SEVILLA.- El Gobierno andaluz rectifica. O, al menos, paraliza
la puesta en marcha de una de las medidas que más polémica había
generado y eso que sólo se había anunciado. La Consejería de Salud y Familias no creará el Instituto Andaluz de la Salud para
integrar a todas sus fundaciones tal y como pretendía, sino que
esperará al resultado de las auditorías que se están realizando del
sector público instrumental de la Junta para tomar una decisión.
Auditorías que deberán estar terminadas el próximo verano si se cumplen
los plazos anunciados oficialmente, a juicio de Abc.
Así lo confirmó el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, quien fue tajante asegurando que la Escuela Andaluza de Salud Pública, con sede en Granada, se mantendrá tal y como está «sin fusionarse a la Fundación Progreso y Salud ni a ningún otro organismo.
Cuando estén las auditorías que están encargadas se tomará la decisión
correspondiente». Eso sí. Bendodo dejó claro que todavía no se ha tomado
ninguna decisión al respecto, por lo que la fusión de toda la
administración paralela no está descartada, como tampoco «dejarlos como
están, o eliminarlos si fuese necesario».
El Instituto Andaluz de la Salud era la apuesta del consejero del ramo, Jesús Aguirre,
para incorporar a todas las agencias administrativas y a la
administración paralela que depende del SAS. Pretendía crear un macro
instituto en una unificación que blindaría a 800 empleados de los entes
instrumentales.
Esta iniciativa pretendía llevarse a cabo mediante
una proposición de ley presentada en el Parlamento de Andalucía por el
PP, con el fin de negociarla con los grupos políticos. Pero la
contestación desde todos los sectores fue inmediata.
En primer lugar,
porque fuentes sindicales apuntaban que en las reuniones que se han
tenido hasta la fecha se ha propuesto que los trabajadores de los entes
implicados pasen de ser personal laboral a personal estatutario (asimilado a los funcionarios) lo que, en teoría requeriría una prueba de acceso.
El sector sanitario y de investigación en Granada también se levantó contra esta iniciativa. La Escuela Andaluza de Salud Pública es un centro de investigación
y formación de referencia y lleva funcionando desde 1985 y temían que
esta fusión perjudicase el trabajo que estaba haciendo, así como el de
otras fundaciones de investigación como Genyo o Fibao.
El PSOE andaluz también
levantó su voz contra esta medida ya que consideran que ponía en riesgo
la continuidad de esta Escuela y su vinculación con Granada.
La
exconsejera de Salud e Igualdad, María José Sánchez Rubio, argumentaba
además que esta decisión iba en contra del fomento del Parque
Tecnológico de la Salud que la Junta está potenciando en Granada.
Desde el PP, el portavoz parlamentario José Antonio Nieto,
ha tratado de tranquilizar a todos los sectores implicados argumentando
que se trataba de una propuesta de reordenación administrativa y que no iba a desaparecer ninguna de las entidades dedicadas a la investigación en el SAS.
Un
discurso que, por cierto, contrasta con el que ha mantenido hasta ahora
el Gobierno del cambio que siempre se ha puesto como objetivo eliminar
entes de la administración paralela, entidades que consideraba
«chiringuitos».
Desde el PP defienden que su propuesta pasa por unificar las estructuras administrativas para dar más peso a la labor investigadora y que, de esta forma, se pueda competir mejor por los proyectos de investigación.
La decisión de frenar esta fusión tiene varias lecturas. En primer lugar, pone en solfa el papel del consejero de Salud, Jesús Aguirre,
ya muy cuestionado en el Gobierno andaluz por varias decisiones
controvertidas y sus polémicas declaraciones en casos clave como la
listeriosis o el coronavirus.
Pero también deja en evidencia el
compromiso del Ejecutivo de reducir la administración paralela, además
de abrir otro frente con los sindicatos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario