SEVILLA.- El escándalo de los ERE «no es del PSOE, pero ocurrió bajo un gobierno socialista». La frase de Susana Díaz tras hacerse pública la sentencia del caso de los ERE fraudulentos resume la estrategia con la que el PSOE afronta la condena de dos expresidentes de la Junta andaluza y del partido y otros 17 exaltos cargos de la administración regional, según recuerda Abc.
«No es un caso del PSOE», abundó el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.
Los socialistas se agarran al hecho de que no se han establecido
vínculos entre la malversación de fondos públicos y la financiación del
partido, como tampoco consta enriquecimiento personal de muchos de los
condenados. Ello no quiere decir, sin embargo, que el fraude no haya
beneficiado a casi un centenar de militantes socialistas, así como
familiares directos y amigos.
Es la maraña de beneficiarios conocida
como los clanes de los ERE. Estas personas vinculadas al PSOE de Andalucía no han sido
acusados en el juicio cuya sentencia se dio a conocer el pasado martes,
ya que éste solo hacía referencia a las responsabilidades políticas del
caso, pero aparecen en el sumario y figuran en diferentes causas
restantes del caso ERE que están en fase de intrucción.
Para
beneficiar a estas redes, las ayudas se gestionaban con opacidad, de
forma que para un empresario de la zona era prácticamente imposible
conocer su existencia, según los informes que en su día elaboró la
Guardia Civil.
De estas ayudas públicas casi «secretas» se aprovechaban muchos alcaldes socialistas,
lo que indudablemente favorecía las opciones electorales del PSOE, así
como familiares y amigos de dirigentes del partido.
La Guardia Civil
sospecha que aproximadamente un tercio del dinero que se desviaba desde
la Junta para ayudas laborales acabó en ayuntamientos del PSOE y en esta
red de afines al partido.
Maraña de funcionarios
En la
maraña de beneficiados vinculados al PSOEse diferencian ocho clanes. El
más llamativo es el de la Sierra Norte de Sevilla, comandado por el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, condenado a siete años y un día de prisión,
y el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, a quien
la sentencia hecha pública el pasado martes le impone una pena de siete
años, once meses y un día de prisión y que es natural de El Pedroso,
ubicado en esta zona de la provincia de Sevilla.
En este clan aparecen
como beneficiados la suegra de Guerrero, Victorina Madrid, a quien el
exdirector general de Trabajo metió en un ERE, y la hija de Viera,
Sonia. Este clan habría repartido 56,4 millones de euros entre
militantes, familiares y amigos.
El segundo clan no era menos
importante. Se trata del de Jaén, territorio dominado por Gaspar
Zarrías, mano derecha de Chaves en la Junta y condenado ahora a nueve
años de inhabilitación.
La persona clave en este grupo era el
exsindicalista Juan Lanzas, uno de los «conseguidores» de los ERE,
quien benefició con ayudas a su mujer, su cuñada y dos cuñados, además
de otros familiares indirectos y diversos compañeros del sindicato. Este
grupo gestionó, según las pesquisas de la Guardia Civil, unos 45
millones de euros.
En la provincia de Cádiz la persona clave era
el exconsejero de Empleo Antonio Fernández —condenado a siete años, once
meses y un día de prisión—, a cuyo alrededor gravitaba el clan de Jerez. Fernández llegó a donde no se atrevió a llegar nadie,
ya que se incluyó a sí mismo en el ERE de González Byass señalando
además que había trabajado en la empresa desde el mismo día de su
nacimiento.
Pero Fernández no fue egoista: benefició también a varias
empresas pertenecientes a amigos personales, entre los que repartió unos
quince millones de euros.
Subvenciones a unas cooperativas
El
clan de Huelva era gestionado por Juan Márquez, exdirector general de
Trabajo y condenado el pasado martes a siete años y un día de prisión.
Márquez, natural de Lucena del Puerto, otorgó subvenciones a unas
cooperativas de consumidores integradas, entre otras personas, por su mujer y varios compañeros del partido.
Según los informes de la Guardia Civil, el clan de Huelva movió 1,8 millones de euros.
La
investigación también señala al clan de la localidad sevilllana de
Camas, liderado por Antonio Rivas, exalcalde de esta localidad y
posterior delegado de Empleo en Sevilla. Entre los beneficiados de las ayudas laborales figura un concuñado y otros compañeros del partido. Desde Camas se habrían gestionado 1,2 millones de euros. Rivas no fue imputado en la trama política de los ERE.
El
conocido como clan de los ayuntamientos integraría a los municipios que
recibieron ayudas fraudulentas. Todos ellos estaban gobernados por el
PSOE, y se repartieron unos tres millones de euros. Asimismo, se puede
aludir al clan minero, que agrupa a los sindicatos de empresas como Boliden o la Faja Pirítica de Huelva,
donde se repartieron diez millones de euros.
Se han identificado 35
intrusos —personas que no habían trabajado en la empresa— entre los
beneficiarios y a otro medio centenar que habiendo trabajado, no cumplía
los requisitos para recibir las ayudas.
Un último clan hace
referencia a la propia Dirección General de Trabajo de la Junta, donde
los funcionarios fueron sustituidos paulatinamente por trabajadores
externos de la Fundación para el Empleo (Faffe) que repartían las ayudas
fraudulentas. Entre ellos, al menos once militantes socialistas,
algunos de ellos familiares.
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