SEVILLA.- La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo reactivará los cursos de formación para el empleo cambiando el sistema de subvenciones por el de licitación y en 2020 ofertará 80 millones de euros en esta partida.
Los cursos de formación para el empleo estaban prácticamente paralizados desde 2012 debido a las irregularidades detectadas en el pasado y, por este motivo, desde ese ejercicio hasta 2018 Andalucía ha perdido 1.013 millones en recursos del Estado destinados a este cometido.
Estos datos los ha dado a conocer este miércoles la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco,
en la presentación del Plan Director de Ordenación de las Políticas de
Empelo y Relaciones Laborales, en el que se "establecen los cimientos
sólidos para diseñar políticas de empleo útiles para la sociedad" ante
las "severas deficiencias detectadas en la gestión y en el diseño de las políticas activas de empleo en los últimos años".
Las
irregularidades detectadas en los cursos de formación, prácticamente
gestionados en su mayoría por los sindicatos y los empresarios mediante
un sistema de subvenciones, ha llevado a la Consejería a optar por la licitación por concurso público, con una partida de 20 millones para el primer trimestre de 2020 y en total serán ochenta millones este año, aunque hay disponibles hasta 176 millones.
Este
sistema de licitación, pionero en España, permite una mayor calidad de
los cursos, seguridad jurídica de los proveedores y rapidez, ha
destacado la consejera, quien ha señalado que en 2019 se han ejecutado 19 millones en cursos de formación.
También
se va a sacar a licitación una partida de unos veinte millones para la
gestión integral del Servicio Andaluz de Empleo con el objetivo de dotar
al SAE de una nueva plataforma informática que permita un mejor manejo
de la información y la transformación digital de este servicio público.
Igualmente,
la Consejería de Empleo licitará por unos treinta millones un sistema
novedoso en España para realizar un perfilado estadístico avanzado por
el que con técnicas de big data e inteligencia artificial se
tratará toda la información disponible para casar la oferta y la demanda
de trabajo, lo que se financiará con fondos europeos y es la primera vez que se pone en marcha una iniciativa de este tipo.
Esto
permitirá conocer mejor las necesidades del sistema productivo andaluz y
los perfiles profesionales, con lo que se diseñarán políticas de
formación "útiles para las empresas y los trabajadores", ha subrayado la
consejera.
De hecho, ha contado que hay unos mil empleos en el
Parque Tecnológico de Andalucía, en Málaga, sin cubrir, por falta de
mano de obra cualificada en competencias digitales.
Esta transformación del SAE implica también cambios en la relación de puestos de trabajo
para solventar una política de personal "caótica", ya que muchos
trabajadores, que no son funcionarios de carrera, no puedan desarrollar
algunas competencias como, por ejemplo, la orientación, entre otras.
Según la consejera, hay un déficit de personal en el SAE, ya que sus trabajadores están analizando unos 1.700 expedientes de cursos
de formación de la anterior etapa del gobierno socialista por si
contienen irregularidades a raíz de la investigación judicial abierta en
relación con la formación.
A este cometido se suma la puesta en marcha del nuevo plan director de ordenación de las políticas de empleo.
No obstante, la consejera se ha comprometido a que Andalucía no pierda más fondos de los que le asigna el Estado para políticas activas de empleo
tras haber dejado de recibir en total 1.319 millones de los 2.330
millones que le correspondieron entre 2012 y 2018, y de los que 1.013
millones eran para cursos de formación.
El plan director parte que
se evalúen los resultados de las políticas de empleo que se pongan en
marcha porque hasta ahora ha habido una "inexistente cultura evaluativa", "severas lagunas" en los procesos de gestión y ausencia de datos para el diagnóstico, entre otras carencias.
De
hecho, la "deficiente" gestión de las políticas no ha ayudado a mejorar
los índices de empleabilidad de los andaluces, ya que Andalucía se
mantiene desde 1995 estancada con una tasa de paro estructural en torno al 20 %, superior en siete puntos a la media nacional, y con una renta por habitante inferior al 75 % de la media nacional.
El
nivel formativo de los andaluces también se mantiene desde hace décadas
por debajo del de España y la estructura productiva ha variado poco con
una mayor concentración en los sectores de menos valor añadido.
Además,
los servicios públicos de intermediación tampoco funcionan bien, ya que
en Andalucía son casi los últimos de España con un nivel del 2,7 %.
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