—Cataluña va a recibir agua de las desalinizadoras de Levante, ¿Cuál es el problema en este país por la gestión del agua? ¿Son las desalinizadoras la mejor opción?
—El cambio climático está produciendo un descenso paulatino y continuado de las precipitaciones anuales en España. Pero por suerte, con la cantidad de agua que precipita actualmente de las nubes, tenemos suficiente agua para las necesidades hídricas del país, pero no somos capaces de gestionar y retener esa agua que acaba en el mar.
España es el segundo país de Europa que más aportaciones de agua recibe al año con una cantidad aproximada de 350.000 hm3, por detrás de Francia con unos 500.000 hm3. Los valores relativos sobre el agua de lluvia recibida por habitante o por hectárea útil para la agricultura, siguen dejando a España en los puestos de cabeza en Europa.
La parte del agua de lluvia anual que recogen los ríos está en torno a los 110.000 hm3 y los consumos anuales son unos 21.500 hm3, por lo tanto, quedarían unos 89.500 hm3 para caudales ecológicos que son unos 41.000 hm3. Por lo tanto, en teoría se vierte al mar unos 48.500 hm3 anuales.
Hagamos una reflexión: Si vertemos al mar además del caudal ecológico 41.000 hm3, otros 48.500 hm3 de posible agua dulce “excedentaria” , y resulta que tenemos que desalar después ese mismo agua vertido al mar y ahora salada, ¿no sería más sencillo retenerla, almacenarla, usarla antes de que se “pierda” en el mar?
El río Ebro vierte al mar un caudal medio anual aproximado de 464 m3/s en su desembocadura. Dejando el 50 % del total vertido al mar para caudal ecológico, llenaríamos el total del embalse del Pontón Alto en 9 horas.
Ahora hay que llevar agua a Cataluña en barcos desde Valencia y desde otras desaladoras de agua de mar, que es esa misma agua que se ha vertido unos kilómetros más arriba desde el río Ebro al mar.
Las desaladoras es una opción cuando no tienes recursos hídricos suficientes. Entre sus desventajas están que es un agua que necesita un consumo de energía elevado, lo que encarece el precio del agua potable que se manda al consumidor.
Además, tiene otro problema añadido de tipo medioambiental, pues la osmosis inversa que se emplea en estos procesos produce salmuera o el rechazo de sales, que generalmente vuelve al mar, lo que a su vez produce un aumento de la salinización de las aguas costeras, lo que hace que gradualmente también cueste más eliminar ese exceso de sales.
Lo más sencillo y barato a largo plazo, sería intentar retener parte de esa agua dulce de los ríos que termina en el mar. Si lloviera exactamente igual a las necesidades hídricas de cada región en España y durante todo el año, no haría falta embalses ni obras de almacenamiento, pero como eso hoy en día es una utopía, bajo mi punto de vista, no queda más remedio que almacenar esa agua dulce de los ríos que nos hará falta meses más adelante.
—¿Qué políticas son necesarias para una eficiente gestión de los recursos hídricos?
—Lo primero es volver a aclarar que la Ley de Aguas define claramente que el agua en España es un dominio público, o sea, que es de todos los españoles y lo gestiona el Estado español. Porque el hecho de que pase el río por mi pueblo, no quiere decir que esa agua sea ya de propiedad municipal.
Gestionar un recurso tan vital para la subsistencia de cualquier país, región o provincia siempre es una tarea muy complicada para cualquiera. Pero no queda más remedio que intentar ser lo más eficaz posible, y para ello creo que las conexiones intercuencas son una gran baza a desarrollar a nivel nacional.
Otros países punteros en hidrología, como puede ser Estados Unidos, llevan muchos años usando las conexiones intercuencas en sus políticas hídricas con buenos resultados. El estado de California es un claro ejemplo de trasvases y conexiones intercuencas, con un éxito más que probado.
España tiene una diferencia de precipitaciones a nivel comunidad autónoma importante, sobre todo entre el Norte y el Sur. El Sureste español era una región deprimida y muy pobre después de la guerra civil española y durante algunas décadas de la postguerra. La actividad minera de Cartagena y la Unión hizo que fueran proliferando los aprovechamientos de aguas subterráneas, provocando sobreexplotación de acuíferos.
Pero con la puesta en marcha del trasvase Tajo-Segura en el año 1979, se produjeron dos efectos importantes: el primero es que supuso el impulso definitivo para que unas tierras que eran un erial improductivo pudieran ser terrenos de regadío y generaran prosperidad a toda aquella región. El segundo, es que se pudieron revertir los efectos dañinos que se estaban produciendo a nivel hidrogeológico en las aguas subterráneas de la región.
Si se pudiera disponer de unos 30.000 hm3 a mayores para la agricultura y otros usos esenciales, se podría acabar con las pugnas entre las comunidades autónomas en España. Se ha publicado recientemente un artículo muy trabajado de Luis del Rivero, que avala todas estas cifras que estoy comentando.
El Pacto Nacional para el Agua, creo que es una buena iniciativa y fomenta precisamente erradicar esa desigualdad hídrica entre regiones. Recoge propuestas técnicas para hacer un uso más eficaz, solidario e integrado de los recursos existentes.
—¿Por qué se están destruyendo pequeñas presas y embalses en toda la geografía nacional?
—Pues sobre esta cuestión hay un poco de todo. Desde el Estado se está promoviendo la eliminación de todo obstáculo inservible que esté en los cauces de los ríos. Dicho así, estoy totalmente de acuerdo. Pero esta afirmación tiene muchos matices. El primer matiz es qué entendemos por inservible, y aquí ya empieza el lío.
Es cierto que hoy en día hay muchas obras hidráulicas que están obsoletas y fuera de uso, que están sobrando en los cauces. Pero también es cierto, que algunas de ellas son infraestructuras que siguen dando un servicio a la comunidad, aunque no sea el inicialmente previsto cuando se construyeron. La Ley permite rehabilitar estas infraestructuras y darle otro uso compatible con el cauce. Y aquí está la clave de la cuestión. Si se quiere o puede dar esa posibilidad de reutilización del azud.
Yo entiendo que cuando se pueda dar un uso compatible como balsas para recarga ante incendios, u otros usos compatibles con el entorno, se debería hacer un esfuerzo por conservarlas. Si además, hay un Ayuntamiento que se hace cargo de la titularidad y mantenimiento del azud, por motivos socio-económicos del municipio y además tiene fundamento, pues que debería darse esa posibilidad.
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