Así, según ha indicado la entidad ecologista en un comunicado, ya en 2007, en "pleno pico de la locura urbanística", el ladrillo consumía en Andalucía una media de 12,81 hectáreas al día, de las que 9,23 correspondían a provincias costeras.
Igualmente, han apuntado que en 2003 sólo un 25% del litoral de Málaga estaba libre de edificaciones o en 2004 se proponían en el litoral granadino 60.000 nuevas viviendas. Además, han señalado que el resultado en Huelva es "alarmante", pues el incremento de superficie artificial en la franja del litoral ha sido del 113 por ciento entre 1987 y 2005m, según afirman.
Greenpeace ha apuntado que "sorprendentemente y aunque en 2004 se obtuvo el nivel de ocupación turística más bajo desde 2000, Andalucía registró un aumento del 29 por ciento de sus plazas de hoteleras, frente al 14 por ciento de la media nacional".
Por otro lado, han advertido que a lo largo de estos años el crecimiento mal planificado ha tenido también su efecto en la contaminación de las aguas. Así, han apuntado que esta década ha estado marcada por las denuncias y sanciones de la Unión Europea por el incumplimiento sistemático de la legislación comunitaria en materia de vertidos, depuración y calidad de las aguas.
Según ha dicho, en Andalucía están presentes dos de los puntos negros por contaminación "más importantes de toda España: el Polo Químico de Huelva, con la empresa Fertiberia como "buque insignia del desastre; y la bahía de Algeciras".
Greenpeace ha señalado cinco asignaturas pendientes que existen, a su juicio, en la gestión del litoral andaluz, entre las que se encuentran el control y restricción de las prácticas de bunkering, la intensa actividad industrial y los efectos de la refinería de Cepsa en la Bahía de Algeciras o la demolición "inmediata" del hotel de El Algarrobico, en Almería.
Respecto a este último punto, ha opinado que "con voluntad política e interés real por parte de las dos administraciones implicadas, estatal y autonómica, la demolición del hotel puede realizarse en cualquier momento sin recurrir al pago del justiprecio, amparados en las sentencias judiciales existentes".
Asimismo, han advertido que el "indudable" valor ambiental del Estrecho de Gibraltar y un modelo de desarrollo urbanístico sostenible son "incompatibles" con la ampliación del puerto de Tarifa y han subrayando que es "prioritario" que las balsas de fosfoyesos de Fertiberia sean desmanteladas antes de 2010, para terminar con el foco de contaminación industrial más importante de España, el Polo Químico de Huelva.
Por último, han considerado que tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre las marismas de Las Aletas en Puerto Real, Ministerio de Medio Ambiente y Junta de Andalucía "deben desestimar el proyecto y elaborar un plan de restauración ambiental".
"Somos muchos los que creemos que el verdadero lujo no es un hotel de cinco estrellas, que el verdadero lujo es una playa virgen. Un lujo no sólo visual sino que supone un potente activo económico para un turismo sostenible y actividades artesanales como la pesca", ha apuntado la responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos.
En este sentido, ha destacado que "nos quedan pocos espacios de costa virgen y la tolerancia con los macroproyectos urbanísticos y portuarios debe ser cero". Ejemplos como la urbanización de El Palmar en Vejer o el "acoso" al Parque Natural de Cabo de Gata son "obsoletos y demuestran una falta de ideas para solventar la crisis económica y una clara publicidad verde engañosa", en su opinión.
Según la organización, el 'urbanismo salvaje', la construcción de infraestructuras y la contaminación que se ha producido en "connivencia" con las administraciones publicas "han destruido en las últimas dos décadas en la costa española la superficie equivalente a ocho campos de fútbol al día".
Tal y como han precisado, en todo el Estado, desde 1987 a 2005 se destruyeron un total 50.504 hectáreas de suelo natural en los dos primeros kilómetros de franja costera --este dato no incluye el archipiélago canario--; 7,7 hectáreas de costa degradadas cada día para crear urbanizaciones, suelo industrial y comercial.
"Todos somos conscientes de que la agresión a la costa ha sido imparable los últimos años. Pero lo más grave es que esta tendencia continúa y los políticos se afanan en acabar con la única normativa que defiende el litoral. Lo que hay que demoler son las grandes ilegalidades y no la Ley de Costas y vamos a seguir luchando para que esto no pase", ha declarado Juan López de Uralde, director de Greenpeace.
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