Roberto Macías: «El Estado permite el acoso, la persecución y la tortura a los alertadores de corrupción»

SEVILLA.- «Lo he perdido todo y he puesto en peligro el futuro de mis hijos». Esta frase resume una vida rota por denunciar la corrupción, algo que en España supone la muerte social, la tortura por parte de un Estado que, en vez de recompensar, hunde a estas personas para proteger a los corruptos que no sólo se encuentran en el entorno político, sino que llena todas las administraciones públicas u organismos dependientes, según Diario 16. 

Da igual que sea en el Ejército, en la Guardia Civil, en las comunidades autónomas, en los sindicatos, en los Ayuntamientos, en los partidos, en las diputaciones, en la Justicia o en la propia Guardia Civil, hay denunciantes o alertadores de corrupción que están sufriendo la tortura y el shock de estar siendo represaliados por las instituciones que, en teoría, deberían defenderlos.

Roberto Macías ha pagado un precio demasiado alto por alertar sobre el presunto desvío de fondos de las subvenciones que, en principio, deberían haber estado dedicadas a los cursos de formación a parados del sindicato UGT en Andalucía.

El próximo jueves 28 de noviembre será juzgado acusado de filtrar documentos que revelaban el presunto fraude. A su lado estarán, no sólo Rogelio Vargas, su abogado perteneciente a la asociación anticorrupción AMAyT, sino que miles de personas se concentrarán ante los juzgados de Sevilla para darle su apoyo y para reclamar que UGT retire su acusación.

La Fiscalía está pidiendo 3 años de cárcel. El sindicato 4 años, además de una indemnización de 60.000 euros por daños morales. Además, mientras el caso de un denunciante de corrupción es tratado por la Justicia con presteza, los ex líderes sindicales aún no han declarado ante el juez.

El próximo jueves se celebra su juicio por haber alertado sobre el caso de los cursos de formación de UGT. Seré directo: ¿la corrupción es un fenómeno sistémico en España?

La corrupción es un fenómeno real y el mayor éxito de los corruptos es hacer creer al mundo que nunca se enriquecieron o beneficiaron. Es evidente que España es un Estado corrupto y cleptócrata. Las autonomías son fuente inagotable de corrupción. Acabamos de conocer la sentencia de los ERE, uno de los mayores robos al pueblo de andaluz, 680 millones de euros, expoliados por los gobiernos socialistas. Esto es un claro indicador que la ideología política dominante en España es la perjudicial ideología de la corrupción.

¿Existe una protección por parte de una parte del Estado hacia las personas o instituciones con comportamientos corruptos?

El Estado permite el acoso, la persecución y la tortura a los alertadores de corrupción. En España se criminaliza la denuncia y la alerta de actos de corrupción. En mi caso, un sindicato que se define como obrero y socialista me ha quitado casi la vida con su acoso y derribo. Yo lo he perdido casi todo y hago un enorme esfuerzo para resistir su infame acusación. El mismo fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, hace unas semanas crítico la falta de protección para alertadores de corrupción. Tengo claro que todas las organizaciones mafiosas siguen el mismo modus operandi: Silenciar a sus alertadores mediante despidos, expedientes disciplinarios, coacciones, amenazas, querellas, etc. Denunciar en España tiene como consecuencia directa la muerte civil de la persona.

Se ha aprobado en el Parlamento Europeo una Directiva de protección para los alertadores y los denunciantes de corrupción. ¿Por qué España no protege a quienes cumplen con su deber de denunciar o de alertar sobre la corrupción, tanto pública como privada?

En España, desde hace más de tres años, llevamos exigiendo una Ley Integral de Protección al Denunciante. Sin embrago, quedó empantanada en el Congreso de los Diputados por las enmiendas planteadas de todos los grupos políticos. Una ley fallida por la nula colaboración de los partidos. Es decepcionante ver cómo una ley, tan necesaria como justa, está siendo boicoteada por todos. Mientras no haya una ley que proteja a los denunciantes y alertadores, las organizaciones criminales podrán seguir cazando a las personas que se niegan a formar parte de este sistema decadente y corrupto. Con esto quiero decirte que a los corruptos les interesa que no se produzca ningún cambio. Así podrán seguir viviendo de la rapiña y depredación de fondos públicos.

Usted fue testigo en contra de UGT en la causa por las irregularidades en las subvenciones de los cursos de formación y la financiación irregular del sindicato. ¿Qué ha supuesto para usted haber dado ese paso de alertar y denunciar estos hechos?

Un auténtico calvario. La peor pesadilla que he tenido. Una experiencia traumática. ¡Podría decirte tantas cosas sobre lo que ha supuesto esta acción! Pero esta práctica que mencionas también se llevó acabo en otras comunidades autónomas, el mismo modus operandi por parte de la organización para desviar fondos públicos. Pero creo que en Andalucía ha sido todo más espectacular. El desvío se hizo con total y absoluto descaro, hasta llegó a utilizarse una aplicación informática para controlar los botes del sindicato, gestionar el pago de comisiones, etc.  Y, fíjate, en lugar de revolverse contra los líderes que montaron este sistema de pillaje, cargan contra el ex trabajador por considerar que he violado un pacto de confidencialidad. Es una canallada ver cómo a los corruptos se les exime de responsabilidades y a los justos se nos castiga con crueldad.  Atendiendo a tu pregunta, yo lo he perdido todo y he puesto en peligro el futuro de mis hijos. Y ellos no han perdido nada. Esto es una aberración de la vida.

Un peritaje estimó coste total de estas irregularidades de la UGT en más de 40 millones de euros, ¿cuánto le están pidiendo a usted?

