miércoles, 18 de diciembre de 2019

La sanidad andaluza, un polvorín para la Junta

SEVILLA.- Caer enfermo durante estas fiestas en buena parte de Andalucía puede suponer un problema para muchos pacientes. El Gobierno del PP y Ciudadanos ha decidido cerrar por las tardes hasta una treintena de centros de atención primaria, especialmente en las provincias de Sevilla y Huelva. Los pacientes que lo necesiten deberán trasladarse a otro centro, que en ocasiones está a varios kilómetros de distancia, revela La Vanguardia.

La decisión de la Junta, que ha suscitado numerosas protestas en los ambulatorios afectados, es únicamente un síntoma más de la situación de la sanidad andaluza, que parece haberle explotado en las manos a la Junta de Moreno Bonilla.
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) alega que “no se encuentran profesionales médicos disponibles en el mercado laboral para que puedan realizar sustituciones en este periodo”. Explicaciones que no convencen en absoluto a la oposición, muy preocupada por la deriva de la sanidad pública andaluza.
Fuentes socialistas señalan que “Moreno es un presidente que no cree en la sanidad pública, ni la defiende, ni la cuida. Ha traicionado a todos los profesionales incumpliendo sus promesas salariales, consiguiendo en un tiempo récord tener indignados a todos los sindicatos del sector. Quiere provocar una tormenta perfecta para que los ciudadanos acaben en la sanidad privada”.
El parlamentario socialista José Luis Ruiz Espejo ha alertado del colapso de la sanidad pública andaluza por la mala gestión. “La pérdida de más de 700 profesionales al mes está haciendo que se vean colapsados nuestros hospitales, las urgencias como hemos visto esta misma semana en el Hospital Regional de Málaga o en el Hospital Clínico, el cierre de unidades en nuestros hospitales en Andalucía o que se estén demorando las citas a más de un año”, resume.
De hecho, el gobierno cierra el año parlamentario explicando hoy y mañana la situación de la sanidad, objeto de críticas generalizadas desde su llegada al poder, hace ahora un año. Desde directores de hospital a usuarios, todos los sectores profesionales que componen la sanidad pública se encuentran desde hace meses en pie de guerra.
En un año políticamente muy cómodo para el presidente Moreno Bonilla, la sanidad es, sin duda, su punto débil. La actuación del consejero Jesús Aguirre, muy cuestionado por la infección de listeriosis causada por carne mechada en mal estado y por la situación general, está en el punto de mira.
La primera víctima de este malestar ha sido el hasta hace unas semanas director gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Moreno Verdugo, cesado cuando apenas llevaba diez meses en el cargo. Verdugo había trabajado con anterioridad en el gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, donde despidió a 3.000 profesionales y quería echar a otros 3.000 cuando las elecciones devolvieron el poder el PSOE en la comunidad castellanomanchega.
Aunque la Consejería de Salud aporta con frecuencia datos sobre mejoras en la contratación de profesionales o en la reducción de listas de espera, la realidad es que los sindicatos denuncian con crecientes movilizaciones en las calles y a la puerta de los establecimientos sanitarios el incumplimiento de las promesas electorales, plasmadas en los presupuestos de la comunidad para el año que viene.
Las quejas por el funcionamiento de la sanidad son múltiples, pero se centran en la falta de personal y medios, una lacra que ya se venía produciendo con los gobiernos socialistas, pero que se ha agudizado en estos meses, según los sindicatos.
Médicos que tienen que doblar turnos y se encuentran al borde de la extenuación; contrataciones mes a mes; tiempo de consulta escasa; falta de personal que obliga al cierre de servicios en ambulatorios y hospitales; servicios que desaparecen en algunas comarcas...
Andalucía sigue a la cola en inversión sanitaria en España con 1.153 euros por habitante y año, a una enorme distancia del País Vasco, que destina 1.710 euros, según datos del Ministerio de Sanidad.
En los últimos días se ha conocido, como ejemplos de la situación, que el Hospital San Juan de Dios que atiende a la muy poblada comarca del Aljarafe sevillano había tenido que s uspender decenas de intervenciones quirúrgicas; que la Asociación de Padres y Madres de Niños Oncológicos de Málaga (Aspanoma) se manifiestan porque se han suspendido citas y consultas de oncología pediátrica por falta de personal; que el Campo de Gibraltar se manifiesta por la pérdida de servicios o que sólo la movilización popular consigue que un centro de salud de Sevilla vuelva a tener pediatras tras la eliminación de los mismos.
La Consejería de Salud y Familias publicita sus propios logros, como la reducción en 2.777 del número de pacientes a la espera de una intervención quirúrgica o que la plantilla de trabajadores del SAS ha crecido en 4.603 profesionales desde el año 2018, lo que supone un 4,6% más, de los que 2.400 corresponden a personal médico y de enfermería.
Sin embargo, los últimos datos del Ministerio de Salud certifican que los andaluces son los españoles que más esperan para una intervención quirúrgica, 164 días de media, y para consultas con especialistas, 130 días de media, un aumento de 77 días más que el año pasado.

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