluzas, y
considera que "conforme a los últimos datos ofrecidos por el Registro
MENA, la situación en este año 2019 no presenta la excepcionalidad que revistió el año pasado",
por lo que retiran la financiación estatal. "Este Gobierno es
consciente de las dificultades que atraviesan determinadas comunidades y
Ceuta y Melilla", admite el ministerio. El Gobierno se brinda a
impulsar la coordinación entre las entidades públicas y a "impulsar un
nuevo modelo compartido de atención" a estos menores no acompañados,
pero retira los fondos estatales.
Solo 100 menos
Desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, que dirige Rocío Ruiz
(Cs), señalan que pese al argumento que da el Gobierno y aunque es
verdad que este verano no se registró un número de llegadas tan elevado
como el del año anterior, bajo su tutela siguen estando prácticamente el
mismo número de menores inmigrantes.
Según los datos oficiales, hay, a
fecha de 30 de noviembre, un total de 2.174 menores inmigrantes en plazas públicas, y
en esa misma fecha del año anterior eran 2.274. Un centenar de
diferencia y 26 millones de euros menos. Esos son los menores tutelados
en residencias financiadas por la Junta, pero, en total, el Gobierno andaluz atendió en lo que va de año a 5.600 menores.
La
Junta defiende que no solo destinó esa partida a la atención inmediata
de inmigrantes a la llegada y que desde 2019 —señalan desde la
Consejería de Igualdad—, "además de dar respuesta a sus necesidades de
manutención y alojamiento", define "un itinerario" de educación y
formación profesional para conseguir su total inclusión en la sociedad.
En la actualidad, el Gobierno andaluz financia la atención a 1.169 menores no acompañados con un coste de 15,5 millones de euros.
Los cálculos del Gobierno andaluz apuntan a que necesitarán en 2020
"unas 1.072 plazas" hasta abril del próximo año, 7,6 millones de euros, y
1.389 plazas durante el resto del año, cuando han estimado que siempre
sube la llegada de menores no acompañados. "Supondría un coste total para 2020 de 27,6 millones de euros",
apuntan. Como las competencias de menores son de la Junta de Andalucía,
tras la retirada de la subvención estatal, la Administración autonómica
pagará a pulmón esta atención.
Tras los 18
Desde la Consejería de Igualdad, también subrayan que el próximo año está previsto que "un número muy elevado" de extranjeros menores salga del sistema de protección, al cumplir la mayoría de edad, ya que actualmente hay muchos menores en centros que tienen una edad de 16 o 17 años.
"El 52% de los menores no acompañados que se encuentran en los centros tiene 17 años o más, un total de 1.137",
señala el Gobierno andaluz, que considera imprescindible "conseguir
financiación para poner en marcha más plazas de atención a jóvenes
extutelados". Reclama unos 2,5 millones de euros "para poner en marcha
unas 200 plazas nuevas de inserción social y laboral con atención
residencial incluida".
La protección de los menores inmigrantes es uno de los asuntos que han provocado la colisión política con Vox y el Gobierno andaluz. El acto electoral de Rocío Monasterio
a las puertas de un centro de extranjeros en el barrio de la Macarena
en Sevilla la pasada campaña provocó el enfrentamiento entre la
consejería de Cs y los representantes de Vox, tras afearles el Gobierno
andaluz que convocaran un acto político que señalaba a los menores.
Monasterio habló de menores "peligrosos y potenciales delincuentes".
Entre las concesiones a Vox para aprobar los Presupuestos, el Gobierno de PP y Cs aceptó incluir dos partidas en las cuentas de 2019 y 2020 de 800.000 y 150.000 euros para reforzar "la seguridad en los centros de menores inmigrantes de Andalucía".
Pese a que ese dinero va en las cuentas, el Gobierno andaluz nunca ha
podido explicar por qué exactamente se va a reforzar la seguridad ni a
qué se va a destinar ese dinero. Desde la Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales, siempre defienden que el índice de delincuencia entre los menores inmigrantes tutelados es del 0,54%.
En su primer documento de negociación con el PP en Andalucía, Vox pidió la deportación de 52.000 inmigrantes irregulares en
la comunidad andaluza. Esa exigencia quedó diluida en el compromiso de
facilitar la información necesaria a las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado de los extranjeros sin papeles que acuden a la sanidad
andaluza. Algo que tampoco se llevó a cabo. En el acuerdo del último
Presupuesto, Vox insiste en la firma de un convenio con el Ministerio de Interior para compartir con la Policía "la información" que esté en los archivos de la Administración andaluza.
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