Este peritaje que citas, está muy alejado a la realidad. Yo creo que podríamos hablar de 100 millones de euros, como mínimo.  Fíjate esta cantidad se obtiene de la revisión de un periodo de tiempo muy pequeño. Esta pericial se realiza sobre subvenciones concedidas al sindicato entre los años 2009 al 2012. Pero este es un fraude que se perfeccionó en el tiempo. En el año 2.006, ya estaba en marcha este sistema defraudatorio. En ese año, el control se llevaba con hojas de Excel, y en el 2011, se diseñó un programa de gestión para tener un mejor control. Pero las primeras alarmas saltaron el año 2.004, pero un juez cercano al PSOE, archivó la investigación. Aquí es donde se demuestra que la Justicia funciona para los «robagallinas» y con los corruptos la telaraña judicial se rompe siempre.

En mi caso, ellos piden 60.000 euros para cubrir unos presuntos daños morales. Esto me parece de una inmoralidad extrema, que un sindicato implicado en los ERE fraudulentos, en las tarjetas BLACK, en el desvío de fondos públicos en Asturias, Extremadura, Baleares, Canarias y la Rioja, me parece inmoral y obsceno.

¿Por qué usted se enfrenta a un juicio mientras que los presuntos responsables del fraude aún no se han sentado ante el juez?

Esta es la máxima aberración judicial. El ex líder histórico de UGT-A, investigado por su participación directa en esta trama de corrupción, no ha pisado nunca, ni pisará, un juzgado por una cuestión de salud, según su versión. El proceso penal, tras el apartamiento de Doña Mercedes Alaya de la instrucción judicial entró en una fase de profundo letargo. El perito judicial tardó por lo menos 3 años en aportar un informe. Incluso se quejó de las limitaciones que ha tenido para la investigación. Es triste ver cómo una organización se arrastra por el fango de la corrupción para cubrir las vergüenzas de sus ex líderes. El corporativismo es un factor de corrupción. Las organizaciones prefieren enrocarse antes de aceptar la regeneración y la transparencia. Fíjate, Pepe Álvarez ha dejado pasar una oportunidad histórica para depurar al sindicato de chupópteros y corruptos. En una asamblea en Sevilla, una dirigente en Andalucía, dijo que: «En la calle queda que son una organización de chupópteros y corruptos» pero les da igual, seguir defiendo ese sistema.

¿Qué consecuencias ha sufrido por alertar sobre este caso?

En el recuento de daños, es que yo he perdido todo. Perdí la tranquilidad y la esperanza en un tortuoso y dilatado proceso penal. He puesto en riesgo el futuro y el techo de mis hijos. Si me llegaran a condenar, cosa que es posible, dada la dependencia política de jueces y fiscales, habré perdido todo lo que tengo y seguramente tendría que entrar en prisión. Esto supondría, sin duda, la mayor desgracia para mi familia. Esto no hay por dónde cogerlo. A Manuel Chaves, ex presidente de la Junta de Andalucía, por malversar 680 millones de euros, lo condenan a una inhabilitación. Manuel Pastrana, ex secretario general de UGT, no tiene ninguna condena, y no la va tener nunca, pues la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el archivo… y, en mi caso, el fiscal Soto Patiño pide 3 años de prisión. Esto clama al cielo. Pero en la Grecia antigua, también condenaron a  Sócrates, uno de los hombres más buenos, justos y sabios. En resumen, este sistema te va conduciendo por caminos tan duros de caminar que, al final, te inducen a la muerte.

En su caso y en el de otros denunciantes de corrupción en España, ¿se están vulnerando sus derechos fundamentales?

Después de la entrada en vigor de la Directiva Europea tengo más claro que nunca que hay una vulneración de los derechos fundamentales. La directiva europea viene a dar una vuelta radical a nuestra situación. Estábamos caminando entre las sombras, sobreviviendo, casi en la mendicidad y con la aprobación de la Directiva, hemos vuelto a recuperar la confianza en Europa y en que nuestros derechos como ciudadanos europeos sean respetados. Nos han maltratado, nos han castigado, nos han torturado, nos han tratado como los peores delincuentes…Es evidente que nos han vulnerado nuestros derechos.

¿Es sintomático que sea España el país que está frenando la publicación de la Directiva de protección a los denunciantes de corrupción?

Es una muestra más que no hay ninguna voluntad real de combatir la corrupción, ni proteger a los alertadores. Es una prueba palmaria de que el Estado está podrido y que hay una fuerte resistencia a que se publique la Directiva. Este sistema, no tiene ningún interés en que se fomente la cultura de la denuncia, transparencia, rendición de cuentas, etc. Les favorece mantener la opacidad y el clima de terror para que nadie se atreva denunciar. Yo siempre he creído que UGT se enseña conmigo para lanzar un aviso a navegantes. Para no levantar las alfombras de la organización.

Finalmente, ¿qué papel están jugando las asociaciones de la sociedad civil contra la corrupción como, por ejemplo, la que le está llevando su defensa?

Pues Amayt, es una modesta organización que lucha de forma decidida y valiente contra la corrupción. Incluso tiene el coraje y la fuerza para perseguir la corrupción judicial. A pesar de sus recursos limitados y escasos, hacen un trabajo titánico en Andalucía. Dan asesoramiento gratuito a nuestros compañeros, nos representan en los juzgados, nos defienden de estas infames campañas de acoso y derribo. A falta de una «oficina anticorrupción en Andalucía» tenemos AMAyT. Es fundamental la participación de la sociedad civil para lograr una autentica transformación. Es necesario que los ciudadanos se impliquen en nuestra lucha y sientan suyas nuestras reivindicaciones. Nosotros luchamos por vivir en un país más transparente, justo, y democrático.