ALICANTE.- Un informe interno del propio Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico reconoce ya que en el futuro faltará agua para el campo abastecida desde el trasvase Tajo-Segura y parte de ese escenario para asignar caudales de la desalinización aún sin generar en Torrevieja -hasta que no se amplía la capacidad de la planta- entre 46 comunidades de regantes afectados.
«Las zonas regables del trasvase Tajo Segura, soportan de acuerdo con lo establecido en la vigente planificación hidrológica una situación de infradotación o falta de garantía, derivada de los menores volúmenes que realmente vienen recibiéndose del trasvase Tajo Segura, con respecto a los previstos en la normativa reguladora del referido trasvase y en las asignaciones del vigente plan hidrológico 2022/27», se señala en esta comunicación denominada «nota interna», un documento al que ha tenido acceso ABC.
Es más, estos recortes -el Gobierno autonómico de Carlos Mazón habla de 25 en total- han mermado a menos de la mitad el volumen de recursos hídricos regulado a priori.
«Esta situación de falta de recursos del conjunto de las zonas regables del trasvase está ocasionada por el hecho de que ante unas previsiones de transferencia incluidas en la normativa, únicamente se han recibido de media en el periodo 1980/81-2017/2018 197 hm3/año, frente a unas asignaciones en la Normativa del Plan vigente de 421 hm3/año. Esto deja un remanente sin atender de 224 hm3/año», precisan.
Para paliar este cierre del grifo que los agricultores soportan desde hace años, ahora se ha programado ampliar la capacidad de la planta desalinizadora de Torrevieja -la más grande de Europa- hasta los 120 hectómetros cúbicos anuales.
Aun así, se cubrirá el 94,6% del déficit hídrico para riego -el 100% para abastecimiento doméstico en los hogares, que siempre tiene prioridad y está asegurado- y ese 5,4% restante queda pendiente de «permutas» con agua de otras procedencias, todavía por determinar.
Para canalizar ese caudal desalado se van a aprovechar las infraestructuras existentes el postrasvase, y paradójicamente, una sola comunidad de regantes, la de San Miguel de Salinas, ha quedado descartada en el reparto cuando estos agricultores sufren ya un triple desahucio de hecho, expropiados en sus tierras y casas para la instalación de placas solares que proporcionen la energía a la planta de Torrevieja.
Desde Asaja-Alicante, su presidente, José Vicente Andreu, ha denunciado que se les niegue el agua precisamente a unos de los más afectados por la política hídrica del Gobierno, que ha calificado de «simvergonería».
Otras dos comunidades habían sido excluidas previamente porque no cumplían con el requisito básico de ser usuarios del trasvase, y otra por no presentar la documentación necesaria.
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