MADRID.- El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha avisado de que la crisis económica que se avecina es más aguda de lo previsto y ha vaticinado una caída del PIB del
9,5 % para este año, casi tres puntos superior a la de hace un mes, al
tiempo que aconseja no retirar todavía las medidas fiscales de
emergencia.
"La recuperación no estará exenta de dificultades
y no se puedan descartar escenarios más desfavorables que los
considerados actualmente", ha advertido durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar la evolución económica y el impacto de las medidas aprobadas hasta el momento para hacer frente al COVID-19.
Hernández de Cos ha dicho que se han quedado desfasados los dos escenarios que barajaba el Banco de España de caída del PIB para este año (entre
el 6,6 y el 8,7 % si el confinamiento duraba ocho semanas y en el 13,6 %
si dura doce semanas) y que son más realistas, una caída del PIB de
entre el 9,5 % y el 12,4 % con incrementos posteriores del 6,1 % y el
8,5 % en 2021.
Estas caídas de la economía serían mayores si no se acomete un plan
plurianual de medidas "ambiciosas" en el terreno fiscal o laboral,
además de en el ámbito de la política monetaria europea.
A corto plazo ha señalado que "no cabe una retirada prematura de las
medidas fiscales de emergencia" ya que aumentaría el riesgo de que la
economía sufriera daños más duraderos y estructurales.
El gobernador del Banco de España ha valorado las medidas de apoyo a las rentas y a los agentes más afectados
mediante inyecciones rápidas de recursos transitorios y ha sido claro
al advertir de que "no hay alternativa sensata a la expansión
presupuestaria".
En este sentido, cree necesario hacer una revisión profunda de la fiscalidad para aumentar la recaudación y ha considerado que hay margen en el IVA y en los impuestos medioambientales si comparamos esta presión fiscal con la de otros países de la de eurozona.
También ve razonable aplicar un impuesto a nivel internacional sobre algunas grandes multinacionales y así se refería a los impuestos digital y a las transacciones financieras.
Hernández de Cos ha subrayado que la magnitud de la consolidación fiscal es tan relevante que "no podemos pensar que con cambios mínimos o figuras impositivas nuevas se podría afrontar el reto". Para el gobernador solo hay cuatro figuras impositivas con gran capacidad de recaudación y ha dicho que lo adecuado es combinar la eficiencia impositiva con el gasto público.
Superada la pandemia el gobernador ve necesario un plan de ajuste de las cuentas públicas, gradual y a medio plazo, con una revisión de gasto ineficiente y con planes plurianuales de consolidación. "Requerirá un acuerdo político...que se mantenga previsiblemente durante varias legislaturas", ha puntualizado tras insistir en el consenso también de las administraciones territoriales.
Ha advertido del elevado déficit estructural actual, en torno al 3 % del PIB, que será mayor ante los intereses de una mayor deuda pública y ante incrementos de gasto como las pensiones o la renta mínima.
Precisamente, sobre el Ingreso Mínimo Vital ha considerado que como instrumento de equidad es deseable, pero que las experiencias de otros países demuestran que no es fácil introducir un esquema de esas características sin generar trampas a la pobreza, desincentivos a la oferta laboral e incluso, economía sumergida.
Hernández de Cos ha calculado que el coste de todas las medidas aprobadas hasta el momento sin tener en cuenta los avales del Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) es del 3 % del PIB, de un entorno de más de 30.000 millones de euros.
Otra de las medidas pendientes en el futuro será una "revisión profunda" de las modalidades contractuales que tienda a equiparar el grado de protección ofrecido a los distintos grupos de trabajadores.
El gobernador del Banco de España ha reconocido que el coronavirus ha incrementado "sustancialmente los riesgos para la estabilidad financiera", en especial en créditos a empresas y familias, aunque ha aclarado que cuentan con una situación patrimonial "más saneada" que en la anterior crisis.
Ha señalado la capacidad del ICO y del sector bancario a la hora de movilizar el dinero, que "ha sido muy ágil", y ha subrayado que las entidades "tienen que seguir analizando los riesgos" para asegurar que los créditos no van a parar a empresas no viables.
Ha mencionado los problemas de liquidez de las compañías españolas, y ha avanzado que, según los últimos datos el flujo de nuevos créditos concedidos por los bancos a las empresas repuntó algo más de un 50 % en marzo respecto al mismo periodo del año anterior.
En este sentido, cree necesario hacer una revisión profunda de la fiscalidad para aumentar la recaudación y ha considerado que hay margen en el IVA y en los impuestos medioambientales si comparamos esta presión fiscal con la de otros países de la de eurozona.
También ve razonable aplicar un impuesto a nivel internacional sobre algunas grandes multinacionales y así se refería a los impuestos digital y a las transacciones financieras.
Hernández de Cos ha subrayado que la magnitud de la consolidación fiscal es tan relevante que "no podemos pensar que con cambios mínimos o figuras impositivas nuevas se podría afrontar el reto". Para el gobernador solo hay cuatro figuras impositivas con gran capacidad de recaudación y ha dicho que lo adecuado es combinar la eficiencia impositiva con el gasto público.
Superada la pandemia el gobernador ve necesario un plan de ajuste de las cuentas públicas, gradual y a medio plazo, con una revisión de gasto ineficiente y con planes plurianuales de consolidación. "Requerirá un acuerdo político...que se mantenga previsiblemente durante varias legislaturas", ha puntualizado tras insistir en el consenso también de las administraciones territoriales.
Ha advertido del elevado déficit estructural actual, en torno al 3 % del PIB, que será mayor ante los intereses de una mayor deuda pública y ante incrementos de gasto como las pensiones o la renta mínima.
Precisamente, sobre el Ingreso Mínimo Vital ha considerado que como instrumento de equidad es deseable, pero que las experiencias de otros países demuestran que no es fácil introducir un esquema de esas características sin generar trampas a la pobreza, desincentivos a la oferta laboral e incluso, economía sumergida.
Hernández de Cos ha calculado que el coste de todas las medidas aprobadas hasta el momento sin tener en cuenta los avales del Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) es del 3 % del PIB, de un entorno de más de 30.000 millones de euros.
Otra de las medidas pendientes en el futuro será una "revisión profunda" de las modalidades contractuales que tienda a equiparar el grado de protección ofrecido a los distintos grupos de trabajadores.
El gobernador del Banco de España ha reconocido que el coronavirus ha incrementado "sustancialmente los riesgos para la estabilidad financiera", en especial en créditos a empresas y familias, aunque ha aclarado que cuentan con una situación patrimonial "más saneada" que en la anterior crisis.
Ha señalado la capacidad del ICO y del sector bancario a la hora de movilizar el dinero, que "ha sido muy ágil", y ha subrayado que las entidades "tienen que seguir analizando los riesgos" para asegurar que los créditos no van a parar a empresas no viables.
Ha mencionado los problemas de liquidez de las compañías españolas, y ha avanzado que, según los últimos datos el flujo de nuevos créditos concedidos por los bancos a las empresas repuntó algo más de un 50 % en marzo respecto al mismo periodo del año anterior.
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