MADRID.- El Gobierno ha descartado de momento poner en marcha un nuevo confinamiento general de los españoles en sus domicilios pese al incremento de contagios por Covid-19 en la segunda ola de la pandemia y las peticiones formales realizadas ya por varias comunidades autónomas en este sentido, pidiendo tiempo para evaluar si la medida es evitable con las restricciones ya impuestas bajo el nuevo estado de alarma vigente hasta mayo.
Sin embargo, el Ejecutivo ya habría presupuestado en sus cuentas de 2020 el impacto de una nueva gran reclusión, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).
Así lo ha avanzado la presidenta del organismo fiscalizador, Cristina Herrero, al analizar ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los diputados el plan presupuestario del Ejecutivo para 2021, según recoge Cinco Días.
De un lado, la responsable de la autoridad estima que el Gobierno se ha quedado corto en la dotación de fondos para cubrir el coste de los expedientes de regulación temporal de empleo ligados al Covid-19 de cara al próximo ejercicio, pues solo se habría presupuestado el coste de la actual extensión hasta el 31 de enero, mientras que la Airef prevé que será necesario prorrogarlos durante todo el primer semestre.
A partir de ahí, sin embargo, Herrero ha avanzado que, frente a las cuentas presentadas por el Ejecutivo, en la Airef también guardan “diferencias en sentido contrario respecto a 2020”, cuando han detectado una dotación excesiva para la actual evolución a la baja de los trabajadores sujetos a ERTE, restando apenas 700.000 de los 3,4 millones de empleados que llegaron a estar cubiertos en primavera.
“Con los datos disponibles en este momento, el cumplirse las previsiones del Gobierno implicaría que para los últimos meses del año se prevé un comportamiento de los ERTE mucho más negativo que hasta el momento y que sería compatible con un confinamiento generalizado”, ha subrayado.
Minutos después de su intervención, la Airef hizo público un prolijo informe con su análisis de las cuentas en el que detalla que sus cálculos arrojan un coste asociado a los ERTE por fuerza mayor de 20.757 millones de euros en 2020 y de 6.422 millones en 2021, “asumiendo su extensión al menos hasta el verano”.
“Esta estimación incluye la exoneración de cotizaciones sociales y sería comparable a los 24.189 millones de euros y los 1.153 millones de euros contemplados en el Plan Presupuestario para los años 2020 y 2021, respectivamente”, detalla.
“La estimación del gobierno para 2020 es unos 3.500 millones de euros superior a la de Airef, que, dada la evolución del número de ERTE hasta finales de octubre, es difícilmente explicable sin incluir supuestos de nuevos cierres de la economía”, ahonda. En concreto, para 2020 el Ejecutivo apunta a una factura de 17.840 millones de euros en prestaciones contributivas por desempleo ligadas a estos ERTE, frente a los 14.738 millones que prevé Airef, y de 6.349 millones en exoneraciones de cotización, frente a las 6.018 del organismo fiscalizador.
A partir de ahí, el organismo da por sentado que en 2021 los expedientes “se prolongarán hasta junio, en vez de hasta enero, que es lo aprobado en el Real Decreto Ley 30/2020”. “La evolución del número de afectados hasta finales de septiembre se basa en los datos publicados por la Seguridad Social, que muestra que de los 3,4 millones de afectados en abril, a finales de septiembre sólo 720.000 personas seguían en esa situación”, concreta.
Para 2021, la estimación del Ejecutivo es un coste de 1.153 millones en ERTE (718 de desempleo y 435 de las exoneraciones de cotización) mientras que la Airef apunta a una factura de 6.442 millones (4.171 de prestaciones y 2.271 de exoneración de cuotas.
“Dada la incertidumbre del momento actual con posibles nuevos cierres, la Airef considera que no va a haber ninguna mejora hasta marzo de 2021, en línea con las hipótesis macroeconómicas sobre la destrucción de empleo recogidas en este informe”, agrega, pues Herrero ha señalado que la evolución negativa de la pandemia sitúa la evolución económica en línea con las tesis más negativas manejadas, mientras que el plan presupuestario del Gobierno solo se cumpliría bajo el escenario más benigno. Uno que habría quedado superado por la dureza de la segunda ola de la pandemia.
Otro tanto ocurre con las previsiones del Gobierno en cuanto al coste dela prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos y la exoneración asociada al pago de sus cotizaciones. La previsión de la Airef es de 7.114 millones para 2020 y de 220 millones para 2021, mientras que el plan presupuestario del Gobierno recoge un coste superior, de 8.047 millones este año y de 568 millones en el próximo ejercicio.
“Las diferencias en la estimación se deben a los supuestos que se han hecho sobre la evolución del gasto en los tres últimos meses del año”, expone el organismo fiscalizador. Así “mientras que la Airef considera que el gasto se verá incrementado moderadamente” en la recta final del año porque el número de beneficiarios no va a cambiar hasta enero, “el Gobierno considera que el gasto aumentará en casi 350 millones mensuales”.
Por su parte, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que ayer mismo aseveraba que el confinamiento no es el “escenario central” del Gobierno, abrió la puerta a extender los ERTE lo que sea necesario.
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