Estas fuentes explican que, tras el estallido de la crisis financiera internacional en 2007 y con el impacto del crash inmobiliario español en las cajas de ahorros y la banca mediana, el Banco de España no ha tenido recursos materiales suficientes para inspeccionar a las cooperativas en los últimos años.
De hecho, algunas de ellas llevan casi 10 años sin recibir la visita de los inspectores. Un portavoz del organismo matiza que eso no significa que las cooperativas no estén supervisadas, porque se revisa su información y todas tienen un perfil de riesgo actualizado.
Para paliar este déficit, el gobernador decidió en mayo retirar la competencia de supervisión sobre las cooperativas al departamento de cajas de ahorros, que actualmente está desbordado, y la ha traspadado al departamento de Inspección III, una especie de cajón de sastre donde entran sucursales de banca extranjera, establecimientos de crédito, casas de cambio, tasadoras o banca pequeña (hasta el Pastor); en total, 204 entidades.
Este departamento está dirigido por Luis Lorenzo, profesional que se caracteriza por su meticulosidad y por la norma no escrita de que nadie puede estar más de dos años sin ser inspeccionado.
Además, el supervisor ha echado mano de todos los inspectores disponibles, muchos de los cuales muy veteranos que estaban ya retirados del trabajo de campo e integrados en grupos de estudio o comisiones internacionales con supervisores de otros países. Ahora tendrán que desplazarse a pueblos como Casas Ibáñez o Mota del Cuervo, que tienen su propia caja rural, algo que ha causado el lógico malestar en este colectivo, según fuentes cercanas al supervisor.
El objetivo de estas inspecciones masivas es determinar el tamaño del agujero del sector -"si había agujero en las cajas y en la banca mediana, tiene que haberlo en las cooperativas", señala un experto en el sector al estimar las necesidades de capital e identificar a las entidades que están mejor y peor para diseñar un proceso de integración coherente. En este proceso entrará también el FROB, que inyectará el capital necesario a las entidades fusionadas como ha hecho con las cajas de ahorros.
Precisamente, el hecho de que el fondo de rescate esté operando con una prórroga de su vigencia original por parte de Bruselas provoca que el Banco de España tenga bastante prisa en acometer esta reordenación de las cooperativas. Actualmente existen 94 cooperativas en España, 84 cajas rurales y 8 cajas laborales y profesionales (Caja Laboral, caminos, arquitectos, abogados, etc.), con un tamaño ínfimo en muchos casos, de ahí la necesidad de concentración.
En todo caso este proceso ya está en marcha, con un proyecto de SIP (fusión virtual) de las 21 mayores cajas rurales, otro de 15 pequeñas cooperativas de la zona de Levante y la única fusión de verdad realizada en el sector en esta crisis: la absorción de la Caja Rural de Baleares por Cajamar, que ha sentado muy mal en la Asociación de Cajas Rurales porque implica que la entidad mallorquina abandona su paraguas, tal como hiciera hace años la propia Cajamar.
Ahora, la oleada de inspecciones tratara de determinar si estas operaciones son suficientes para la reordenación del sector o hacen falta más (u operaciones más vinculantes, es decir, fusiones reales y no virtuales). Algo que parece evidente en el caso de las entidades más pequeñas que no están en ninguno de estos SIP, cuya viabilidad está cuestionada no sólo por la crisis inmobiliaria, sino por los nuevos requisitos de capital y liquidez que va a imponer la reforma de Basilea III.
Además, las fuentes del sector señalan que el deseo del Banco de España es que los dos SIP en proyecto se unifiquen en uno solo con mayor tamaño y solvencia.
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